Pablo, un hombre que se ha mantenido en el anonimato por miedo a represalias, no sabe qué pasará con su vida si es deportado a Honduras. Para él, la amenaza de ser enviado de vuelta a su país es una condena de muerte. Durante años, ha colaborado con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, lo que le ha valido el odio y la venganza de los criminales con los que una vez estuvo involucrado en Honduras.
La amenaza constante para los informantes
Pablo pasa las noches en vela, preocupado no solo por su vida, sino también por la de su familia. Mientras trabaja en la construcción, su mente está constantemente atrapada por el miedo. «Gracias a Dios, la oportunidad de estar en este país ha sido lo mejor. Mi enfoque siempre ha sido mi familia, mi trabajo e ir a la iglesia», comenta en una entrevista con Noticias Telemundo.
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A lo largo de su vida, Pablo ha proporcionado información clave a las autoridades estadounidenses, que, entre otras cosas, permitió la captura de un importante narcotraficante hondureño. Sin embargo, esta colaboración con las fuerzas del orden lo ha puesto en una posición vulnerable. «Si el día de mañana me llegan a expulsar para un lugar de esos, no sé qué va a pasar conmigo. Mi problema no es pequeño, sino que es un problema de vida o muerte», asegura.
La situación de Pablo no es única. Otros informantes, en su mayoría migrantes que han colaborado con agencias federales como la DEA, enfrentan un futuro incierto y peligroso, con la constante amenaza de ser deportados y entregados a las organizaciones criminales a las que traicionaron.
Fotografía de archivo de un agente de la DEA. EFE/Peter DaSilva
La difícil realidad de los informantes extranjeros
En Estados Unidos, las agencias federales como el FBI y la DEA dependen en gran medida de la colaboración de informantes confidenciales para llevar a cabo investigaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado. Estos informantes son cruciales para el éxito de las operaciones, pero también se enfrentan a graves riesgos, especialmente cuando son migrantes de países con altos índices de violencia.
Arturo Fontes, un exagente del FBI, explica: «Nosotros decimos siempre que los informantes son las ruedas, y el Gobierno es el carro. Sin las ruedas, el carro no puede avanzar». Sin embargo, estos informantes no siempre reciben la protección que necesitan. Según expertos, las leyes estadounidenses permiten que los informantes extranjeros soliciten visas especiales para permanecer en el país, pero el proceso es largo y complicado. De hecho, solo 200 visas S se expiden cada año, y muchas de las solicitudes son rechazadas.
Los riesgos de la deportación
Pablo, al igual que otros informantes, está en constante riesgo de ser deportado. «Muchos de estos migrantes tienen mucho riesgo, especialmente si son de ciertas regiones del mundo como América Central», afirma el abogado Javier Maldonado. «Tienen una gran preocupación sobre su regreso a esos países». La situación es aún más grave debido a la postura del gobierno de Donald Trump, que ha implementado un plan de deportación masivo, lo que aumenta la angustia entre los informantes que han colaborado con las autoridades.
Por su parte, el exagente de la DEA, Rocky Herron, sostiene que en su carrera nunca tuvo una investigación sin informantes. «Todas las investigaciones dependen de ellos», explica. Sin embargo, la realidad es que muchos de estos informantes no reciben la protección que merecen, y su futuro se ve amenazado por las políticas migratorias restrictivas y la falta de una red de seguridad adecuada.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA/Aaron Schwartz
El dilema de los informantes y su futuro incierto
Los informantes que colaboran con agencias federales enfrentan un dilema: arriesgar sus vidas para ayudar a las autoridades y, al mismo tiempo, temer por su seguridad al ser expulsados del país. La historia de Pablo es solo una de muchas, y refleja la compleja relación entre el sistema de justicia de Estados Unidos y las personas que arriesgan todo por ayudar a combatir el narcotráfico.
«Si no fuera por lo que pudimos hacer algún día, tal vez ellos no hubieran arrestado a nadie», dice Pablo, refiriéndose a su cooperación con la DEA. Sin embargo, la falta de garantías de seguridad y la incertidumbre sobre su futuro hacen que muchos informantes se sientan abandonados por el sistema. «No tenemos buenas protecciones», señala Alexandra Natapoff, académica de la Universidad de Harvard, quien ha estudiado la situación de los informantes. «Muchos de ellos, especialmente los más vulnerables, han sido presionados a cooperar, y luego no se les ofrece la protección necesaria».
La historia de otros informantes
La situación de Pablo no es aislada. Otros informantes, como el salvadoreño Ernesto Gamboa, también enfrentaron la deportación tras haber trabajado durante años con las autoridades. Gamboa, quien ayudó a desmantelar redes de narcotráfico en la costa Oeste de Estados Unidos, tuvo que luchar en los tribunales para evitar su expulsión. Otros, como Norma, una mexicana que trabajó con la DEA durante casi dos décadas, se vieron obligados a recurrir a la justicia para frenar su deportación.
El caso de Carla Deras, una salvadoreña que colaboró con ICE en la lucha contra el tráfico de menores, es otro ejemplo de cómo los informantes quedan atrapados en un limbo legal. Tras concluir su colaboración, Deras denunció que, a pesar de haber sido reclutada por las autoridades, se encontró en una situación de ilegalidad sin acceso a beneficios o protección.
