La administración del presidente Donald Trump ha comenzado a impulsar una reforma que podría afectar directamente a millones de familias de bajos ingresos en Estados Unidos. La nueva propuesta busca reducir el alcance del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) al imponer un límite de dos años a los programas federales de subsidio para alquiler. De concretarse, este plan dejaría a miles de hogares sin techo, en un momento en que el país enfrenta una de las peores crisis de vivienda asequible en décadas.
Trump busca limitar ayudas para vivienda en medio de una crisis nacional
Havalah Hopkins, madre soltera de 33 años que vive con su hijo autista en un apartamento subvencionado cerca de Seattle, teme que su situación pronto empeore. Aunque trabaja a tiempo completo para servicios de catering, apenas logra cubrir sus necesidades básicas, incluso con la ayuda del Gobierno. “Es un ciclo de agotamiento. Pero al menos tengo un lugar donde dormir”, expresó Hopkins.
El temor de Hopkins es compartido por más de cuatro millones de hogares que reciben asistencia del HUD. El plan de Trump, que busca limitar ayudas para vivienda a un periodo de dos años, podría afectar hasta 1.4 millones de familias según un estudio reciente de la Universidad de Nueva York. El estudio concluye que muchas de estas familias ya han vivido en viviendas subvencionadas durante más de dos años y que su desalojo sería inminente.
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Imagen referencial de una casa en venta en Miami. Foto: EFE/JOHN RILEY
¿Quiénes perderían su casa si Trump logra limitar ayudas para vivienda?
De acuerdo con el análisis del Laboratorio de Soluciones de Vivienda de la Universidad de Nueva York, el grupo más vulnerable ante la propuesta son las familias trabajadoras con hijos. Estas familias no siempre pueden acceder a mejores ingresos debido a empleos informales, mal remunerados o inestables. Si el plan se implementa, muchas de ellas podrían quedar en la calle, sin una alternativa realista para pagar rentas que han alcanzado niveles históricos.
El informe también señala que más del 70% de los hogares que podrían verse afectados por los nuevos límites ya han vivido en residencias subvencionadas durante al menos dos años. El promedio de permanencia en una vivienda bajo el programa HUD es de seis años, lo que evidencia la profundidad de la dependencia de estas ayudas.
Aunque el Gobierno asegura que la medida busca eliminar fraudes y fomentar la autosuficiencia, no todos comparten esa visión. “Este sistema ya está sobrecargado y no ofrece soluciones reales a quienes necesitan estabilidad para salir adelante”, dijo Claudia Aiken, investigadora del estudio. Además, remarcó que los niños son especialmente vulnerables a la inseguridad habitacional, lo cual impacta en su salud, desarrollo y desempeño escolar.
Los defensores del plan de Trump aseguran que limitar ayudas para vivienda es necesario
El secretario del HUD, Scott Turner, defendió la propuesta ante el Congreso en junio. Afirmó que la asistencia federal “se ha desviado de su propósito original” y que debería ser solo un apoyo temporal. “No fue diseñada para ser permanente”, explicó. El Gobierno también sostiene que existe evidencia de que la ayuda prolongada puede desincentivar el trabajo y perpetuar la pobreza.
Fotografía de archivo de un cartel de «Se vende» colgado afuera de una casa, en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/Álvaro Blanco
Sin embargo, las estadísticas oficiales contradicen esa afirmación. En muchos casos, las familias beneficiarias trabajan largas jornadas, pero sus ingresos no son suficientes para pagar los alquileres de mercado. Hopkins, por ejemplo, paga 450 dólares mensuales por su vivienda subsidiada. Sin el subsidio, el alquiler superaría los 2,500 dólares en su área, algo completamente fuera de su alcance.
El plan de Trump genera incertidumbre entre familias y propietarios
A medida que crece la posibilidad de que se implemente el límite de dos años, autoridades locales de vivienda ya han comenzado a reducir la emisión de nuevos vales. En Seattle y Atlanta, por ejemplo, las autoridades anticipan recortes federales y han frenado sus programas de ayuda. Esto no solo afecta a las familias, sino también a propietarios privados que firmaron contratos bajo la promesa de pagos del Gobierno.
“Es preocupante para todos. Las reglas están cambiando en medio del juego”, señaló un administrador de propiedades en el condado de King, Washington. Para muchos propietarios, el retiro de apoyo podría representar pérdidas económicas si los inquilinos no pueden cubrir la renta completa.
Además, organizaciones de derechos civiles alertan que las familias afectadas por este recorte son, en su mayoría, personas de color y madres solteras, lo que podría profundizar las desigualdades estructurales ya existentes.
La falta de orientación sobre cómo limitar ayudas para vivienda causa alarma
Una de las principales críticas al plan es la falta de claridad sobre cómo se implementaría. El HUD aún no ha especificado cuándo comenzaría a contar el plazo de dos años ni cómo se definirían las exenciones. Si bien algunos hogares —como los de personas mayores o con discapacidades— estarían exentos, casi la mitad de los beneficiarios actuales podrían verse directamente afectados.
Hopkins dice que pensar en perder su vivienda le genera ansiedad constante. Después de años de vivir en refugios y situaciones precarias, finalmente había encontrado un espacio seguro para criar a su hijo. “Es aterrador pensar en volver atrás. Este subsidio me salvó la vida”, expresó.
Límites de tiempo: ¿una solución efectiva o un riesgo para millones?
Mientras algunos legisladores republicanos respaldan la propuesta argumentando que motivará a los inquilinos a independizarse, expertos sostienen que no existen suficientes evidencias para justificar una política tan drástica. “Los límites de tiempo funcionan solo cuando hay programas de transición, empleos dignos y apoyo real. Pero hoy no existe nada de eso”, explicó Aiken.
Los datos disponibles muestran que muchos inquilinos ya están trabajando. Lo que falta no es voluntad, sino oportunidades. A pesar de esto, la portavoz del HUD, Kasey Lovett, defendió la política y dijo que hay suficiente evidencia para probar que la ayuda prolongada puede ser contraproducente.
Hopkins, en tanto, se prepara mentalmente para lo peor. “No sé qué haré si me quitan el subsidio. No tengo a dónde ir. ¿Quién pensará en nosotros?”.