Enfrentamiento plantea preguntas cruciales sobre el futuro de la educación superior en EE.UU. Harvard rechazó una serie de exigencias del gobierno lo que desembocó en la congelación de millones en subvenciones. Situación parece destinada a resolverse en los tribunales.
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El enfrentamiento entre la Universidad de Harvard y el gobierno del presidente Donald Trump ha escalado a un punto crítico, planteando preguntas cruciales sobre el poder gubernamental y el futuro de la educación superior en Estados Unidos. El 14 de abril, Harvard rechazó una serie de exigencias del gobierno, desencadenando la congelación de $2.2 mil millones en subvenciones federales y $60 millones en contratos. Universidades como Stanford han seguido su ejemplo, y figuras como el expresidente Barack Obama han respaldado a la institución. Con la disputa encaminada hacia los tribunales, este conflicto podría redefinir la autonomía académica en el país.
El conflicto comenzó cuando el gobierno de Trump, a través de los Departamentos de Educación, Salud y Servicios Humanos, y la Administración de Servicios Generales, exigió a Harvard cambios drásticos en sus políticas. Entre las demandas estaban la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), la prohibición de máscaras en protestas estudiantiles, auditorías de las opiniones de estudiantes y profesores, y la notificación inmediata de infracciones por parte de estudiantes internacionales. La administración justificó estas medidas como una respuesta al supuesto “antisemitismo desenfrenado” en el campus, ligado a protestas pro-palestinas en 2023 y 2024, que, según el gobierno, violan el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
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Harvard, bajo el liderazgo de su presidente Alan Garber, respondió con un rechazo categórico. En un comunicado, Garber afirmó: “No cederemos nuestra independencia ni renunciaremos a nuestros derechos constitucionales”. La universidad argumentó que las exigencias violan la Primera Enmienda y exceden la autoridad legal del gobierno. Harvard destacó sus esfuerzos para combatir el antisemitismo, incluyendo la contratación de personal especializado y sanciones por violaciones a las políticas del campus, pero se negó a aceptar lo que calificó como un intento de controlar su vida intelectual.
La respuesta del gobierno fue inmediata. Horas después del rechazo de Harvard, la Fuerza Conjunta para Combatir el Antisemitismo, creada por la administración Trump, congeló $2.2 mil millones en fondos federales destinados a investigaciones en tuberculosis, diabetes, cáncer y exploración espacial, junto con $60 millones en contratos. Esta medida afecta no solo a Harvard, sino también a hospitales afiliados como Massachusetts General, Dana-Farber Cancer Institute y Boston Children’s, que dependen de estos fondos para investigaciones médicas críticas.
El impacto es profundo. David Walt, profesor de la Escuela Médica de Harvard, perdió cientos de miles de dólares en fondos de investigación apenas dos meses después de recibir un reconocimiento nacional por logros tecnológicos. Anne Klibanski, CEO de Mass General Brigham, expresó preocupación por la incertidumbre, aunque el Departamento de Educación aclaró que los hospitales afiliados no se verían directamente afectados.
La postura de Harvard ha inspirado a otras universidades. Stanford, liderada por el presidente Jonathan Levin y la rectora Jenny Martinez, rechazó demandas similares, declarando que “el cambio constructivo no se logra destruyendo la capacidad de investigación científica del país”. El MIT también se unió a la resistencia, mientras que Columbia, que inicialmente cedió a algunas exigencias tras una congelación de $400 millones, emitió un comunicado el 15 de abril reafirmando su compromiso con la autonomía.
El expresidente Barack Obama, graduado de la Facultad de Derecho de Harvard, calificó la congelación de fondos como “ilegal y torpe” en una publicación en redes sociales, instando a otras universidades a resistir. El senador Bernie Sanders elogió a Harvard por “rechazar el autoritarismo de Trump”, y profesores de Yale exigieron a su liderazgo desafiar legalmente las demandas del gobierno.
La disputa parece destinada a resolverse en los tribunales. Profesores de Harvard presentaron una demanda la semana pasada, argumentando que la revisión de $9 mil millones en fondos federales viola la libertad de expresión y la autonomía académica. Demandas similares han surgido en Columbia, y se espera que otras universidades se unan. Michael Luttig, exjuez federal, calificó la resistencia de Harvard como “de trascendental importancia”, sugiriendo que podría forzar a la Corte Suprema a pronunciarse contra las acciones del gobierno.
El gobierno, sin embargo, no cede. Trump amenazó con revocar el estatus de exención fiscal de Harvard, lo que podría costarle millones de dólares anuales. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en que Harvard debe disculparse por su supuesta “tolerancia al antisemitismo”. Otras universidades de la Ivy League, como Princeton y Brown, enfrentan revisiones similares.
Con un fondo patrimonial de $53.2 mil millones, Harvard está mejor posicionada que otras universidades para resistir la presión financiera. Sin embargo, el 37% de sus gastos operativos en 2024 dependieron de este fondo, y las restricciones en su uso limitan su capacidad para compensar la pérdida de fondos federales. Investigadores como Katie Edwards, de la Universidad de Michigan, advierten que la cancelación de subvenciones podría ser “catastrófica” para la innovación estadounidense, especialmente en biomedicina.
HARVARD VS. TRUMP: RESISTENCIA
Para Harvard, el costo de resistir es alto, pero ceder podría ser aún más costoso. Como señaló el ex presidente de Harvard, Larry Summers, “si Harvard no puede resistir, ¿quién puede?”. Este enfrentamiento podría establecer un precedente sobre el alcance del control gubernamental sobre universidades privadas, con implicaciones para la academia, la economía y la competitividad global de Estados Unidos.
Mientras las partes se preparan para una batalla legal, el mundo académico observa con atención. La resistencia de Harvard, respaldada por Stanford, Obama y otros, ha galvanizado a la comunidad académica, pero también ha intensificado la cruzada de Trump contra lo que él llama “el imperio liberal woke”. El resultado de este choque definirá el futuro de la libertad intelectual en Estados Unidos. ¿Podrá Harvard mantenerse firme, o marcará este conflicto el comienzo de una nueva era de intervención gubernamental en la educación superior?
