EN PORTADA: DREAMERS BAJO ATAQUE

El DHS endurece su enfoque hacia DACA y llama a los ‘dreamers’ a «autodeportarse».

LEE LA EDICIÓN DIGITAL CON SOLO UN CLIC

En un giro alarmante para los cerca de 530,000 beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha adoptado una postura más dura hacia los conocidos como dreamers, jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños. En recientes declaraciones, el DHS ha instado a estos jóvenes a “autodeportarse”, marcando un cambio significativo en el enfoque hacia un grupo que, durante más de una década, ha vivido y contribuido al país bajo la protección temporal de DACA. Este endurecimiento de políticas, combinado con recientes detenciones y restricciones, ha generado una ola de incertidumbre y temor entre los dreamers y sus comunidades.

El origen de DACA y su impacto

DACA fue establecido el 15 de junio de 2012 por la administración del presidente Barack Obama como una medida ejecutiva para proteger de la deportación a jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años y cumplían con ciertos requisitos, como haber residido continuamente en el país desde el 15 de junio de 2007, no tener antecedentes penales graves y estar inscritos en la escuela o haber completado estudios secundarios. El programa no otorga un estatus legal permanente ni un camino hacia la ciudadanía, pero permite a los beneficiarios obtener permisos de trabajo renovables cada dos años, licencias de conducir y números de Seguro Social, lo que les ha permitido integrarse en la sociedad estadounidense, acceder a empleos, pagar impuestos y contribuir a la economía. Según FWD.us, los beneficiarios de DACA han aportado $108,000 millones en salarios y $33,000 millones en impuestos desde 2012.

Desde su creación, DACA ha beneficiado a aproximadamente 832,881 jóvenes, la mayoría de origen mexicano, seguidos por nacionales de El Salvador, Guatemala y Honduras. Sin embargo, el programa ha enfrentado constantes desafíos legales y políticos. En 2017, la administración Trump intentó eliminarlo, argumentando que era inconstitucional, pero la Corte Suprema bloqueó esta acción en 2020, permitiendo que los beneficiarios existentes continuaran renovando sus permisos. A pesar de ello, en julio de 2021, un juez federal de Texas, Andrew Hanen, dictaminó que DACA era ilegal, prohibiendo nuevas solicitudes mientras permitía que los beneficiarios actuales mantuvieran sus protecciones.

El nuevo enfoque del DHS

En los últimos meses, la administración actual ha intensificado las medidas contra los dreamers. Según un reporte de NPR, la subsecretaria de prensa del DHS, Tricia McLaughlin, declaró que “DACA no confiere ningún tipo de estatus legal en este país” y alentó a “toda persona que se encuentre ilegalmente” a autodeportarse. Esta declaración marca un cambio drástico en la narrativa oficial, que anteriormente había reconocido a los dreamers como un grupo de baja prioridad para la deportación debido a su integración en la sociedad estadounidense.

Este endurecimiento se refleja en acciones concretas. En julio, Erick Hernández, un beneficiario de DACA de 34 años, fue detenido tras cruzar accidentalmente la frontera con México mientras trabajaba como conductor de un servicio de transporte compartido. A pesar de no tener antecedentes penales, Hernández enfrenta ahora un proceso de deportación acelerada y está recluido en el Centro de Detención de Otay Mesa, en California. Su caso ha sido señalado por organizaciones como United We Dream como parte de un “patrón creciente” de vulnerabilidad para los dreamers.

Además, el DHS ha iniciado investigaciones contra cinco universidades estadounidenses para determinar si otorgan becas exclusivamente a estudiantes indocumentados o beneficiarios de DACA, una medida que busca limitar el acceso de estos jóvenes a la educación superior. Estas acciones se suman a los esfuerzos recientes para restringir el acceso de los dreamers a beneficios como la cobertura médica, lo que agrava su precaria situación.

Respuesta de la comunidad y el panorama legal

La retórica y las políticas del DHS han generado una respuesta contundente por parte de defensores de los derechos de los inmigrantes. Anabel Mendoza, directora de comunicaciones de United We Dream, destacó que las recientes detenciones y los comentarios de la administración subrayan la necesidad urgente de aprobar protecciones permanentes para los dreamers, incluyendo un camino hacia la ciudadanía. “Estas acciones están poniendo de manifiesto las vulnerabilidades a las que se enfrentan los beneficiarios de DACA bajo la política de inmigración actual”, afirmó Mendoza.

El panorama legal sigue siendo incierto. El 17 de enero, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dictaminó que la protección contra la deportación de DACA es legal, pero que la autorización de trabajo no lo es, y limitó su decisión al estado de Texas. Esta resolución mantiene la prohibición de procesar nuevas solicitudes de DACA, mientras que las renovaciones para beneficiarios existentes continúan siendo aceptadas y procesadas. El caso está encaminado a la Corte Suprema, donde se espera una decisión no antes del verano de 2025. Dado que la Corte Suprema cuenta con una mayoría conservadora (seis jueces republicanos frente a tres demócratas), los expertos temen que el programa pueda ser completamente eliminado.

El impacto humano

Más allá de las batallas legales, el impacto humano de estas políticas es profundo. Los dreamers son maestros, enfermeros, pequeños empresarios y miembros activos de sus comunidades. Según el Centro de Investigación Pew, hasta 2022, el 77% de los inmigrantes en Estados Unidos estaban en el país de manera legal, pero los dreamers sin DACA o con protecciones temporales viven en un constante estado de incertidumbre.

Casos como el de Hernández ilustran la fragilidad de su situación. Su abogado, Sigamani, denunció que las autoridades de inmigración en la frontera intentaron extorsionar a Hernández con un soborno de $800 para permitirle regresar a Estados Unidos, un país que considera su hogar tras 20 años de residencia. La negación de Hernández a pagar resultó en su detención, lo que le impedirá estar presente en el nacimiento de su hijo.

El futuro de los dreamers

A pesar de la retórica dura, el presidente Trump ha expresado en ocasiones un interés en encontrar una solución para los dreamers. En diciembre de 2024, afirmó que trabajaría en un plan para ellos, aunque un portavoz de la Casa Blanca señaló que no es una prioridad frente a la deportación de “extranjeros ilegales delincuentes”. Sin embargo, la opinión pública sigue siendo favorable a los dreamers: encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses apoyan otorgarles residencia legal permanente y un camino hacia la ciudadanía.

Organizaciones como TheDream.US y United We Dream continúan abogando por una legislación como la Ley DREAM, que desde 2001 ha buscado sin éxito proporcionar un estatus legal permanente a los dreamers. La versión más reciente de esta ley fue aprobada por la Cámara de Representantes en 2021, pero sigue estancada en el Senado.

Un llamado a la acción

Mientras el destino de DACA pende de un hilo, los dreamers enfrentan un futuro incierto. La comunidad inmigrante y sus aliados instan al Congreso a actuar con urgencia para aprobar una solución legislativa que ofrezca estabilidad y justicia a estos jóvenes que han construido sus vidas en Estados Unidos. Como señaló Gaby Pacheco, presidenta de TheDream.US, “dar a los dreamers la oportunidad de tener éxito no solo beneficia a nuestras familias y comunidades, sino que fortalece la economía de nuestra nación”.

El mensaje es claro: los dreamers no son solo números en un debate político; son parte integral del tejido social estadounidense. La pregunta ahora es si el país optará por reconocer sus contribuciones con protecciones permanentes o continuará dejando sus futuros en el limbo.