Ante la deportación de tres menores estadounidenses a Honduras queda en cuestión la legalidad del accionar del Gobierno. Conozca los derechos a los que están amparados los menores, así como los recursos legales que padres pueden usar.
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Tres niños, de 2, 4 y 7 años, nacidos en Estados Unidos, fueron enviados a Honduras junto a sus madres, quienes enfrentaban órdenes de deportación. Uno de los menores, de cuatro años, padece cáncer y fue trasladado sin acceso a su tratamiento médico ni contacto con sus doctores.
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Las autoridades estadounidenses argumentaron que los niños no fueron «deportados» formalmente, ya que no hubo una orden judicial específica para ellos, y que partieron voluntariamente con sus madres. Sin embargo, críticos sostienen que, al financiar los vuelos y no permitir que los niños se quedaran con familiares o tutores legales en EE.UU., el gobierno efectivamente los deportó sin el debido proceso legal.
La deportación de ciudadanos estadounidenses es ilegal. La Constitución y las leyes federales protegen el derecho de los ciudadanos a permanecer en el país.
En este caso, un juez federal en Luisiana confirmó que la administración deportó a una niña de dos años, nacida en Nueva Orleans, sin seguir el proceso legal adecuado. El padre de la menor presentó una petición de emergencia para detener la deportación, pero no fue atendida a tiempo.
La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por casi todos los países del mundo, establece que los menores tienen derecho a la protección especial del Estado, a no ser separados de sus familias arbitrariamente y a recibir atención médica adecuada.
Aunque Estados Unidos no ha ratificado esta convención, está obligado por otras normas internacionales y su propia Constitución a proteger los derechos de los niños ciudadanos.
Además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José, obliga a los Estados a respetar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, incluyendo a los niños.
Organizaciones de derechos civiles y expertos legales han condenado la acción del gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha determinado que las políticas de deportación de Estados Unidos violan los derechos de los niños y las familias, al no permitirles presentar evidencia ni considerar el impacto de la separación familiar.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que todos tienen derecho al debido proceso, pero este caso pone en duda la aplicación efectiva de ese principio.
Deportación de menores estadounidenses: Recursos legales para las familias
Las familias afectadas por deportaciones pueden recurrir a varios recursos legales:
- Peticiones de emergencia: Solicitar a los tribunales la suspensión de una deportación inminente
- Asistencia legal: Buscar ayuda de organizaciones que ofrecen representación legal gratuita o de bajo costo
- Revisión judicial: Apelar las decisiones de deportación ante tribunales superiores
Es fundamental que las familias conozcan sus derechos y busquen asesoría legal adecuada para proteger a sus hijos ciudadanos estadounidenses.
La deportación de niños ciudadanos estadounidenses sin el debido proceso legal es una grave violación de derechos humanos y constitucionales.
Este caso destaca la necesidad urgente de revisar y reformar las políticas migratorias para garantizar la protección de los más vulnerables y el respeto al estado de derecho.
Deportación de menores estadounidenses: Dónde solicitar asistencia legal ante estos casos
La asistencia legal es crucial para prevenir o revertir estas deportaciones. Organizaciones como el National Immigrant Justice Center (NIJC) ofrecen orientación gratuita y representación legal, especialmente para menores en procedimientos migratorios. Su sitio web (immigrantjustice.org) proporciona recursos para localizar a detenidos mediante el sistema de ICE (locator.ice.gov) y evitar fraudes migratorios. La American Immigration Council también brinda guías sobre derechos de menores y conecta a familias con abogados especializados. En casos urgentes, contactar una oficina local de USCIS o un abogado acreditado por el Departamento de Justicia es fundamental.
En 2024, el NIJC reportó que solo el 37% de los inmigrantes, incluidos menores, tienen representación legal, lo que reduce sus posibilidades de permanecer en EE.UU.. Para menores no acompañados, la representación aumenta las probabilidades de éxito en un 73% frente al 15% sin abogado. Organizaciones sin fines de lucro, como el Immigrant Legal Resource Center (ILRC), ofrecen asistencia en casos de deportación relacionados con condenas penales, comunes en familias de estatus mixto. Además, la directiva de ICE de 2017 instruye a agentes a facilitar arreglos de cuidado para menores ciudadanos durante la detención de padres, aunque no garantiza visitas en persona.
Para buscar ayuda, las familias deben recopilar documentos que prueben la ciudadanía del menor (acta de nacimiento, pasaporte) y contactar a organizaciones confiables. Evitar notarios no acreditados es clave para proteger los derechos de los menores y sus familias.
