El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes como un “crimen” la separación de una niña de dos años de su madre migrante por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés). El caso ha generado una fuerte reacción del Gobierno venezolano, que calificó el hecho como un “secuestro” y exigió la restitución inmediata de la menor.
La niña separada por el DHS, identificada como Maikelys Antonella Espinoza Bernal, fue apartada de su madre, Yorely Bernal Inciarte, durante un proceso de deportación en territorio estadounidense. Las autoridades alegaron razones de seguridad para justificar la medida, señalando que ambos padres pertenecen al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, lo cual ha sido tajantemente rechazado por el Gobierno de Caracas.
Venezuela denuncia secuestro de niña separada por el DHS
En un comunicado oficial emitido por la Cancillería venezolana, el Gobierno de Maduro acusó a Estados Unidos de incurrir “nuevamente en el gravísimo expediente de separar familias” y “sustraer a un menor de edad de su entorno afectivo y especialmente de su madre biológica”. Según el texto, la medida constituye una violación a los principios del derecho internacional, especialmente en lo que respecta a la protección de los derechos del niño.
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“El secuestro por parte de autoridades estadounidenses de la niña venezolana Maikelys Antonella Espinoza Bernal, de dos años de edad, es un acto inadmisible”, denunció el comunicado oficial. Caracas sostiene que la separación fue motivada por la nacionalidad de la madre y por acusaciones sin pruebas.
Durante su programa semanal de televisión, Maduro declaró: “Esto es un crimen por donde se vea, arrebatarle a una niña de dos años a una madre migrante solo porque es migrante y es venezolana”.
Fotografía de archivo del exterior del Departamento de Seguridad Nacional en Washington (EE.UU.). EFE/EPA/ Graeme Sloan
DHS justifica acción contra familia de niña separada por el DHS
En contraste con la versión venezolana, el Departamento de Seguridad Nacional explicó que la separación de la menor fue una medida de protección. En su portal web, el DHS aseguró que la niña fue puesta “bajo el cuidado y la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados” y que actualmente se encuentra con una familia de acogida. El organismo estadounidense justificó la acción alegando vínculos de los padres con una organización criminal de alta peligrosidad.
La madre, Yorely Bernal, fue acusada de supervisar el reclutamiento de mujeres jóvenes para actividades de narcotráfico y prostitución, mientras que el padre, Maiker Espinoza Escalona, fue señalado como un presunto “teniente” del Tren de Aragua, acusado de coordinar homicidios, secuestros, tráfico sexual y el funcionamiento de una “casa de tortura”.
Según las autoridades venezolanas, Espinoza fue deportado y trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, una prisión de máxima seguridad en la que se encuentran recluidos más de 250 migrantes venezolanos también señalados por presuntos vínculos con el Tren de Aragua.
Fotografía cedida por Prensa del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, donde se observa a personas bajarse de un avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira (Venezuela). EFE/ Prensa del Ministerio para Interior, Justicia y Paz
Exigen devolución de niña separada por el DHS
Venezuela exigió este lunes la “devolución inmediata” de la niña separada por el DHS y anunció que recurrirá a todos los mecanismos disponibles —legales, políticos, diplomáticos y multilaterales— para lograr la reunificación familiar. Las autoridades afirman que el caso forma parte de una política migratoria agresiva impulsada por el Gobierno de Donald Trump desde su retorno al poder.
“Acusar sin pruebas de que una madre forma parte de una banda criminal y usar esa acusación como excusa para quitarle a su hija es un crimen ante cualquier ley internacional”, afirmó Maduro. A su juicio, el caso se suma a un patrón de criminalización contra migrantes venezolanos, especialmente en el contexto de las deportaciones masivas recientes.
Esta situación ha reavivado el debate sobre el trato que reciben los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos y sobre la legalidad de separar a menores de sus familias durante procedimientos migratorios. Organismos de derechos humanos han reiterado en diversas ocasiones que la separación de niños migrantes es una práctica que vulnera tratados internacionales suscritos por Estados Unidos, incluidos la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
