EN PORTADA: ICE AMENAZA A EMPRESAS

ICE perseguirá a empresas que empleen migrantes «ilegales» porque «los explotan».

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El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha declarado una nueva ofensiva contra las empresas que emplean a migrantes en situación irregular, acusándolas de explotar a trabajadores que “vinieron en busca de una vida mejor”. En una entrevista exclusiva con CBS News, el director interino de ICE, Todd Lyons, afirmó que su agencia no solo se enfocará en los trabajadores indocumentados, sino también en las compañías estadounidenses que, según él, cometen un “delito no exento de víctimas” al aprovecharse de ellos.

Lyons señaló que las investigaciones sobre estas contrataciones a menudo revelan casos graves de trabajo forzoso y tráfico de niños, lo que justifica la intensificación de las redadas en lugares de trabajo. “No solo nos centramos en las personas que trabajan aquí ilegalmente, sino en las empresas que explotan a estos trabajadores”, aseguró. Esta postura marca un giro significativo en la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que busca cumplir su promesa de campaña de deportar a un millón de migrantes en 2025.

Redadas recientes y críticas

La declaración de Lyons llega tras una operación en granjas de cannabis legales en el sur de California, donde se detuvo a más de 300 migrantes, incluyendo diez menores, presuntamente en situación irregular. Estas redadas, que tuvieron lugar en un estado donde el cultivo de cannabis es legal, han generado controversia por su impacto en comunidades inmigrantes y negocios locales. Según Lyons, estas operaciones se basan en órdenes judiciales dirigidas a empleadores sospechosos de prácticas ilegales, pero también han resultado en detenciones “colaterales” de personas sin antecedentes penales.

El aumento de estas detenciones ha desatado críticas de defensores de los derechos de los migrantes, quienes argumentan que la política de ICE afecta desproporcionadamente a personas sin historial criminal. Datos internos obtenidos por CBS News revelan que, desde que Trump asumió su segundo mandato en enero, ICE ha deportado a unas 150,000 personas, de las cuales más de la mitad no tenían condenas penales. Esto contradice la retórica de la administración, que asegura priorizar a los “peores delincuentes”.

Políticas de santuario bajo fuego

Lyons atribuyó el aumento de detenciones en comunidades a las políticas de “ciudades santuario”, que limitan la cooperación entre las autoridades locales y ICE. Según el director, estas políticas obligan a los agentes a realizar operativos directamente en vecindarios, lo que lleva a arrestos de personas que no eran el objetivo inicial. “Nos encantaría centrarnos en los delincuentes que ya están en cárceles, pero las políticas santuario nos fuerzan a salir a la calle”, afirmó Lyons.

Esta crítica ha reavivado el debate sobre las ciudades santuario, como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, donde alcaldes como Eric Adams han defendido un equilibrio entre proteger a los migrantes y garantizar la seguridad pública. Sin embargo, la administración Trump, respaldada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el “zar fronterizo” Tom Homan, ha intensificado la presión sobre estas jurisdicciones, prometiendo aumentar la presencia de agentes federales. En Nueva York, por ejemplo, se reportaron 1,200 arrestos en un solo día en enero, de los cuales casi la mitad no involucraban delitos penales.

Impacto en los negocios y las comunidades

La ofensiva de ICE contra empresas ha generado preocupación en sectores que dependen de la mano de obra migrante, como la agricultura y la hostelería. En junio, la administración Trump ordenó una pausa breve en las redadas en granjas, hoteles y restaurantes tras quejas de empresarios, pero esta medida duró solo días. Lyons aclaró que no hay prohibición sobre operativos en lugares de trabajo y que las acciones continuarán, especialmente cuando se sospeche de explotación laboral o tráfico humano.

Un caso destacado ocurrió en Arizona, donde una investigación de tres años culminó con la detención de dueños de cinco restaurantes Colt Grill por prácticas laborales ilegales. ICE impuso multas de más de un millón de dólares a negocios que contratan trabajadores indocumentados desde enero, según un comunicado de la agencia.

Sin embargo, expertos como Ariel Ruiz Soto, del Migration Policy Institute, señalan que estas redadas afectan más a pequeños negocios que a grandes corporaciones, ya que los primeros tienen menos recursos para defenderse legalmente. Esto ha generado temor entre los dueños de pequeñas empresas, como un taller de reparación de autos en Filadelfia, donde ICE arrestó a toda la plantilla en febrero.

El objetivo de un millón de deportaciones

El ambicioso plan de deportar un millón de personas, respaldado por un presupuesto de $28 mil millones para ICE, ha requerido la movilización de recursos sin precedentes. El Congreso aprobó un paquete de $170 mil millones para seguridad fronteriza, permitiendo contratar a 20,000 agentes adicionales y duplicar la capacidad de detención a 100,000 personas diarias.

A pesar de las afirmaciones de Lyons sobre priorizar a criminales, el análisis de The Washington Post indica que más de la mitad de los detenidos desde enero no tienen condenas penales, y la proporción de arrestos de no criminales ha aumentado desde mayo. Esto se debe, en parte, a las órdenes de la Casa Blanca de alcanzar 3,000 arrestos diarios, una meta impulsada por el asesor Stephen Miller.

Reacciones y desafíos legales

Las tácticas de ICE han generado protestas en ciudades como Los Ángeles, donde residentes han organizado redes de alerta para reportar redadas. En un incidente en San Diego, una operación en un restaurante italiano desató enfrentamientos con manifestantes, y el alcalde Todd Gloria criticó la acción por generar miedo en la comunidad.

Grupos de defensa, como la American Immigration Lawyers Association, han reportado que los migrantes detenidos enfrentan dificultades para acceder a abogados, especialmente en centros remotos como “Alligator Alcatraz” en Florida. Además, varias demandas han cuestionado la legalidad de las políticas de detención masiva, incluyendo la negación de audiencias de fianza para millones de migrantes.

Un futuro incierto

La estrategia de ICE de perseguir tanto a trabajadores como a empleadores refleja el endurecimiento de la política migratoria bajo Trump, pero también expone tensiones con comunidades locales y sectores económicos. Mientras Lyons defiende las redadas como una forma de combatir la explotación, críticos argumentan que estas medidas siembran temor y desestabilizan a familias trabajadoras. Con el objetivo de un millón de deportaciones en el horizonte, el debate sobre la inmigración promete intensificarse, enfrentando a la administración con un creciente rechazo en tribunales y en las calles.