Brasil: Suprema Corte imputa a militares por complot contra Lula
La Corte Suprema de Brasil ha aceptado las denuncias contra nueve militares y un policía acusados de planear el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de una supuesta conspiración golpista vinculada al expresidente Jair Bolsonaro.
Detalles de la acusación
Según la Fiscalía General, los imputados habrían planeado asesinar a Lula tras su victoria en los comicios de octubre de 2022, como parte de una trama para mantener en el poder a Bolsonaro, derrotado en su intento de reelección. El plan también incluía el asesinato del entonces vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y del magistrado Alexandre de Moraes, en la época jefe del Tribunal Electoral y hoy instructor del proceso sobre la trama golpista en la Primera Sala de la Corte Suprema.
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Entre los acusados se encuentran dos generales, tres coroneles y seis tenientes coroneles, todos ya en la reserva y en su mayoría antiguos miembros de un comando del Ejército conocido como «Kids Pretos» (chicos negros), una fuerza de élite entrenada para operaciones especiales. La lista de enjuiciados por el supuesto plan de magnicidio la encabezan el general Estevam Theophilo, y los coroneles Bernardo Correa, Fabrício Moreira y Márcio Nunes. También figuran los tenientes coroneles Hélio Ferreira, Rafael Oliveira, Rodrigo Bezerra, Ronald Ferreira y Sérgio Cavaliere, así como el policía Wladimir Matos Soares.
No obstante, no se aceptaron las denuncias contra dos de ellos, el general Nilton Diniz Rodrigues y el teniente coronel Cleverson Magalhães, sobre quienes la Primera Sala del Supremo consideró de forma unánime que no existen pruebas suficientes.
El plan de magnicidio
Las investigaciones sobre la conspiración golpista, que según la Fiscalía dirigió el propio Bolsonaro, condujeron a ese grupo que se habría propuesto consumar los asesinatos el 15 de diciembre de 2022, dos semanas antes de la investidura de Lula.
De acuerdo con la Policía Federal, encargada de la investigación, el propio Bolsonaro tenía «pleno conocimiento» del plan, algo que el líder de la ultraderecha ha negado a rajatabla, igual que los diez sospechosos imputados este martes.
Lo que fue bautizado como «Operación Puñal Verde Amarillo», por los colores de la bandera brasileña, sería una de las subtramas de la supuesta conspiración golpista por la que responden Bolsonaro y ahora otros treinta acusados.
Testimonios clave
Las denuncias contra estos acusados han sido aceptadas un día después de que la Primera Sala comenzó a interrogar a los testigos del proceso contra Bolsonaro y siete de sus cercanos colaboradores.
El principal testimonio fue presentado por el general Marco Antonio Freire Gomes, hoy en la reserva y en la época comandante del Ejército, quien confirmó ante los jueces que en diciembre de 2022 fue convocado por Bolsonaro, junto a otros jefes militares, para discutir formas de impedir la toma de posesión de Lula.
Freire Gomes declaró que Bolsonaro planteó la posibilidad de declarar el estado de sitio, pero aclaró que tanto él como el comandante de la Fuerza Aérea le advirtieron que no tendría apoyo del generalato.
Conexión con el asalto del 8 de enero
Según la Fiscalía, toda esa trama habría desembocado en los sucesos del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de activistas de ultraderecha asaltaron y destrozaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia, con la intención de incitar a los militares a un golpe de Estado.
Desde que se legalizó la marihuana en 2016, California ha luchado para erradicar los cultivos ilegales que han golpeado una industria con un valor anual de 5.000 millones de dólares.
El estado se vio obligado a conformar en 2022 el Grupo de Trabajo Unificado para el Control del Cannabis, con participación de diferentes agencias estatales y locales.
En 2024 el grupo logró incautar 534 millones de dólares relacionados con el cultivo ilegal de cannabis.