Juez ordena traer de vuelta a otro salvadoreño deportado
Un tribunal federal de apelaciones en Nueva York ordenó el martes 24 de junio de 2025 al gobierno del presidente Donald Trump facilitar el regreso de Jordin Alexander Melgar-Salmerón, un salvadoreño deportado por error a El Salvador. Este caso marca la cuarta vez este año que un juez exige la repatriación de un migrante expulsado injustamente, destacando fallos administrativos en las políticas migratorias.
Deportación errónea de Melgar-Salmerón
El 8 de mayo de 2025, Jordin Alexander Melgar-Salmerón, de 31 años, fue deportado a El Salvador apenas 30 minutos después de que el Tribunal Federal de Apelaciones del Segundo Circuito suspendiera su orden de expulsión. El gobierno atribuyó el error a una “confluencia de errores administrativos”, según el fallo de un panel de tres jueces. El tribunal ordenó identificar la ubicación actual de Melgar-Salmerón, su estado de custodia y los pasos para su regreso en un plazo de una semana, exigiendo que se facilite su repatriación “lo antes posible”.
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La deportación violó los derechos de Melgar-Salmerón, quien residía en Nueva York y tenía un caso de inmigración pendiente. Su caso ha reavivado las críticas contra las deportaciones rápidas impulsadas por la administración Trump, que han generado múltiples demandas por violaciones al debido proceso.
Casos similares de deportaciones injustas
El caso de Melgar-Salmerón no es aislado. En marzo, Kilmar Ábrego García, otro salvadoreño, fue deportado por error a la megacárcel Cecot en El Salvador, pese a contar con una protección judicial desde 2019. Tras una batalla legal, Ábrego García regresó a EE.UU. este mes para enfrentar cargos en Tennessee. Su caso, ampliamente publicitado, expuso fallos en los procedimientos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En abril, la jueza Stephanie Gallagher en Maryland ordenó el regreso de un venezolano de 20 años, identificado como Cristian, deportado a El Salvador en marzo, violando un acuerdo de 2019 que protegía su solicitud de asilo. Cristian fue acusado sin pruebas de pertenecer a la banda Tren de Aragua, un argumento recurrente en las deportaciones masivas.
En mayo, el juez Brian Murphy en Massachusetts dictaminó que la deportación de un guatemalteco homosexual a México, donde enfrentaba riesgos por su orientación sexual, careció de debido proceso. El gobierno cumplió la orden de repatriación, marcando un precedente para casos similares.
Contexto de las deportaciones masivas
La administración Trump ha intensificado las deportaciones desde enero de 2025, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a migrantes acusados de vínculos con pandillas como MS-13 o Tren de Aragua. Estas operaciones, que incluyen traslados a la prisión Cecot en El Salvador, han sido criticadas por defensores de derechos humanos debido a las condiciones inhumanas en esa cárcel y la falta de pruebas contra los deportados.
El caso de Melgar-Salmerón se suma a un creciente número de demandas contra ICE por deportaciones sin audiencias judiciales. Organizaciones como la ACLU han logrado frenar algunas expulsiones, argumentando que violan tratados internacionales, como la Convención contra la Tortura.
Reacciones y protestas
La comunidad salvadoreña en EE.UU., especialmente en Maryland y Nueva York, ha expresado temor ante las deportaciones arbitrarias. Manifestaciones frente a tribunales federales han exigido el regreso de migrantes como Melgar-Salmerón y Ábrego García. Jennifer Vásquez, esposa de Ábrego García, lideró una protesta en abril, destacando el impacto de las separaciones familiares.
Activistas denuncian que las acusaciones de pandillismo, como las contra Melgar-Salmerón, a menudo se basan en informes vagos, como el uso de ropa deportiva o tatuajes, sin evidencia sólida. “Estas deportaciones son una cacería de brujas”, afirmó un portavoz de la organización CASA en Maryland.
Desafíos legales en curso
El Tribunal Supremo ha intervenido en casos similares, confirmando en abril la orden de repatriar a Ábrego García y frenando temporalmente otras deportaciones masivas. Sin embargo, la administración Trump ha resistido algunas órdenes judiciales, argumentando que los deportados están bajo custodia extranjera. La jueza Paula Xinis, en el caso de Ábrego García, acusó al gobierno de “obstrucción” y exigió pruebas de esfuerzos para repatriarlo.
El fallo sobre Melgar-Salmerón refuerza la presión sobre ICE para revisar sus procedimientos. Mientras los tribunales exigen correcciones, las familias de los deportados esperan respuestas, y el debate sobre la política migratoria de Trump sigue intensificándose en un año marcado por tensiones legales y protestas comunitarias.