Trump pide a la Corte Suprema que le permita usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones aceleradas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este viernes a la Corte Suprema autorización para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y proceder con deportaciones aceleradas de inmigrantes sospechosos de actividades hostiles contra el país. Esta petición surge después de que un juez federal bloqueara temporalmente el uso de dicha ley, generando un enfrentamiento legal sobre la deportación de más de 200 venezolanos a una prisión en El Salvador.
Invocación de una ley histórica
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La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798 durante la presidencia de John Adams, otorga al presidente amplias facultades para deportar a ciudadanos de naciones consideradas hostiles sin necesidad de audiencias judiciales. Históricamente, esta ley ha sido utilizada en tiempos de guerra, como durante la Segunda Guerra Mundial.
Controversia por deportaciones a El Salvador
La Administración Trump deportó recientemente a más de 200 inmigrantes venezolanos, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, enviándolos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Estas acciones fueron bloqueadas temporalmente por el juez federal James Boasberg, quien cuestionó la aplicación de la ley en ausencia de una declaración formal de guerra.
Respuesta de la Administración Trump
La procuradora general interina, Sarah Harris, argumentó ante la Corte Suprema que las decisiones de las cortes inferiores interfieren con las facultades presidenciales en asuntos de seguridad nacional. El Gobierno sostiene que es esencial remover a individuos involucrados en actividades hostiles para garantizar la seguridad del país.
Debate legal y reacciones
Expertos legales y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la invocación de esta ley, señalando posibles violaciones al debido proceso y discriminación basada en nacionalidad. Además, la decisión de deportar a individuos sin audiencias judiciales ha generado preocupación entre defensores de los derechos civiles.
Mientras la Corte Suprema evalúa la petición, la comunidad internacional y diversos sectores en Estados Unidos permanecen atentos al desarrollo de este caso, que podría sentar precedentes en la aplicación de leyes históricas en contextos contemporáneos.