Un grupo de 252 venezolanos, deportados desde Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, regresó a Venezuela tras un canje de prisioneros el viernes 18 de julio de 2025. Entre ellos, Mervin Yamarte, quien al llegar a Maracaibo exigió justicia por las torturas que asegura haber sufrido. Sus declaraciones, pronunciadas el martes 22 de julio, señalan directamente al presidente salvadoreño Nayib Bukele y al presidente estadounidense Donald Trump como responsables de los abusos. Este caso ha desatado un escándalo internacional, con investigaciones en curso y acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
Venezolano pide justicia tras meses de maltrato
Mervin Yamarte, uno de los liberados, describió su experiencia en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador como un “infierno”. Según su testimonio, los presos enfrentaron condiciones inhumanas: comían con las manos, carecían de artículos de higiene como jabón y sufrían golpizas nocturnas. “Nos arrodillaban, nos daban patadas en las piernas. Tengo marcas de esposas en manos y pies porque nos encadenaban”, relató. Yamarte, junto con otros exdetenidos como Edward Hernández y Andy Perozo, denunció agresiones físicas, incluyendo disparos con perdigones y golpes por parte del personal médico. “Pido justicia para quienes nos hicieron esto, tanto Bukele como Trump”, afirmó, acusando también a la opositora venezolana María Corina Machado de respaldar estas políticas.
Por su parte, los migrantes aseguran que fueron deportados injustamente. En marzo de 2025, la administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a 238 venezolanos, acusándolos de pertenecer a la banda Tren de Aragua, designada como organización terrorista. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro sostiene que esta banda fue desarticulada, y los liberados insisten en su inocencia, afirmando que solo buscaban un mejor futuro en EE.UU.
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Acusaciones de tortura y un venezolano que pide justicia
Las denuncias de tortura han llevado al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, a iniciar una investigación contra Bukele, el ministro de Justicia salvadoreño Héctor Gustavo Villatoro y el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza. Los cargos incluyen tortura, tratos crueles, desaparición forzada y privación ilegítima de libertad. Saab, respaldado por la Convención contra la Tortura, presentó videos de los exdetenidos que relatan abusos físicos y psicológicos, como agresiones sexuales y alimentación deficiente. Uno de los liberados reportó haber perdido un riñón debido a las golpizas, según declaraciones del presidente Maduro.
Además, el caso ha generado críticas por la falta de debido proceso. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que muchos de los deportados, detenidos por infracciones migratorias menores, no tuvieron oportunidad de defenderse ante tribunales. El caso de Kilmar Ábrego, un salvadoreño deportado por error y readmitido en EE.UU. tras una orden judicial, ha puesto en evidencia las fallas en el proceso de deportación impulsado por Trump.
Canje de prisioneros y un venezolano que pide justicia
El regreso de los 252 venezolanos fue parte de un canje negociado con la mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. A cambio, Venezuela liberó a diez ciudadanos estadounidenses y un grupo de presos políticos, incluidos el exdiputado Williams Dávila y la activista Rocío San Miguel. El acuerdo, confirmado por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y Bukele, marcó el fin de la detención de estadounidenses en Venezuela. Sin embargo, las denuncias de maltrato en el Cecot, una prisión diseñada para pandilleros con capacidad para 40,000 reclusos, han intensificado las críticas hacia las políticas migratorias de Trump y Bukele.
Pese a todo, los liberados planean presentar denuncias formales, respaldados por el fiscal venezolano, quien exige una investigación internacional. La tensión entre los gobiernos de Venezuela, EE.UU. y El Salvador persiste, mientras los testimonios de los migrantes destacan la urgencia de revisar los acuerdos migratorios y las condiciones en cárceles como el Cecot, descrita por activistas como un centro de violaciones sistemáticas de derechos humanos.