El gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, desató una controversia internacional el 29 de julio de 2025 al denunciar que Estados Unidos mantiene “secuestrados” a 33 menores venezolanos, separados de sus familias tras la deportación de sus padres. El canciller Yván Gil señaló al encargado de negocios de EE.UU. en Colombia, John McNamara, como el “autor material” de esta situación, calificándola de “inhumana” y violatoria del derecho internacional. La acusación, que ha generado tensiones diplomáticas, se enmarca en un contexto de crecientes deportaciones bajo la administración del presidente Donald Trump.
Denuncia venezolana contra EE.UU.
El canciller Yván Gil emitió una declaración en Telegram, afirmando que los 33 menores están retenidos en EE.UU. “en abierta violación de los derechos humanos y las leyes estadounidenses”. Según Gil, los niños, algunos en hogares de acogida con familias desconocidas, fueron separados de sus padres tras operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En 2024, ICE deportó a 271,484 personas, un 80% más que en 2023, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y el 85% de los detenidos no tenía antecedentes penales, según el Transactional Records Access Clearinghouse. Gil exigió la “liberación inmediata” de los menores, acusando a McNamara de orquestar una práctica “criminal y forajida”.
Por su parte, el presidente Maduro anunció el 18 de julio que su gobierno logró repatriar a siete de estos menores en un vuelo desde Houston, Texas, que trasladó a 251 venezolanos. “No descansaremos hasta rescatar a todos”, afirmó Maduro en un acto en Caracas, según el Ministerio del Interior. El líder venezolano calificó el retorno como un “triunfo” y acusó a EE.UU. de mantener a los niños en condiciones vulnerables, algunos en centros de detención o con familias sustitutas. El gobierno venezolano estima que la cifra real de menores retenidos podría superar los 33 reportados.
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Contexto de tensiones migratorias
La denuncia se produce en un momento de alta fricción entre Washington y Caracas. La administración Trump, que ha priorizado deportaciones masivas, impuso sanciones adicionales a Venezuela en 2024 tras la inhabilitación de la opositora María Corina Machado, según el Departamento de Estado. En julio de 2025, EE.UU. deportó a 186 venezolanos desde Texas, según el programa “Vuelta a la Patria” de Maduro, y otros 252 fueron trasladados desde El Salvador tras un acuerdo con el presidente Nayib Bukele. Este intercambio incluyó la liberación de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela, según el secretario de Estado Marco Rubio. Sin embargo, las acusaciones de “secuestro” han intensificado el rechazo de Caracas a las políticas migratorias de Trump.
Además, el gobierno venezolano ha involucrado a organismos internacionales. El 25 de julio, el jefe negociador Jorge Rodríguez entregó una carta al nuncio apostólico en Caracas, solicitando la mediación del papa León XIV para el retorno de los menores. En 2024, la Organización de Estados Americanos reportó que 7.7 millones de venezolanos han migrado desde 2015, con 1.5 millones en EE.UU., lo que agrava las tensiones por la gestión migratoria. Las autoridades venezolanas aseguran que muchos padres fueron deportados sin debido proceso, dejando a sus hijos en un limbo legal.
Reacciones y críticas internacionales
Pese a todo, la acusación de “secuestro” ha generado escepticismo. El DHS no ha respondido directamente a las declaraciones de Gil, pero un informe de Human Rights Watch de julio de 2025 criticó las separaciones familiares en centros de detención de ICE, señalando que 1,200 niños fueron separados en 2024. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles instó a revisar las políticas de detención, argumentando que violan la Convención sobre los Derechos del Niño. En Venezuela, marchas en Caracas han exigido el retorno de los menores, con 500 personas reunidas el 24 de julio, según el Ministerio de Comunicación.
Sin embargo, la narrativa de “secuestro” ha sido cuestionada por analistas, quienes señalan que los menores podrían estar bajo custodia legal mientras se resuelven los casos de sus padres. En 2024, EE.UU. procesó 700,000 casos migratorios, con un promedio de 18 meses para resolver asilos, según el Departamento de Justicia. Mientras tanto, la retórica de Maduro, con un 28.1% de aprobación según CB Consultora, busca capitalizar el descontento migrante antes de las elecciones de 2026. Las tensiones diplomáticas persisten, con Venezuela exigiendo acción inmediata y EE.UU. manteniendo el silencio oficial.