El presidente Donald Trump se encuentra nuevamente en el centro de una batalla legal, esta vez por una demanda por visas para estudiantes presentada el 11 de abril en un tribunal federal de Massachusetts.
La acción, liderada por un grupo de ocho universidades —incluyendo Harvard y el MIT— y respaldada por la Asociación Americana de Universidades (AAU), cuestiona la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de revocar visas F-1 para estudiantes internacionales inscritos en programas con más del 50% de clases en línea. Según la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la medida, anunciada el 1 de marzo, afecta a cerca de 200,000 estudiantes y busca “proteger la integridad del sistema migratorio” en línea con las políticas migratorias de Trump.
La demanda por visas estudiantiles argumenta que la revocación es arbitraria y viola los derechos de los estudiantes, muchos de los cuales ya han pagado matrículas y enfrentan la deportación si no cumplen con los nuevos requisitos. “Esta política castiga a estudiantes que no tienen control sobre los formatos académicos”, afirmó la presidenta de Harvard, Claudine Gay, en un comunicado de la AAU. La acción legal también señala que la norma ignora el impacto económico de los estudiantes internacionales, quienes aportan 45 mil millones de dólares anuales a la economía, según el Departamento de Comercio de EE.UU..
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El contexto recuerda una disputa similar en 2020, cuando una política parecida fue anulada tras demandas de universidades. Sin embargo, el panorama actual es más complejo. El DHS, bajo el liderazgo de Chad Wolf, justificó la medida como parte de un esfuerzo para priorizar la seguridad nacional y reducir la inmigración irregular, según un memorando interno. La Casa Blanca, en un comunicado del 10 de abril, respaldó la decisión, alegando que “los estudiantes deben estar físicamente en aulas para justificar su presencia en el país”.
Demanda por visas estudiantiles: universidades al frente
Las universidades detrás de la demanda por visas estudiantiles incluyen a Yale, Stanford, Princeton, Columbia, NYU y la Universidad de Massachusetts, que juntas representan a más de 20,000 estudiantes internacionales. La AAU destacó que la política amenaza con “desestabilizar” la educación superior, ya que muchas instituciones aún ofrecen clases híbridas debido a ajustes postpandemia. Un informe del Departamento de Educación indica que el 40% de los programas de posgrado en 2024 mantenían componentes en línea, una práctica que ahora pone en riesgo a miles de estudiantes.
La demanda por visas estudiantiles también subraya el impacto en estudiantes de países como India, China y Nigeria, que constituyen la mayoría de los visados F-1. La Oficina de Asuntos Consulares reportó que, en 2024, se emitieron 1.2 millones de visas estudiantiles, un número que podría desplomarse si la política sigue vigente. “Estamos viendo familias desesperadas, estudiantes que no saben si podrán quedarse”, señaló un representante de la Universidad de Massachusetts en la presentación legal.
Reacciones y próximos pasos
La demanda por visas estudiantiles ha generado reacciones diversas. En estados como California y Nueva York, gobernadores han expresado su apoyo a los estudiantes afectados. La gobernadora Kathy Hochul calificó la medida como “un ataque a la diversidad” de las universidades, según la Oficina del Gobernador. En contraste, legisladores republicanos como el senador Tom Cotton defendieron la política, argumentando que “las visas no deben ser una puerta trasera para permanecer indefinidamente”, según un comunicado del Comité de Asuntos Judiciales del Senado.
El caso está asignado al juez Mark Wolf, conocido por decisiones previas en temas migratorios, y una audiencia preliminar está programada para el 25 de abril, según la Oficina del Tribunal Federal de Massachusetts. Mientras tanto, el DHS ha indicado que no suspenderá la aplicación de la norma hasta que haya una resolución judicial. La American Immigration Lawyers Association (AILA) estima que, sin una intervención rápida, miles de estudiantes podrían enfrentar órdenes de salida antes del verano.
En campuses como el MIT, los estudiantes han organizado vigilias para visibilizar su situación, según la Oficina de Asuntos Estudiantiles. La demanda por visas estudiantiles no solo pone a prueba las políticas de Trump, sino que también reaviva el debate sobre el rol de EE.UU. como destino educativo global. Mientras el tribunal prepara su fallo, las universidades y sus estudiantes esperan un desenlace que podría cambiar el panorama académico del país.
