La política de inmigración vuelve al centro del debate en Estados Unidos. Esta vez, la noticia que genera preocupación y controversia gira en torno a que Trump planea multar a migrantes que no abandonen el país tras recibir una orden de deportación. Según documentos revisados por Reuters, la multa propuesta alcanzaría los 998 dólares por día, aplicable de forma retroactiva hasta por cinco años. Es decir, un migrante que no haya cumplido la orden podría enfrentar sanciones superiores a un millón de dólares.
Estas sanciones se basan en una ley de 1996, la cual fue utilizada por primera vez durante el mandato anterior de Trump, en 2018. Aunque la administración del presidente Joe Biden había suspendido esta política al asumir en 2021, el equipo de campaña de Trump ha anunciado su intención de retomarla con fuerza si gana las elecciones en noviembre de 2024.
Además de las multas, Trump planea multar a migrantes y, si estos no pueden pagar, se contemplan embargos de bienes, incluidos inmuebles y vehículos. Según correos electrónicos obtenidos por la agencia de noticias, estas incautaciones podrían incluso afectar a ciudadanos estadounidenses que convivan en los llamados “hogares de estatus mixto”.
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Vista de inmigrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos durante un operativo en la frontera con México, en una fotografía de archivo. EFE/Allison Dinner
Trump planea multar a migrantes: impacto en comunidades y posibles soluciones legales
Actualmente, alrededor de 1.4 millones de migrantes enfrentan órdenes de deportación definitivas en Estados Unidos, muchos de los cuales tienen familias, empleos y años de residencia en el país. FWD.us, una organización proinmigrante, estima que cerca de 10 millones de personas sin estatus legal viven con ciudadanos o residentes permanentes. La propuesta de que Trump planea multar a migrantes amenaza directamente la estabilidad de estos hogares.
Scott Shuchart, exfuncionario de políticas de ICE bajo la administración Biden, advirtió que más allá de su aplicación real, la amenaza de multas diarias podría tener un efecto disuasorio o intimidante. “En realidad su objetivo no es hacer cumplir la ley, sino proyectar miedo en las comunidades”, dijo en declaraciones recientes.
El impacto económico también sería desproporcionado. Según un análisis del Instituto de Política Migratoria, el 26% de los hogares con migrantes no autorizados vive por debajo de la línea federal de pobreza. Para estas familias, una sanción de casi mil dólares diarios es simplemente impagable.
Sin embargo, organizaciones legales como la ACLU y RAICES han manifestado que los migrantes podrían impugnar las multas en tribunales federales. Además, abogados especializados en inmigración han adelantado que estas medidas podrían ser inconstitucionales si se aplican de manera retroactiva o sin el debido proceso.
Desde el Congreso, algunos demócratas ya han expresado que buscarán bloquear la implementación de esta política mediante medidas legislativas. Incluso miembros moderados del Partido Republicano se han mostrado reticentes ante una medida que podría colapsar los recursos judiciales y administrativos del Departamento de Seguridad Nacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo. EFE/Will Oliver
Trump planea multar a migrantes: ¿existen vías para protegerse?
Aunque el futuro de esta política aún es incierto —ya que depende del resultado electoral de noviembre—, organizaciones comunitarias y abogados están comenzando a preparar estrategias de defensa. En particular, han reforzado sus campañas informativas para explicar qué hacer si se recibe una orden de deportación o si se enfrenta una posible sanción económica.
Entre los recursos disponibles destacan:
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El uso de aplicaciones móviles como CBP Home (anteriormente CBP One), a través de las cuales el gobierno promueve la «autodeportación».
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Asistencia legal gratuita o de bajo costo, proporcionada por ONGs como Immigrant Defenders Law Center o el Catholic Legal Immigration Network.
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Protecciones para personas en hogares mixtos, especialmente aquellas con hijos ciudadanos estadounidenses.
Frente a este escenario, grupos como FWD.us o United We Dream han comenzado a reunir fondos para crear “fondos de defensa” que cubran las multas o provean ayuda legal urgente. Además, redes de iglesias han renovado sus programas de santuario, recordando casos pasados en los que la presión social evitó la deportación o sanción de personas en situación vulnerable.
En paralelo, líderes locales en ciudades santuario como Chicago, San Francisco y Nueva York han reafirmado su compromiso de no colaborar con las autoridades federales en la ejecución de sanciones que consideran “inhumanas y desproporcionadas”.
