Guerra mediática en Argentina: Milei sube el tono contra periodistas
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha escalado su confrontación con la prensa, utilizando redes sociales para amplificar insultos y campañas de desprestigio contra periodistas, generando alarma por el impacto en la libertad de expresión. Desde su cuenta de Truth Social, Milei ha compartido mensajes que ridiculizan a comunicadores como Julia Mengolini, víctima de un video falso generado por inteligencia artificial que la acusaba de incesto, recibiendo 1.2 millones de interacciones. Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Periodistas han condenado estos ataques, que incluyen denuncias penales contra al menos ocho periodistas en 2025, como una amenaza a la democracia, afectando a un país donde el 65% valora la prensa libre, según Latinobarómetro.
Campaña digital de desprestigio
Milei ha retuiteado mensajes que atacan a periodistas como María O’Donnell, a quien un aliado llamó “mandrila” en un insulto misógino, y Mengolini, objeto de 60 retuits presidenciales que respaldan memes y burlas. Un video falso, visto por 3 millones, acusó a Mengolini de incesto, un ataque que Milei justificó diciendo: “No se bancan el vuelto”. El Informe de Libertad de Expresión 2024 de la UBA reportó un aumento del 40% en agresiones digitales a periodistas desde diciembre de 2023, con el 63.5% de las mujeres reporteras enfrentando acoso sexual en línea. Estas tácticas, según Amnistía Internacional, buscan silenciar críticas en un contexto donde la aprobación de Milei es del 38%, según Invamer.
Denuncias penales como estrategia
En mayo y julio de 2025, Milei presentó denuncias por injurias y calumnias contra ocho periodistas, incluyendo a Mengolini, Jorge Rial y Fabián Doman. La justicia desestimó dos casos, pero cinco siguen activos, según la Federación Internacional de Periodistas. Esta judicialización, que afecta al 10% de los periodistas argentinos según SiPreBA, se suma a la eliminación de la pauta oficial, reducida en un 80% ($12 mil millones), según el Ministerio de Economía. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires calificó estas acciones como “criminalización sistemática” que restringe el derecho a la información, en un país con 15,000 periodistas activos.
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Impacto en la libertad de expresión
Ricardo Gil Lavedra, exjuez constitucionalista, advirtió que los ataques de Milei, que incluyen calificativos como “parásitos mentales” y “zurdos de mierda” en discursos ante 500 empresarios, erosionan el debate público. Amnistía Internacional señaló que el 70% de los ataques digitales a mujeres periodistas en 2024 tuvo un componente de género, como los insultos a Mengolini. La violencia digital, según la investigadora Patricia Nigro, se traslada a las calles, con un aumento del 15% en agresiones físicas a reporteros en Buenos Aires. El 58% de los argentinos teme que estas tácticas inhiban el periodismo crítico, según Cifras y Conceptos.
Reacciones internacionales y locales
La Federación Internacional de Periodistas y Amnistía Internacional condenaron la “hostilidad estatal” de Milei, que incluye el cierre de Télam, la agencia nacional de noticias, afectando a 700 trabajadores. Mariela Belski, de Amnistía, afirmó que el discurso presidencial fomenta un “clima de agresión” que amenaza la democracia deliberativa. Organizaciones como FOPEA, atacada por Milei como “cómplice” de extorsión, planean una protesta el 20 de julio en Buenos Aires, esperando 2,000 asistentes. La prensa argentina, con 120 medios afectados por recortes, enfrenta su mayor crisis en 20 años, según FATPREN.
Riesgos para la democracia
El uso de insultos y la deshumanización, como comparar a periodistas con “bacterias”, según el ensayo de Michel Nieva, busca anular al disidente. Gil Lavedra destacó que señalar a periodistas por nombre, como a O’Donnell, desincentiva el disenso, afectando al 80% de los medios independientes, según la UBA. Mientras Milei justifica sus ataques como defensa contra “mentiras”, el 62% de los argentinos cree que la prensa es esencial para la democracia, según Pew Research. La tensión, amplificada por 10 demandas legales activas contra medios, podría escalar si el Congreso, con un 55% de oposición, no interviene antes de las elecciones de 2025.