Una jueza de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, ha decidido este miércoles anular la imputación y la orden de arresto contra el expresidente Evo Morales por el presunto delito de trata de personas. Esta decisión se produce en un contexto político crucial, ya que a pocos meses de las elecciones presidenciales en Bolivia, Morales tiene planes de presentarse como candidato, lo que ha reavivado el debate sobre su situación judicial y política.
Anulación de la imputación y orden de arresto: un giro jurídico importante
La decisión de la jueza Lilian Moreno ha marcado un giro en el proceso judicial que enfrentaba Evo Morales. Según su abogado, Jorge Pérez, la anulación de la imputación ha permitido que Morales recupere sus derechos constitucionales. «Puede salir y circular libremente por todo el territorio nacional y trasladarse a cualquier lugar del planeta que él desee, puesto que se acaban de restituir sus derechos constitucionales. Se hizo justicia», declaró Pérez, citando el diario El Deber.
Este fallo tiene un fuerte impacto político, ya que Morales, quien había sido imputado formalmente en diciembre de 2024 por la Fiscalía de la ciudad de Tarija, se encontraba bajo una orden de arresto tras negarse a declarar en el marco del caso. El expresidente, quien ha enfrentado acusaciones de abuso y violaciones a los derechos humanos, ha mantenido su postura de que se trata de un proceso político para frenar su regreso a la política boliviana.
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El expresidente de Bolivia Evo Morales asiste a un acto de promoción de su campaña a la Presidencia, el 19 de abril de 2025. EFE/ Jorge Abrego
La acusación de trata de personas: el caso de 2015
La acusación que pesa sobre Morales se refiere a un presunto delito de trata agravada de personas, vinculado a hechos que habrían ocurrido en 2015, cuando él aún era presidente de Bolivia. Según la denuncia, Morales mantuvo una relación con una menor de 15 años, lo que derivó en el nacimiento de una niña. Este caso ha generado un intenso debate en el país, que ha estado marcado por divisiones políticas y sociales. Morales, por su parte, ha rechazado las acusaciones, calificándolas de infundadas y parte de una campaña para desacreditar su figura.
La jurisdicción de Cochabamba: un refugio político para Morales
A pesar de la anulación de la imputación y la orden de arresto, la jueza Moreno ha decidido que el proceso contra Evo Morales continúe en la jurisdicción de Cochabamba. Esta región es vista como un bastión político y social de Morales, quien cuenta con un apoyo incondicional por parte de diversas organizaciones sindicales y campesinas. Este respaldo podría jugar un papel clave en su defensa y en la forma en que se desarrolle el proceso judicial en esa jurisdicción.
Simpatizantes del expresidente de Bolivia Evo Morales, en una fotografía de archivo. EFE/ Luis Gandarillas
La inhabilitación de Morales: el obstáculo para las elecciones presidenciales
El panorama político para Morales no está exento de dificultades. A pesar de la reciente anulación de la imputación, el expresidente boliviano enfrenta un serio obstáculo para su participación en las elecciones presidenciales de 2025. El Tribunal Constitucional de Bolivia ha emitido una sentencia en la que inhabilita a Morales para postularse a la presidencia. Según la normativa del país, la Presidencia solo puede ser ejercida durante dos mandatos consecutivos o no, lo que excluye a Morales, quien ya ocupó el cargo en dos ocasiones.
Este fallo ha sido objeto de controversia, ya que Morales ha sido un actor clave en la política boliviana durante más de una década. A pesar de la inhabilitación, sigue siendo una figura influyente y cuenta con un sólido respaldo en varios sectores sociales y políticos. Su postura sobre el proceso judicial y su participación en las elecciones son temas que seguirán marcando la agenda política en Bolivia en los próximos meses.
