EN PORTADA: SALUD MENTAL DE MIGRANTES EN RIESGO
¿De qué forma afecta a los migrantes con enfermedades mentales o discapacidades cognitivas el que Trump haya eliminado ayuda estatal?. Conoce qué estados se ven afectados.
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La administración de Donald Trump ha implementado políticas migratorias que han eliminado programas clave de asistencia legal y apoyo estatal, afectando de manera desproporcionada a migrantes con enfermedades mentales o discapacidades cognitivas.
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Según un informe de Telemundo, una de las medidas más significativas fue la cancelación del Programa Nacional de Representantes Calificados (NQRP), que proporcionaba representación legal a migrantes detenidos con trastornos mentales graves que no podían representarse a sí mismos en procedimientos de inmigración. Esta política, implementada desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025, forma parte de un esfuerzo más amplio para acelerar deportaciones y desmantelar programas de apoyo, incluyendo recortes a fondos para abogados de menores no acompañados y la eliminación de programas de orientación para detenidos.
La cancelación del NQRP, un programa iniciado en 2013 por la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR), ha privado a aproximadamente 200 personas de asistencia legal esencial.
Según el EOIR, el programa ofrecía evaluaciones forenses, médicas y psicológicas, acceso a tratamientos y contacto con familiares para migrantes con problemas de salud mental, discapacidades cognitivas o lesiones cerebrales traumáticas. Sin estos recursos, estas personas enfrentan un mayor riesgo de deportación sin debido proceso, lo que agrava los traumas causados por la violencia, persecución o desplazamiento forzado en sus países de origen.
La amenaza de deportaciones masivas, impulsada por la expansión del programa de “remoción expedita”, intensifica el miedo y la ansiedad. Este programa permite deportar rápidamente a personas sin documentos que hayan estado en el país menos de dos años, afectando especialmente a aquellos con necesidades especiales que no pueden defenderse solos. “Es una grave injusticia privar a los más vulnerables de apoyo legal y emocional”, afirmó Laura J. John, directora legal del Proyecto Florence en Arizona.
Un caso emblemático es el de José Antonio Franco-González, quien fue detenido casi cinco años sin audiencia ni abogado, según una demanda de 2013 que llevó a la creación del NQRP. Este caso ilustra cómo la falta de representación legal puede dejar a los migrantes con discapacidades en un sistema migratorio complejo e indiferente a sus necesidades.
El NQRP estaba activo en Arizona, California y Washington, por lo que estas regiones son las más afectadas por su cancelación. En California, el Centro Acacia para la Justicia ha advertido que la suspensión de fondos legales impacta a decenas de miles de personas, especialmente en áreas con alta concentración de migrantes indocumentados.
Texas, con ciudades como Dallas que albergan comunidades de refugiados, enfrenta una sobrecarga en albergues y servicios sociales. En Arizona, el Proyecto Florence reportó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha restringido el acceso de abogados a centros de detención, complicando la representación de migrantes con discapacidades.
Georgia, con más de un millón de migrantes según datos de 2018, depende de organizaciones sin fines de lucro para compensar la falta de apoyo federal. Florida, particularmente en áreas como Homestead, ha visto un aumento en la demanda de servicios de salud mental, según reportes de organizaciones locales. La siguiente tabla resume los estados más afectados y los desafíos que enfrentan:
| Estado | Población Migrante | Desafíos Principales |
| Arizona | Alta | Restricciones de acceso a centros de detención, dependencia de ONG |
| California | Muy alta | Sobrecarga de servicios legales y sociales, alta demanda de apoyo psicológico |
| Washington | Moderada | Pérdida de servicios del NQRP, presión sobre recursos locales |
| Texas | Muy alta | Sobrecarga de albergues, necesidad de servicios de salud mental |
| Georgia | Alta | Dependencia de ONG, falta de fondos federales |
| Florida | Alta | Aumento en demanda de servicios de salud mental, presión en comunidades como Homestead |
Organizaciones sin ánimo de lucro: un faro de esperanza
A pesar de los recortes, varias organizaciones sin fines de lucro han intensificado sus esfuerzos para apoyar a los migrantes afectados. En Arizona, el Proyecto Florence ofrece servicios legales gratuitos y ha presionado al Congreso para restablecer los fondos. En California, el Centro Acacia para la Justicia coordina una red de 85 organizaciones que representan a menores y adultos con necesidades especiales. En Dallas, el Centro de Reasentamiento de Refugiados proporciona asistencia en salud mental y empleo, mientras que la Vickery Meadow Immigrant and Refugee Community ofrece programas educativos y apoyo comunitario.
En Atlanta, el Centro Panasiático de Servicios Comunitarios (CPACS) gestiona servicios de salud mental y asesoramiento para inmigrantes asiáticos, además de clases de inglés (CPACS). El National Immigrant Justice Center (NIJC) en Illinois e Indiana ofrece servicios legales gratuitos y una línea directa de apoyo familiar (1-855-435-7693), instando a los migrantes a recopilar documentos que prueben su tiempo en el país para evitar deportaciones rápidas. Estas organizaciones, aunque esenciales, operan bajo una presión financiera y logística cada vez mayor.
Respuesta legal y críticas
En respuesta a estas políticas, grupos de abogados de inmigración han presentado una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, argumentando que la eliminación de programas como el NQRP es “despiadada, cruel y discriminatoria”. Laura Lunn, de la Red de Defensa de Inmigrantes de las Montañas Rocosas, ha calificado estas medidas como un ataque directo a los más vulnerables. La demanda busca restaurar la financiación y garantizar que los migrantes con necesidades especiales reciban representación legal adecuada.
Recortes a la representación legal de menores no acompañados
Uno de los aspectos más controvertidos de las políticas de Trump es la cancelación de contratos con organizaciones que brindan representación legal a unos 26,000 menores no acompañados, algunos de apenas 11 meses. Esta medida, implementada a finales de marzo de este año, fue bloqueada temporalmente por la jueza federal Araceli Martínez-Olguín en California hasta el 16 de abril, tras una demanda de 11 organizaciones. La jueza argumentó que la financiación de estos servicios promueve “la eficiencia y la equidad” en el sistema migratorio, citando la Ley de Reautorización de Prevención y Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008.
Sin embargo, la amenaza de recortes persiste, dejando a los abogados en un dilema ético: abandonar a sus clientes o trabajar sin compensación. “Los niños no pueden navegar solos en un sistema tan complejo”, señaló Cristel Martínez, una abogada que representa a 325 menores desde Los Ángeles. La controversia refleja un debate más amplio sobre si las políticas migratorias deben priorizar la seguridad fronteriza o los derechos humanos de los migrantes más vulnerables.
Un ambiente de terror
La combinación de recortes a la asistencia legal, la eliminación de programas de apoyo estatal y la intensificación de las políticas de deportación ha creado un ambiente de terror para los migrantes, especialmente aquellos con enfermedades mentales o discapacidades cognitivas. Mientras las organizaciones sin fines de lucro luchan por llenar los vacíos, la falta de recursos federales amenaza con colapsar los sistemas de apoyo existentes. Activistas y defensores instan al Congreso a actuar rápidamente para restablecer los fondos y proteger a los migrantes más vulnerables. Hasta entonces, la salud mental y el bienestar de miles de personas permanecen en riesgo, en un país que históricamente ha sido un refugio para quienes buscan una vida mejor.
Conoce de recursos adicionales:
- Proyecto Florence: www.firrp.org
- Centro Acacia para la Justicia: www.acaciajustice.org
- National Immigrant Justice Center: www.immigrantjustice.org
- CPACS (Atlanta): (770) 936-0969
- Línea de apoyo ICIRR: 1-855-435-7693
