Álvaro Uribe, el expresidente que marcó un cuarto de siglo de política colombiana, fue declarado culpable el 28 de julio de 2025 por soborno en actuación penal y fraude procesal, convirtiéndose en el primer exmandatario del país en enfrentar una condena penal. A sus 73 años, el líder del Centro Democrático, conocido por su política de «seguridad democrática», podría enfrentar hasta 12 años de prisión, aunque su equipo legal anunció una apelación inmediata. La decisión, emitida tras un juicio de seis meses en Bogotá, reaviva las profundas divisiones entre quienes lo ven como salvador de Colombia y quienes lo acusan de vínculos con el crimen organizado.
Un fallo histórico en Bogotá
La jueza Sandra Liliana Heredia, tras una audiencia de más de 10 horas, encontró a Uribe culpable de intentar sobornar a exparamilitares para que retractaran testimonios que lo vinculaban a la creación de grupos armados en los años 90. El caso, iniciado en 2012 tras una denuncia de Uribe contra el senador Iván Cepeda, dio un giro cuando la Corte Suprema investigó al expresidente en 2018. Según la fiscalía, Uribe, junto a su abogado Diego Cadena, presionó a testigos como Juan Guillermo Monsalve, ofreciendo beneficios a cambio de alterar declaraciones. Las grabaciones telefónicas entre Uribe y Cadena, validadas por Heredia, fueron clave en la condena, desestimando los argumentos de la defensa como “magical realism”.
Por su parte, Uribe, quien siguió la audiencia desde su hacienda cerca de Medellín, no ha sido arrestado, y la jueza permitirá que permanezca libre mientras se resuelve la apelación. La sentencia, que se dictará el viernes, podría permitirle cumplir una eventual condena en arresto domiciliario debido a su edad. El fallo, descrito por Heredia como “un acto de justicia”, ha generado reacciones polarizadas, con protestas de seguidores y detractores frente al tribunal, algunos portando máscaras con el rostro de Uribe.
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El legado controvertido de Uribe
Álvaro Uribe, presidente entre 2002 y 2010, es una figura de contrastes. Su política de “mano firme, corazón grande” debilitó a las FARC, redujo secuestros en un 80% y atrajo inversión extranjera, ganándose el apoyo de EE.UU., que lo condecoró con la Medalla Presidencial de la Libertad en 2009. Sin embargo, su gobierno enfrentó graves acusaciones, como el escándalo de los “falsos positivos”, donde más de 6,400 civiles fueron asesinados por militares y presentados como guerrilleros, según la Jurisdicción Especial para la Paz. Las denuncias de vínculos con paramilitares, como el Bloque Metro de las AUC, también persiguieron a Uribe y a su hermano Santiago, absuelto en 2020 de cargos similares.
Además, el expresidente ha sido un crítico feroz del acuerdo de paz de 2016 con las FARC, liderado por su exaliado Juan Manuel Santos. Desde el Centro Democrático, fundado en 2014, Uribe mantuvo influencia, siendo un actor clave en la elección de Iván Duque en 2018. Su oposición al presidente Gustavo Petro, exguerrillero, ha avivado la narrativa de persecución política que Uribe defiende, calificando el juicio como “venganza” de la izquierda.
Reacciones internacionales y políticas
El fallo desató tensiones más allá de Colombia. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, criticó la condena, afirmando en X que Uribe “solo luchó por su patria” y acusando a jueces “radicales” de politizar la justicia. Petro, en respuesta, defendió la independencia judicial, exigiendo respeto a la soberanía colombiana. “Un sistema judicial fuerte sacará a Colombia de la violencia”, escribió en X. La condena, que llega antes de las elecciones de 2026, donde aliados de Uribe competirán, podría impactar al Centro Democrático, según analistas. El Banco de Bogotá advirtió sobre posibles represalias de EE.UU., como la propuesta de recortar ayuda no militar a Colombia, impulsada por el congresista Mario Díaz-Balart.
Pese a todo, el caso de Uribe refleja un cambio en la justicia colombiana. Francisco Bernate, experto en derecho penal, destacó que el proceso demuestra la capacidad del sistema para juzgar a figuras poderosas. Mientras, el senador Cepeda, reconocido como víctima, prometió seguir luchando por la verdad sobre el conflicto armado, que dejó 450,000 muertos. La apelación de Uribe, que podría llegar a la Corte Suprema, extenderá la batalla legal, manteniendo al expresidente en el centro de la polarización política de Colombia.