La Casa Blanca envía a deportados a países equivocados. La Suprema Corte elimina protecciones clave.
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La política migratoria de Estados Unidos enfrenta una creciente controversia tras revelaciones de que la Casa Blanca ha deportado a inmigrantes a países con los que no tienen vínculos, mientras que recientes fallos de la Suprema Corte han debilitado las protecciones para inmigrantes legales, exponiéndolos a expulsiones. Estas medidas, implementadas bajo la administración del presidente Donald Trump, han generado críticas por su impacto en comunidades vulnerables y han intensificado el debate sobre los derechos humanos en el sistema migratorio.
Deportaciones a países sin conexión
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha sido señalado por enviar a inmigrantes a naciones donde no tienen raíces ni vínculos familiares, una práctica que expertos califican como violatoria de los principios internacionales de asilo y refugio. Según reportes, en los últimos meses, cientos de inmigrantes, incluidos ciudadanos de países como Venezuela, Cuba y Haití, han sido trasladados a terceros países como El Salvador, Sudán del Sur o Guatemala, a pesar de no tener conexiones con estos lugares. Esta estrategia, que busca aliviar la presión en los centros de detención de EE. UU., ha sido criticada por organizaciones como Human Rights Watch, que la considera una forma de “desplazamiento forzado”.
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Un informe reciente del DHS, filtrado a medios, revela que al menos 238 inmigrantes venezolanos fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, a pesar de que la mayoría no había cometido delitos violentos ni representaba una amenaza. La Casa Blanca, consciente de esta información, justificó las deportaciones como una medida para “fortalecer la seguridad fronteriza”. Sin embargo, activistas argumentan que estas acciones ignoran los derechos básicos de los inmigrantes y los exponen a condiciones peligrosas en países desconocidos.
La Suprema Corte y la eliminación de protecciones
Paralelamente, la Suprema Corte de Estados Unidos ha emitido fallos que han debilitado las salvaguardas para inmigrantes legales, especialmente aquellos bajo programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS). La Corte permitió a la administración Trump eliminar protecciones temporales para casi un millón de inmigrantes, más de la mitad procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, el juez federal Edward E. Chen, en San Francisco, concedió una moción de emergencia presentada por demandantes venezolanos, bloqueando temporalmente su deportación mientras se resuelve una impugnación judicial. Esta medida ofrece un respiro, pero no revierte el daño de los fallos de la Corte.
Otro fallo reciente expuso a inmigrantes bajo programas temporales de protección a un mayor riesgo de deportación, al limitar las opciones legales para apelar su estatus. Estas decisiones han generado preocupación entre comunidades de inmigrantes, muchas de las cuales han residido en EE. UU. durante décadas, contribuyendo a la economía y la sociedad. Según el Centro de Investigación Pew, aproximadamente 700,000 beneficiarios del TPS podrían enfrentar la deportación si no se revierten estas medidas, lo que afectaría a sectores como la construcción, la atención médica y la hostelería, donde los inmigrantes representan una fuerza laboral significativa.
Venezolanos en Estados Unidos muestran mensajes a favor del Estatus de Protección Temporal (TPS), en una fotografía de archivo. EFE/Cristóbal Herrera
Impacto en las comunidades y protestas
Las políticas de deportación y los fallos judiciales han desencadenado protestas en todo el país. En el aeropuerto de Tweed, en Connecticut, cientos de manifestantes se reunieron para exigir la suspensión de los vuelos de deportación operados por Avelo Airlines. Los activistas, respaldados por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), denunciaron que estos vuelos trasladan a inmigrantes a destinos sin vínculos culturales o familiares, lo que aumenta su vulnerabilidad. “No podemos permitir que se deshumanice a las personas por políticas migratorias arbitrarias”, afirmó un portavoz de la protesta.
Las manifestaciones no se limitan a Tweed. En ciudades como Miami, Los Ángeles y Nueva York, comunidades de inmigrantes han organizado marchas para exigir una reforma migratoria integral. Según datos de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las deportaciones han aumentado un 20% en comparación con 2024, con un enfoque particular en inmigrantes de América Latina y el Caribe. Este incremento ha generado tensiones diplomáticas, especialmente con países que rechazan recibir a deportados sin ciudadanía o conexión histórica.
Contexto y desafíos legales
Las deportaciones a terceros países no son un fenómeno nuevo, pero su intensificación bajo la administración actual ha generado un escrutinio sin precedentes. La Convención de Ginebra de 1951, que EE. UU. ha ratificado, establece que los refugiados no deben ser enviados a países donde enfrenten persecución o peligro. Sin embargo, la práctica de enviar inmigrantes a terceros países, como parte de acuerdos bilaterales con naciones como Guatemala o El Salvador, ha sido criticada por violar estos principios.
Por otro lado, los fallos de la Suprema Corte reflejan un cambio en la interpretación de las leyes migratorias, priorizando la autoridad ejecutiva sobre las protecciones individuales. Abogados de inmigración, como los de la Red Nacional de Organización de Inmigrantes, advierten que estas decisiones podrían sentar un precedente para futuras restricciones, afectando no solo al TPS, sino también a programas como DACA, que protege a los soñadores.
Perspectivas internacionales y locales
La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha instado a EE. UU. a revisar sus políticas de deportación, argumentando que enviar inmigrantes a países sin vínculos puede constituir una violación de los derechos humanos. Países como Venezuela y Haití, que enfrentan crisis políticas y económicas, han expresado su incapacidad para recibir a deportados, lo que complica aún más la situación.
En el ámbito local, las comunidades de inmigrantes enfrentan un clima de incertidumbre. En estados como Florida y Texas, donde residen grandes poblaciones de beneficiarios del TPS, las autoridades locales han intentado mitigar el impacto mediante programas de asistencia legal. Sin embargo, la falta de recursos y la sobrecarga de los sistemas judiciales limitan estas iniciativas. Según el Instituto de Política Migratoria, el costo económico de deportar a beneficiarios del TPS podría superar los 45 mil millones de dólares en pérdidas para el PIB de EE. UU. en la próxima década.