La presidenta Dina Boluarte enfrenta una nueva investigación preliminar por parte de la Fiscalía de Perú, esta vez por presunto financiamiento ilegal durante la campaña presidencial de 2021, cuando fue elegida como vicepresidenta en la fórmula encabezada por Pedro Castillo. La denuncia fue revelada por el programa dominical Panorama, de Panamericana Televisión, y detalla que un testigo clave aseguró que Boluarte solicitó 150.000 soles (equivalentes a unos 42.000 dólares) al empresario Eduvigis Beltrán, propietario de la empresa de alimentos Beltrán, para cubrir gastos de campaña.
Según el documento presentado por el Ministerio Público, la supuesta reunión entre Boluarte y Beltrán se habría producido el 19 de mayo de 2021, a pocos días de la segunda vuelta presidencial. En dicho encuentro también habrían participado algunos colaboradores cercanos a la entonces candidata, entre ellos Marcela Saldarriaga, quien falleció y fue considerada testigo clave en otra investigación de presunto lavado de activos.
Eduvigis Beltrán niega la reunión con Boluarte y rechaza los señalamientos
Pese a lo indicado por el testigo protegido, el empresario Eduvigis Beltrán ha negado categóricamente haber participado en esa reunión o haber recibido solicitud alguna de dinero por parte de Dina Boluarte. En declaraciones anteriores brindadas en 2023, Beltrán afirmó que el pedido de 150.000 soles era “imposible” y aseguró que no existió encuentro alguno entre él y la entonces candidata de Perú Libre.
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Cabe recordar que Perú Libre, el partido que llevó a Castillo y Boluarte a la presidencia y vicepresidencia respectivamente, ha estado en el centro de varias controversias por presuntas irregularidades en su financiamiento y en los vínculos de algunos de sus líderes con delitos de corrupción y lavado de dinero.
Fotografía de archivo de 2021 del día del triunfo del expresidente Pedro Castillo (d), junto a su entonces fórmula a la Vicepresidencia, Dina Boluarte. EFE/ Paolo Aguilar
La Fiscalía de Perú acumula varias investigaciones contra Dina Boluarte
Este nuevo proceso se suma a las múltiples investigaciones fiscales que ya enfrenta la presidenta Dina Boluarte desde su llegada al poder tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Entre los casos más relevantes destaca la acusación por presunto enriquecimiento ilícito, tras descubrirse que la mandataria poseía varios relojes de lujo Rolex sin que existiera una justificación clara sobre su adquisición.
Además, la Fiscalía ha iniciado procesos relacionados con las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, que dejaron un saldo de al menos 49 personas fallecidas. Boluarte también ha sido cuestionada por someterse a cirugías estéticas sin informar oficialmente sobre su ausencia ni sobre su estado médico, lo que podría configurar abandono del cargo.
Otra línea de investigación apunta a un presunto encubrimiento del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia tras ser condenado por corrupción. Cerrón fue clave en la llegada de Boluarte y Castillo al poder, y sus vínculos con la mandataria siguen siendo materia de investigación.
El Congreso de Perú archiva una de las denuncias clave contra Boluarte
Pese a las múltiples investigaciones fiscales abiertas, no todas las acusaciones han avanzado en el ámbito político. El pasado viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó una denuncia presentada por la Fiscalía contra Boluarte y algunos de sus exministros, vinculada a las muertes durante las protestas sociales en el sur del país.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, en una imagen de archivo. EFE/ Stringer
El archivo de esta denuncia no significa el cierre de todos los procesos en su contra, ya que la Fiscalía sigue evaluando diversas pruebas, testimonios y documentos que podrían derivar en nuevas acusaciones o en la reactivación de investigaciones archivadas si se encuentran nuevos elementos.
Este nuevo caso de financiamiento ilegal podría representar una amenaza mayor para la mandataria, especialmente si se logra confirmar la entrega de dinero o el encuentro con empresarios que habrían aportado fondos a la campaña electoral de 2021 fuera de los canales legales.
Investigación por financiamiento ilegal a Boluarte reaviva la crisis política en Perú
La situación legal de Dina Boluarte sigue siendo un factor de inestabilidad para el gobierno peruano. Diversos sectores sociales y políticos han expresado preocupación ante el creciente número de investigaciones abiertas contra la jefa de Estado, lo cual debilita aún más su ya frágil legitimidad tras haber asumido el poder sin elecciones.
Organizaciones civiles y grupos opositores han pedido que la Fiscalía actúe con celeridad y transparencia en este nuevo proceso, dado que el financiamiento de campañas políticas ha sido un tema sensible en Perú, con casos emblemáticos como los de Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, todos investigados por recibir dinero irregular durante sus candidaturas.
Mientras tanto, el Ejecutivo guarda silencio y no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre esta nueva indagación. Boluarte tampoco ha dado declaraciones al respecto, como sí lo hizo cuando se conoció el caso de los relojes Rolex, el cual calificó en su momento como “una campaña de desprestigio”.
Esta investigación por presunto financiamiento ilegal pone a prueba nuevamente a la justicia peruana, y también a la presidenta, cuya imagen se ha deteriorado significativamente desde que asumió el poder en medio de la convulsión política provocada por la caída de Castillo.