El Gobierno de Brasil presentó una demanda contra Meta por la difusión masiva de anuncios fraudulentos en Facebook e Instagram, los cuales usaban símbolos institucionales y la imagen de autoridades para ejecutar estafas financieras.
La acción judicial, impulsada por la Abogacía General del Estado (AGU), busca que se prohíba el uso indebido de marcas del Gobierno federal y de entidades públicas en anuncios que engañan a los usuarios con promesas falsas de beneficios económicos.
La denuncia se produce tras una investigación de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), que identificó al menos 1.770 anuncios fraudulentos difundidos en las plataformas de Meta, muchos de ellos aún activos al momento de la presentación de la demanda.
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Fotografía de archivo de un teléfono móvil con la aplicación de Facebook. EFE/ Sascha Steinbach
Gobierno de Brasil demanda a Meta por daño colectivo a los consumidores
La demanda del Gobierno de Brasil contra Meta no solo exige la retirada inmediata de los anuncios falsos, sino también una reparación económica por “daños morales colectivos”, argumentando que Meta violó las normas brasileñas de protección al consumidor al permitir la circulación de publicidad engañosa en sus plataformas.
De acuerdo con la AGU, el sistema de verificación de anuncios de Meta es “ineficiente” y permite que se publiquen contenidos que vulneran los términos de uso de Facebook e Instagram. “La mayoría de estos anuncios eran fácilmente reconocibles como fraudulentos. Si hubiera existido un control mínimo por parte de la empresa, no habrían sido autorizados”, señala el documento legal.
Algunos anuncios promocionaban falsos programas gubernamentales, utilizaban logotipos oficiales o incluso alteraban imágenes de líderes políticos mediante inteligencia artificial, con el objetivo de aumentar su credibilidad y estafar a miles de ciudadanos.
Cómo operaban las estafas en los anuncios que motivaron la demanda del Gobierno de Brasil a Meta
Según el estudio realizado por la UFRJ, la mayoría de los anuncios detectados prometían a los usuarios la posibilidad de retirar dinero mediante un supuesto derecho económico, siempre y cuando pagaran previamente una falsa tasa de servicio. Estos mensajes se hacían pasar por comunicados oficiales o iniciativas de inclusión financiera del Gobierno, distorsionando la información para generar confianza.
En muchos casos, los anuncios contaban con logotipos de ministerios, escudos del Estado o la imagen de líderes políticos como Luiz Inácio Lula da Silva y otros funcionarios, manipulados con herramientas de inteligencia artificial. El objetivo era inducir al error y aprovecharse de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
La AGU también destacó que Meta ya tiene implementadas medidas para prevenir este tipo de fraudes en países como el Reino Unido, Corea del Sur y la Unión Europea, por lo que Brasil no debería quedar al margen de esta protección. “Meta tiene los medios técnicos para prevenir la diseminación de estos contenidos, pero ha fallado en aplicarlos en nuestro país”, afirmó el ente jurídico.
El Gobierno de Brasil demanda a Meta en medio de crecientes presiones internacionales sobre el control de contenido digital
La acción legal del Gobierno de Brasil que demanda a Meta se suma a un contexto internacional en el que los gigantes tecnológicos enfrentan cada vez más regulaciones por parte de los Estados. En Europa, la Ley de Servicios Digitales (DSA) ha impuesto nuevas obligaciones a las plataformas en materia de moderación de contenidos, publicidad política y desinformación.
En Brasil, el Gobierno de Lula ha insistido en la necesidad de que las empresas tecnológicas rindan cuentas por los daños que generan al permitir la circulación de contenido falso, especialmente cuando afectan la seguridad digital y financiera de los ciudadanos. Esta demanda marca un punto de inflexión en la postura del Estado brasileño hacia la autorregulación tecnológica.
No es la primera vez que Meta es acusada en Brasil por negligencia en el control de anuncios. En 2023, una comisión parlamentaria ya había advertido sobre la proliferación de estafas financieras mediante publicidad engañosa, pero esta es la primera acción judicial formal con pedido de indemnización por daño moral colectivo.
