Bolivia detiene a evistas tras protestas por candidatura de Morales
La tensión política en Bolivia volvió a escalar este jueves tras una serie de protestas organizadas por seguidores del expresidente Evo Morales, que culminaron en enfrentamientos con la policía y la detención de al menos 20 personas. Las manifestaciones, que exigen la habilitación de Morales como candidato presidencial para los comicios del 17 de agosto, se desarrollan en un clima de creciente polarización entre el movimiento evista y el gobierno del presidente Luis Arce.
El epicentro de las protestas fue la ciudad de La Paz, donde un grupo de manifestantes intentó forzar el resguardo policial en las cercanías del Tribunal Supremo Electoral (TSE). De acuerdo con el coronel Roger Montaño, jefe policial a cargo de la seguridad en el lugar, los manifestantes utilizaron piedras, petardos y pequeñas cargas de dinamita. El enfrentamiento dejó tres policías heridos y obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad, que dispersaron a los protestantes y arrestaron a 20 de ellos.
Cocaleros del Chapare entre los arrestados
Te Recomendamos
Entre los detenidos se encuentran varios dirigentes cocaleros provenientes del Chapare, región ubicada en el centro del país y considerada el bastión político de Evo Morales. Esta zona ha sido históricamente una base de apoyo incondicional al exmandatario, quien se refugió allí tras la apertura de una investigación en su contra por un caso de presunto abuso a una menor cuando aún era presidente.
El liderazgo cocalero ha desempeñado un papel clave en las movilizaciones recientes, exigiendo que Morales sea habilitado como candidato pese a la sentencia constitucional que se lo impide. En el contexto de esta pugna, los sectores evistas han impulsado bloqueos de caminos, marchas y protestas continuas en distintas regiones del país.
Fallos judiciales impiden candidatura de Morales
La crisis política se agravó a raíz de un fallo del Tribunal Constitucional que ratificó la imposibilidad de que Morales se postule nuevamente a la presidencia, al considerar que su intento de reelección indefinida va en contra de la Constitución boliviana. Este fallo cerró la vía legal para una nueva postulación del exmandatario, quien gobernó el país entre 2006 y 2019.
Pese a ello, Morales ha buscado otros caminos para lograr su candidatura. Intentó inscribirse a través de un partido político menor, sin éxito. El Tribunal Supremo Electoral canceló la personería jurídica de dicho partido y confirmó que el plazo para registrar candidaturas finalizó el 19 de mayo, lo que hace irreversible su exclusión del proceso electoral.
Choque de visiones entre Morales y Arce
La disputa entre Evo Morales y el actual presidente Luis Arce, quien fue ministro de Economía durante gran parte de la gestión del exmandatario, ha fracturado al Movimiento al Socialismo (MAS), partido que ambos lideran. Mientras Morales insiste en que está siendo víctima de un complot judicial para impedir su participación política, Arce y su entorno lo acusan de buscar la desestabilización del país.
“Hay gente que quiere generar un caos perfectamente organizado, que quiere poner en riesgo las elecciones”, declaró recientemente un portavoz del gobierno de Arce, en alusión directa a las movilizaciones encabezadas por los sectores evistas. Morales, por su parte, respondió acusando al Ejecutivo de reprimir a su base social y de manipular a la justicia con fines políticos.
Protestas continuarán pese a la inhabilitación
A pesar de que las posibilidades legales de Morales para competir en las elecciones son prácticamente nulas, el exmandatario ha anunciado que continuará con las movilizaciones. “No vamos a abandonar la lucha, esto recién comienza”, declaró en un acto con sus seguidores. Sus declaraciones avivan el temor de que las tensiones puedan desembocar en una nueva ola de violencia política.
El calendario electoral boliviano avanza en medio de este clima enrarecido. Con la fecha de las elecciones cada vez más cerca, el país enfrenta una coyuntura marcada por la fragmentación del oficialismo, la presión social en las calles y la incertidumbre sobre la estabilidad democrática. Mientras tanto, el gobierno intenta garantizar que el proceso electoral siga su curso sin mayores interrupciones.