El Gobierno de Perú desató una fuerte controversia al aprobar el aumento del sueldo de la presidenta Dina Boluarte en más del doble, pasando de 16.000 a 35.568 soles mensuales.
En medio de una crisis de popularidad, protestas sociales constantes y denuncias por abuso de poder, el Gobierno peruano aprobó esta semana un aumento salarial del 122 % para la presidenta Dina Boluarte, lo que ha generado indignación en diversos sectores de la sociedad. La medida eleva su remuneración mensual de 16.000 a 35.568 soles (equivalentes a aproximadamente 9.990 dólares al tipo de cambio actual).
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, quien justificó el aumento con base en una resolución de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y en disposiciones legales vigentes. Según Pérez Reyes, el reajuste busca “corregir la brecha” entre lo que gana el jefe de Estado peruano y los presidentes de otras naciones de América Latina.
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Aumento del sueldo de Boluarte genera indignación ciudadana
El aumento del sueldo de Boluarte no solo ha sido cuestionado por la ciudadanía, sino también por varios analistas, quienes señalan la desconexión del Gobierno con la realidad económica del país. El nuevo monto representa casi 35 veces el salario mínimo mensual peruano, fijado actualmente en 1.025 soles.
Pérez Reyes explicó que se realizó un estudio comparativo con los ingresos de mandatarios de 12 países latinoamericanos, ajustado por paridad de poder adquisitivo. El resultado colocó a Perú como el segundo país con menor salario presidencial, superando solo a Bolivia.
“Hace más de 20 años que este sueldo no se actualiza”, remarcó el ministro, recordando que fue durante el segundo gobierno de Alan García cuando se impuso un congelamiento de remuneraciones para altos funcionarios públicos. Sin embargo, los críticos apuntan que no es momento para estos reajustes, en especial cuando gran parte de la población enfrenta dificultades económicas.
Defienden el aumento del sueldo de Boluarte desde el Ejecutivo
Desde el Ejecutivo, la defensa del aumento del sueldo de Boluarte fue liderada por el primer ministro Eduardo Arana, quien señaló que “con la institución presidencial no se debe hacer ni escarnio ni demagogia”. Según Arana, el cargo de presidente requiere una remuneración acorde con sus responsabilidades, y actualmente existen funcionarios públicos, incluidos jueces supremos, que ganan mucho más que el mandatario.
Fotografía cedida por el Congreso de Perú del primer ministro de Perú, Eduardo Arana, hablando en una sesión del Congreso este jueves, en Lima (Perú). EFE/ Congreso de Perú
“Un juez supremo gana más de 60.000 soles mensuales”, indicó Arana. “¿Cómo se explica que la presidenta gane apenas una fracción de eso? Se trata de jerarquía institucional”. También señaló que este ajuste no implica aumentos para el resto de ministros, aunque no descartó que el tema pueda revisarse más adelante.
A pesar de los argumentos técnicos, varios congresistas ya han anunciado que buscarán revertir o revisar la medida, señalando que se trata de una decisión “políticamente insensible” en un contexto de baja aprobación de la presidenta y tensiones sociales.
Impacto político del aumento del sueldo de Boluarte
La noticia del aumento del sueldo de Boluarte llega en un momento crítico para su administración. Dina Boluarte enfrenta investigaciones fiscales por presunto enriquecimiento ilícito, falta de transparencia en el uso de relojes de lujo y abuso de poder. Además, su nivel de aprobación se mantiene por debajo del 10 %, según las encuestas más recientes.
Analistas políticos consideran que este incremento salarial podría alimentar aún más el descontento social, sobre todo en regiones del sur del país donde persisten movilizaciones desde la crisis política iniciada en diciembre de 2022. “Este tipo de decisiones solo echan más leña al fuego”, señaló el politólogo Fernando Tuesta.
El contraste entre el nuevo salario presidencial y los ingresos de la mayoría de peruanos es abismal. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 70 % de los trabajadores en Perú tienen empleos informales y sus ingresos mensuales no superan los 1.500 soles.
A esto se suma que el presupuesto nacional enfrenta limitaciones graves en sectores clave como salud, educación e infraestructura. Por ello, resulta polémico destinar más recursos al salario presidencial mientras otras áreas esenciales permanecen desfinanciadas.