La Ciudad de México está tomando medidas contundentes para abordar la gentrificación, un fenómeno que ha transformado barrios emblemáticos y desplazado a residentes locales. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el martes 22 de julio de 2025 una consulta ciudadana para desarrollar una estrategia integral, conocida como “Bando Número 1”. Este plan busca regular plataformas como Airbnb, combatir la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a viviendas asequibles. Con foros programados en colonias afectadas y una nueva ley en camino, la capital mexicana enfrenta el desafío de preservar su identidad frente al auge del turismo y la presión inmobiliaria.
Regular Airbnb para frenar la gentrificación
El crecimiento exponencial de Airbnb ha contribuido al encarecimiento de las rentas en barrios como Roma, Condesa y Juárez, donde los precios han subido hasta un 286% desde 2005, según organizaciones comunitarias. Con más de 26,000 listados activos en la ciudad, la plataforma ha generado beneficios económicos, aportando mil millones de dólares en 2024, pero también ha exacerbado la crisis de vivienda. Para contrarrestar esto, Brugada propone limitar las rentas de corto plazo a 180 días al año y exigir que los anfitriones se registren en un padrón oficial, pagando impuestos locales. Estas medidas, implementadas desde octubre de 2024, buscan reducir el impacto de los alquileres turísticos en la disponibilidad de vivienda.
Además, el viernes 25 de julio se anunciarán iniciativas para simplificar los trámites de acceso a vivienda, incluyendo incentivos para desarrolladores que prioricen proyectos asequibles. Estas acciones forman parte de un enfoque que pone el derecho a permanecer en los barrios por encima de los intereses especulativos, según destacó Brugada en su discurso.
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Nueva ley para combatir la gentrificación
En agosto, el Gobierno de la Ciudad enviará al Congreso local la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, una propuesta que establecerá un índice de precios para controlar los aumentos excesivos de alquileres. Esta ley también incluirá regulaciones más estrictas para plataformas como Airbnb y la creación de una defensoría inquilinaria para proteger a los arrendatarios. La iniciativa responde a las protestas de residentes que, en julio de 2025, denunciaron el impacto de los nómadas digitales, quienes, al ganar en monedas extranjeras, han elevado los costos de vivienda en zonas céntricas. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 60% de los capitalinos enfrentan condiciones de hacinamiento, lo que subraya la urgencia de estas medidas.
Por su parte, colectivos como la Red de Desalojadas CDMX han aplaudido la propuesta, aunque advierten que su éxito dependerá de una implementación efectiva. La ley también busca rescatar el pequeño comercio, afectado por la llegada de cadenas internacionales en barrios gentrificados, mediante programas de apoyo económico para negocios locales.
Lucha contra el “Cártel Inmobiliario” y la gentrificación
En paralelo, la fiscal general Bertha Alcalde anunció avances en la investigación del “Cártel Inmobiliario”, un esquema de corrupción que ha impulsado la gentrificación al encarecer el suelo urbano. Con 22 carpetas de investigación abiertas y cuatro sentencias condenatorias, las autoridades han identificado 55 líneas de investigación que abarcan casos desde 2015. Alcalde señaló que estas prácticas, que involucran a funcionarios públicos y desarrolladores privados, no son hechos aislados, sino parte de un sistema que ha desplazado a miles de residentes. Brugada llamó a fortalecer la legislación contra la corrupción inmobiliaria, instando a una colaboración entre legisladores federales y locales.
Pese a todo, la consulta ciudadana, que comenzará el 28 de julio en colonias como Escandón y San Miguel Chapultepec, será clave para definir el Plan Maestro que se presentará en septiembre. Según el secretario de Planeación, Alejandro Encinas, los foros abordarán temas como la identidad comunitaria y la producción de suelo asequible. Esta iniciativa busca construir una ciudad que priorice a sus habitantes, frente a un mercado inmobiliario que, según expertos, enfrenta un déficit de 800,000 viviendas. Las medidas propuestas marcan un paso hacia el equilibrio entre el desarrollo urbano y la justicia social.