El gobierno de Venezuela intensifica esfuerzos para repatriar a 31 niños migrantes separados de sus familias en EE.UU. y a 252 venezolanos detenidos en una prisión de máxima seguridad en El Salvador, enviados por la administración de Donald Trump en marzo de 2025. Jorge Rodríguez, jefe negociador y presidente de la Asamblea Nacional, afirmó el 11 de julio que Caracas plantea diariamente soluciones a Washington, generando 3.2 millones de vistas en redes sociales. Las propuestas, centradas en la reunificación familiar, enfrentan resistencia ante la falta de respuesta de EE.UU., según el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano. La crisis, agravada por acusaciones de violaciones de derechos humanos, pone en el centro el programa Gran Misión Vuelta a la Patria, que ha repatriado a 7,000 venezolanos.
Negociaciones diarias con EE.UU.
Rodríguez, en una rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión, reveló que Venezuela envía a diario la lista de 31 niños a funcionarios estadounidenses, exigiendo su retorno inmediato. “Hablamos todos los días con los gringos”, afirmó, mostrando un chat con supuestas conversaciones, sin detallar interlocutores. Según el gobierno, los menores, separados de sus padres tras deportaciones, están en hogares de acogida en Texas y Florida, donde el 70% no cumple estándares psicosociales, según un informe de la Iglesia católica venezolana. Rodríguez sugirió que el número de niños podría superar los 500, basándose en datos no oficiales de organizaciones religiosas, aunque Amnistía Internacional estima 300 casos.
Venezuela: Críticas a los hogares de acogida
El gobierno venezolano califica los centros de acogida en EE.UU. como “inseguros”, alegando que no garantizan el bienestar de los niños. Rodríguez denunció que estos hogares, gestionados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, carecen de supervisión adecuada, con un 40% de casos reportando negligencia, según un informe de la ONU. La separación de familias, intensificada tras la revocación del Estatus de Protección Temporal para 350,000 venezolanos en febrero, ha generado protestas en Caracas, con 5,000 asistentes el 10 de julio, según el Ministerio del Interior. Venezuela exige revisiones individuales de cada caso, un proceso que EE.UU. no ha implementado, según la ACLU.
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Deportaciones a El Salvador
Los 252 venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, tras ser deportados por EE.UU. bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, son un punto crítico. Trump acusó a los migrantes de pertenecer al Tren de Aragua, aunque el 75% no tiene antecedentes penales, según CBS News. Rodríguez calificó las detenciones de “secuestro” y acusó al presidente salvadoreño Nayib Bukele de violar derechos humanos. Abogados venezolanos presentaron un hábeas corpus ante la Corte Suprema de El Salvador el 24 de marzo, sin respuesta. Bukele propuso intercambiarlos por prisioneros políticos venezolanos, oferta rechazada por Caracas, según Reuters.
Programa de repatriación
El programa Gran Misión Vuelta a la Patria ha facilitado el retorno de 7,000 venezolanos desde 2018, con 201 arriving el 11 de julio desde Texas, según el Ministerio del Interior. Este plan, que cubre costos de transporte y apoyo inicial, enfrenta un aumento del 60% en solicitudes tras las deportaciones masivas de 2025, según el gobierno. La oposición venezolana critica su uso político, pero el 65% de los repatriados aprueba el programa, según una encuesta de Datanálisis. Los vuelos, financiados parcialmente por la ONU, priorizan a familias separadas, aunque solo el 10% de los casos de niños ha avanzado, según el Alto Comisionado para Refugiados.
Protestas y presión internacional
El 10 de julio, miles de venezolanos marcharon en Caracas, desde la sede de la ONU hasta Plaza Venezuela, exigiendo la liberación de los detenidos en CECOT y el retorno de los niños. La manifestación, respaldada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, incluyó a familiares como Enyi Zambrano, abuela de una menor en custodia estadounidense. Rodríguez acusó a Bukele de operar “campos de concentración” y pidió intervención de la ONU, que reportó 200 casos de detenciones arbitrarias en El Salvador en 2025. La Casa Blanca, con 12% de aprobación en política migratoria según Pew Research, no ha respondido a las demandas venezolanas, según Rodríguez.