El presidente Donald Trump ha desatado una nueva controversia en torno a sus políticas migratorias al recurrir a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a más de 200 inmigrantes venezolanos, a quienes acusa de pertenecer al temido Tren de Aragua, una de las bandas criminales más peligrosas de Venezuela.
Este viernes, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, redujo su implicación en la petición de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789 para deportar a migrantes venezolanos, declarando por vez primera que no había ratificado la proclamación, pese a respaldar la acción de su gobierno.
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«No estoy seguro de cuándo se firmó, ya que no la firmé», expresó Trump a los periodistas previo a su salida de la Casa Blanca este viernes por la noche.
El presidente ofreció sus declaraciones al ser solicitado que respondiera a la crítica del juez James Boasberg en el tribunal este viernes, quien afirmó que la proclamación fue «firmada en la oscuridad» de la noche y que los migrantes se apresuraron a subir a los aviones.
«Deseamos expulsar a los delincuentes de nuestro país, número uno, y desconozco cuándo se ratificó ya que no la firmé», expresó Trump. «Otros se ocuparon de eso, pero Marco Rubio ha realizado un gran trabajo y él deseaba que se marcharan, y estamos de acuerdo con ello. Deseamos expulsar a los delincuentes de nuestro país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la Casa Blanca, este 21 de marzo de 2025. EFE/Yuri Gripas/Pool
¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros y por qué se invoca ahora?
La Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en 1798, es una normativa que otorga al presidente de Estados Unidos el poder para ordenar la detención y deportación de ciudadanos de países con los que EE.UU. esté en guerra o tenga conflictos bélicos. A lo largo de los años, esta ley ha sido utilizada en contadas ocasiones, particularmente en el contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno estadounidense internó a más de 30.000 personas de origen japonés, alemán e italiano bajo la sospecha de que podrían ser espías o saboteadores.
En el caso de Trump, la ley se ha invocado para deportar a inmigrantes venezolanos, acusados de tener vínculos con el Tren de Aragua, una organización criminal venezolana que, según el gobierno de EE.UU., está operando en territorio estadounidense. Sin embargo, el uso de esta ley ha sido ampliamente criticado, ya que no se requiere que el gobierno presente pruebas claras de la vinculación de los deportados con la banda, basándose solo en la sospecha.
¿Cómo afecta a las comunidades migrantes en EE.UU.?
Para los más de 200 venezolanos deportados, el impacto de esta medida es devastador. Muchos de ellos han sido arrestados y enviados directamente a la «megacárcel» en El Salvador, conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), sin que se les haya dado la oportunidad de defenderse adecuadamente. Esta situación ha generado preocupación en varias ciudades de EE.UU. como Miami, Houston, Chicago y Nueva York, donde viven grandes comunidades de inmigrantes venezolanos.
El temor de que cualquier inmigrante venezolano pueda ser deportado bajo la sospecha de pertenecer al Tren de Aragua ha creado un ambiente de inseguridad. Sin garantías de un debido proceso legal y con la posibilidad de ser detenidos sin pruebas claras, las comunidades de inmigrantes se sienten vulnerables. De hecho, un informe de la BBC indica que el gobierno de Trump no ha presentado pruebas de que los deportados hayan cometido delitos en Estados Unidos o tengan vínculos con el Tren de Aragua, lo que ha sido una fuente de indignación.
¿Por qué se recurre a una ley de tiempos de guerra en tiempos de paz?
La Ley de Enemigos Extranjeros, como su nombre indica, fue diseñada para ser utilizada durante tiempos de guerra, cuando el país enfrenta amenazas externas reales. Sin embargo, su aplicación en tiempos de paz y en situaciones de migración pone en cuestión la legitimidad de la ley en el contexto actual. Expertos legales señalan que la ley se basa en la idea de un conflicto armado y no en una amenaza difusa como la que Trump ha esgrimido contra el Tren de Aragua.
Además, el uso de esta ley permite al gobierno deportar a los inmigrantes sin ofrecerles las protecciones legales habituales, como el derecho a apelar o a un juicio completo. Esto ha sido calificado como un «abuso de poder» por varios analistas, que argumentan que este tipo de medidas vulnera los derechos fundamentales de los inmigrantes, especialmente en un contexto donde las pruebas de su culpabilidad son prácticamente inexistentes.
