EN PORTADA: DINERO PARA AUTODEPORTARSE: ¿TRATO DIGNO?
Ante propuesta gubernamental de dar mil dólares a indocumentados, ¿es realmente un trato viable y justo ante sus derechos?. Además, ¿cuáles son las otras medidas que Trump ha tomado para impedirles vivir en el país?
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La administración del presidente Donald Trump ha lanzado una propuesta que ha generado intensos debates en Estados Unidos: ofrecer 1,000 dólares y un boleto de avión a migrantes indocumentados que decidan “autodeportarse” voluntariamente. Esta medida, presentada como una alternativa pragmática a las deportaciones forzadas, promete reducir costos y facilitar la salida de millones de personas sin estatus legal.
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Sin embargo, la pregunta persiste: ¿es esta oferta un trato digno y viable, o simplemente una estrategia para presionar a los indocumentados a abandonar el país sin abordar las causas estructurales de la migración? Además, ¿cuáles son las otras medidas implementadas por Trump para restringir la vida de los indocumentados en EE.UU.?
Un incentivo económico con trasfondo político
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), liderado por la secretaria Kristi Noem, anunció el programa de autodeportación, como parte de una campaña publicitaria de 200 millones de dólares. Según el DHS, los migrantes que acepten la oferta deberán confirmar su salida a través de la aplicación CBP Home, que reemplazó a CBP One.
Esta app, descargada 300,000 veces desde principios de 2025, permite a los usuarios reportar su intención de salir, verificar su ubicación fuera de EE.UU. con datos de geolocalización y recibir asistencia logística. Hasta la fecha, al menos 5,000 personas han iniciado el proceso de salida voluntaria, y un migrante hondureño ya regresó a su país desde Chicago bajo este programa.
La administración argumenta que esta medida ahorra recursos al evitar los costos de arrestos, detenciones y vuelos fletados para deportaciones forzadas. Noem afirmó: “Si estás aquí ilegalmente, la autodeportación es la mejor forma, la más segura y la más rentable de salir de Estados Unidos para evitar la detención”.
Sin embargo, organizaciones de derechos civiles, como el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), advierten que el programa podría ser una trampa. La información proporcionada a través de CBP Home podría usarse para identificar y detener a quienes no completen el proceso, aumentando el riesgo de deportaciones forzadas.
¿Un trato justo? Los derechos en juego
La propuesta de los 1,000 dólares plantea serias dudas sobre su viabilidad y justicia. Para muchos migrantes, esta cantidad es insuficiente para reiniciar sus vidas en sus países de origen, especialmente si enfrentan condiciones de pobreza, violencia o inestabilidad política. Además, la promesa de Trump de que los migrantes “buenos” podrían regresar legalmente carece de claridad.
El presidente ha mencionado en entrevistas que trabajaría con aquellos que demuestren ser “buenas personas” para facilitar su reingreso, pero no ha especificado criterios ni procesos legales para ello.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la oferta de autodeportación vulnera el principio del debido proceso. Los indocumentados en EE.UU. tienen derecho a una audiencia judicial antes de ser expulsados, pero el programa incentiva la salida sin garantizar acceso a este derecho.
Raquel Lane-Arellano, portavoz de una organización de defensa de migrantes, señaló: “Recomendamos consultar con un abogado antes de usar la aplicación. Es una herramienta que genera incertidumbre y podría intensificar las deportaciones”.
Asimismo, la medida no aborda las razones estructurales de la migración, como la desigualdad económica o los conflictos en los países de origen. Según el Pew Research Center, cerca del 80% de los 11 millones de indocumentados en EE.UU. llevan más de una década en el país, con profundas raíces familiares y laborales. Forzar su salida con un incentivo económico no resuelve la complejidad de un sistema migratorio disfuncional.
Otras medidas
La autodeportación es solo una de las múltiples estrategias de la administración Trump para restringir la presencia de indocumentados. Desde su toma de posesión el 20 de enero de 2025, el presidente ha implementado una serie de medidas migratorias agresivas:
- Cancelación de programas humanitarios: Trump revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 330,000 personas, principalmente de El Salvador, Honduras y Haití. Estas decisiones dejaron a millones sin estatus legal, obligándolos a salir o enfrentar deportaciones.
- Registro obligatorio y sanciones: Desde febrero de 2025, los indocumentados mayores de 14 años deben inscribirse en un registro federal, proporcionando datos personales y huellas dactilares. Quienes no cumplan enfrentan multas o hasta seis meses de cárcel. Organizaciones como el NILC advierten que este registro podría usarse para facilitar detenciones masivas.
- Expansión de la remoción expedita: La administración ha ampliado el programa de “remoción expedita”, que permite deportar rápidamente a indocumentados sin audiencia judicial si no pueden probar más de dos años de residencia en EE.UU. Esto, combinado con redadas en vecindarios y lugares de trabajo, ha intensificado el temor en las comunidades migrantes.
- Restricciones de viaje: Desde febrero, los indocumentados solo pueden abordar vuelos nacionales para autodeportarse, eliminando la posibilidad de usar CBP One como identificación para viajes internos. Esta medida refuerza la presión para que abandonen el país.
- Emergencia nacional y militarización: Trump declaró una emergencia migratoria en la frontera con México, autorizando el despliegue de militares para redadas y reactivando el programa “Remain in Mexico”, que obliga a solicitantes de asilo a esperar en México durante sus procesos.
- Ataques a la ciudadanía por nacimiento: Aunque bloqueada por tribunales, una orden ejecutiva buscó eliminar la ciudadanía automática para hijos de indocumentados nacidos en EE.UU., desafiando la 14ª Enmienda.
Con 140,000 deportaciones reportadas desde enero de 2025, la administración Trump está lejos de cumplir su promesa de expulsar a millones. Sin embargo, las medidas implementadas han generado un clima de miedo y desconfianza.
Los centros de detención de ICE están al 120% de su capacidad, con 47,600 detenidos, lo que evidencia los desafíos logísticos de las deportaciones masivas.
La oferta de 1,000 dólares para autodeportarse puede parecer un gesto de pragmatismo, pero no ofrece una solución justa ni sostenible. Mientras Trump insiste en que los “buenos” migrantes podrían regresar, la falta de un marco legal claro y las políticas restrictivas sugieren que esta promesa es más retórica que real.
Para los 11 millones de indocumentados, el sueño americano se desvanece bajo una administración que prioriza la exclusión sobre la inclusión.
En última instancia, el debate no solo gira en torno a la viabilidad de la autodeportación, sino a la necesidad de una reforma migratoria integral que respete los derechos humanos y reconozca las contribuciones de los indocumentados a la sociedad estadounidense. Sin ella, medidas como esta seguirán siendo parches en un sistema roto.
