El gobierno de Donald Trump ha fijado una meta ambiciosa para 2025: alcanzar un millón de deportaciones de migrantes indocumentados, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta cifra, que duplicaría el récord histórico de 400,000 expulsiones registrado en 2011 bajo la administración de Barack Obama, refleja el endurecimiento de las políticas migratorias en el segundo mandato del presidente. En un contexto de tensiones crecientes, las autoridades federales están negociando con al menos 30 países para facilitar la recepción de deportados, mientras enfrentan retos legales, financieros y logísticos que podrían complicar el objetivo.
Desde que asumió el cargo en enero de 2025, Trump ha intensificado las operaciones de la Immigration and Customs Enforcement (ICE), que reportó 113,000 detenciones de migrantes entre el 20 de enero y principios de abril, según un portavoz del DHS. Aunque el ritmo actual de deportaciones, con unas 37,660 personas expulsadas en el primer mes, está por debajo del promedio mensual de 57,000 logrado por la administración de Joe Biden en 2024, las autoridades aseguran que el número aumentará. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, destacó que el enfoque inicial está en migrantes con antecedentes penales, aunque datos recientes muestran que más del 40% de los deportados hasta mediados de febrero no tenían condenas.
Deportaciones: retos logísticos y financieros
Lograr un millón de deportaciones requeriría una expansión masiva del sistema migratorio. El American Immigration Council estima que deportar a un millón de personas al año costaría $88,000 millones, casi cuatro veces el presupuesto anual de la NASA. Actualmente, los centros de detención de la ICE están al límite, con 41,100 migrantes en custodia, apenas 400 por debajo de su capacidad máxima, según un alto funcionario de la agencia. Para abordar esto, el gobierno planea construir nuevas instalaciones, con Texas ofreciéndose como sede para centros a gran escala.
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Además, la ICE enfrenta una escasez de personal y recursos. La administración ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar expulsiones, pero un juez federal bloqueó temporalmente esta medida en marzo, argumentando posibles violaciones al debido proceso. La Oficina de Revisión de Casos de Inmigración reporta que hay 1.5 millones de casos pendientes en cortes migratorias, lo que podría retrasar los procesos si los migrantes ejercen su derecho a una audiencia judicial. Negociaciones con países como El Salvador, Guatemala y Panamá buscan agilizar la recepción de deportados, pero algunos gobiernos han mostrado resistencia, complicando los planes.
Deportaciones: impacto en las comunidades
Las comunidades migrantes, especialmente en estados como California, Florida y Nueva York, están en alerta. En Miami, la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 300,000 venezolanos, ordenada por Noem, ha generado temor entre familias que ahora enfrentan la posibilidad de ser deportadas antes del 7 de abril. En Los Ángeles, la Oficina del Alcalde Karen Bass ha reforzado su compromiso con las ciudades santuario, limitando la cooperación con la ICE, una medida que el gobierno federal ha prometido desafiar.
Organizaciones comunitarias, como la New York Immigration Coalition, han reportado un aumento del 50% en consultas legales desde enero, con migrantes buscando protegerse ante redadas. En Chicago, la Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights está capacitando a residentes sobre sus derechos, incluyendo el derecho a permanecer en silencio durante encuentros con agentes migratorios. La Arquidiócesis de Los Ángeles confirmó que 15 parroquias están ofreciendo refugio temporal y asistencia legal a familias afectadas.
Un millón de deportaciones: debate nacional
El plan también ha encendido un debate económico. El Departamento de Agricultura y el Departamento del Trabajo indican que casi la mitad de los trabajadores agrícolas en EE.UU. son indocumentados, y su expulsión podría disparar los precios de los alimentos. En la construcción, donde el 20% de la fuerza laboral carece de estatus legal, las deportaciones podrían agravar la escasez de viviendas. La Cámara de Comercio de EE.UU. ha instado al gobierno a considerar exenciones para sectores críticos, pero no ha recibido respuesta oficial.
A medida que el gobierno avanza, eventos como el próximo Desfile del Día de Acción de Gracias en Nueva York o las celebraciones de Semana Santa podrían verse afectados por un clima de incertidumbre. Las políticas de un millón de deportaciones están transformando el paisaje social y económico del país, mientras las autoridades locales, organizaciones y migrantes se preparan para un año de desafíos sin precedentes.
