El expresidente boliviano Evo Morales sigue enfrentando complicaciones legales tras la emisión de una orden de captura por presunta trata agravada de personas. Este viernes, un juez de La Paz decidió mantener activa la orden de captura contra Morales, a pesar de que el miércoles una jueza de Santa Cruz había anulado esa disposición. La decisión ha generado controversia en el país, especialmente por las implicaciones políticas y judiciales del caso.
¿Por qué sigue activa la orden de captura contra Evo Morales?
El 2 de mayo de 2025, el juez Franz Zabaleta, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió que la orden de captura contra Evo Morales debía mantenerse activa. Según un documento difundido por medios locales, la medida cautelar impuesta establece que la orden de captura no puede ser ejecutada hasta que se resuelva la «queja» presentada por los abogados del exmandatario. Esta decisión ha generado una serie de especulaciones sobre el futuro del proceso judicial y las razones detrás de la persistencia de la orden de captura.
El caso en cuestión tiene sus orígenes en una acusación formal contra Morales, quien presuntamente habría tenido un hijo con una menor de edad durante su mandato presidencial. La Fiscalía de Tarija, en octubre de 2024, dictó la orden de captura contra el exlíder del Movimiento al Socialismo (MAS), señalando que el caso debía ser procesado en esa región. Sin embargo, la defensa de Morales ha insistido en que el proceso debe trasladarse a Cochabamba, ciudad donde el exmandatario goza de un sólido apoyo político y sindical.
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Fotografía de archivo del expresidente boliviano Evo Morales. EFE/Jorge Ábrego
La postura de la defensa de Evo Morales
Nelson Cox, abogado de Evo Morales, ha señalado que la decisión de la jueza de Santa Cruz, Lilian Moreno, otorgaba lo que él calificó como la «libertad irrestricta» al exmandatario. Según Cox, la orden de captura había sido emitida sin fundamento, ya que el proceso judicial había sido cerrado en 2020 y reabierto recientemente con un nuevo tipo penal. A su juicio, el caso no debería ser procesado en Tarija, sino en Cochabamba, donde se presentaría una defensa más fuerte de la inocencia de Morales.
El abogado también comentó que la resolución emitida por el juez de La Paz es un acto de «presión política» y que la resolución judicial que suspende la decisión de la jueza cruceña no tiene valor legal. Esta postura se mantiene en línea con los argumentos esgrimidos por Morales y su equipo legal, quienes consideran que las decisiones judiciales en su contra responden a intereses políticos más que a la imparcialidad del sistema judicial.
Restricciones judiciales y acusaciones de corrupción
El caso judicial contra Evo Morales ha adquirido un tinte más complejo con las acusaciones de corrupción que han rodeado al sistema judicial boliviano. Morales, en varias declaraciones públicas, ha denunciado la falta de independencia de la justicia en Bolivia. El expresidente ha señalado que el juez Franz Zabaleta, quien tomó la decisión de mantener la orden de captura en su contra, tiene un historial de «nefastos antecedentes». Morales ha vinculado a Zabaleta con el gobierno de Luis Arce y lo ha acusado de corrupción, mencionando que fue encarcelado en 2017 por un presunto consorcio corrupto de jueces, fiscales y policías.
Estas acusaciones han sido rechazadas por el gobierno de Arce, que ha defendido la independencia del poder judicial. No obstante, las tensiones entre Morales y el actual presidente boliviano son evidentes, lo que ha alimentado aún más las teorías de que la persecución judicial contra el expresidente está motivada por disputas internas dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido político que ambos lideraron en diferentes momentos.
Fotografía de archivo del expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019). EFE/Jorge Abrego
La crisis política y judicial en Bolivia
El caso de Evo Morales es solo una pieza dentro de un complejo rompecabezas político y judicial que ha agitado a Bolivia en los últimos años. Morales, quien fue presidente del país durante tres mandatos (2006-2019), sigue siendo una figura polarizante. Por un lado, su base de apoyo sigue siendo fuerte en ciertas regiones, especialmente en el Trópico de Cochabamba, donde Morales ha mantenido un control considerable. Por otro lado, su distanciamiento con el presidente Luis Arce ha creado tensiones dentro del MAS, que se han traducido en disputas políticas sobre el futuro del partido y la presidencia.
A pesar de las dificultades judiciales y las restricciones impuestas sobre su libertad de movimiento, Morales ha expresado su intención de postularse nuevamente a la presidencia en las elecciones de 2025. Esto ha desatado una nueva ola de controversias, ya que la Constitución boliviana prohíbe la reelección continua o discontinua de un presidente por más de una vez. Sin embargo, Morales y sus seguidores han anunciado que marcharán hacia La Paz el 16 de mayo para inscribir su candidatura presidencial, aunque aún no han revelado el nombre del partido con el que se presentará.
