Trump busca deportar migrantes a Libia y Ruanda: una política migratoria polémica
La administración del presidente Donald Trump está explorando acuerdos con Libia y Ruanda para deportar migrantes con antecedentes penales desde Estados Unidos, según fuentes cercanas a las negociaciones. Estas conversaciones forman parte de una estrategia más amplia para disuadir la inmigración irregular y reducir la carga sobre el sistema de asilo estadounidense.
Negociaciones con Libia y Ruanda
Funcionarios del Departamento de Estado han mantenido reuniones con representantes de Libia y Ruanda para discutir la posibilidad de establecer acuerdos que permitan la reubicación de migrantes con antecedentes penales. En el caso de Libia, se está considerando un acuerdo de «tercer país seguro», que permitiría a Estados Unidos enviar solicitantes de asilo detenidos en la frontera a este país africano. Aunque no se ha tomado una decisión final, las conversaciones indican un interés por parte de ambas naciones en colaborar en este ámbito.
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Ruanda, por su parte, ha respondido positivamente a la propuesta de Estados Unidos. El gobierno ruandés ha expresado su disposición a aceptar migrantes deportados, incluyendo aquellos con antecedentes penales que ya han cumplido sus condenas en Estados Unidos. A diferencia de Libia, Ruanda integraría a estos individuos en la sociedad, proporcionándoles apoyo social y asistencia para encontrar empleo, según informaron fuentes cercanas a las negociaciones.
Preocupaciones sobre derechos humanos
La posibilidad de deportar migrantes a Libia ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos. Un informe de las Naciones Unidas en 2024 destacó años de violaciones de derechos humanos en Libia, incluyendo abusos sistemáticos contra migrantes, como trabajo forzado, golpizas, violaciones y tortura. Estas condiciones plantean serias dudas sobre la idoneidad de Libia como destino seguro para los deportados.
En el caso de Ruanda, aunque el país ha mostrado voluntad para colaborar, también enfrenta críticas por su historial en materia de derechos humanos. Organizaciones internacionales han señalado restricciones a la libertad de expresión y represión política en el país africano, lo que podría afectar la seguridad y bienestar de los migrantes reubicados allí.
Reacciones y críticas
La propuesta de deportar migrantes a terceros países ha sido recibida con escepticismo por parte de defensores de los derechos de los inmigrantes y algunos legisladores. Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, criticó las políticas migratorias de la administración Trump, argumentando que buscan redefinir quién es considerado estadounidense y que generan miedo e incertidumbre entre las comunidades inmigrantes.
Además, se han documentado casos preocupantes relacionados con deportaciones. Por ejemplo, en marzo de 2025, un refugiado iraquí, Omar Abdulsattar Ameen, fue deportado a Ruanda, a pesar de que un juez federal había considerado las acusaciones en su contra como poco plausibles y había prohibido su retorno a Irak. Este caso ha sido citado como ejemplo de las posibles consecuencias negativas de las políticas de deportación actuales.
Implicaciones legales y políticas
La implementación de acuerdos con terceros países para la deportación de migrantes podría enfrentar desafíos legales. El mes pasado, un juez federal bloqueó temporalmente al gobierno de Trump de deportar personas a países que no sean el suyo sin proporcionar aviso y la oportunidad de impugnarlo. Esta decisión judicial subraya la necesidad de garantizar el debido proceso y la protección de los derechos de los migrantes en cualquier política de deportación.
En el ámbito político, la administración Trump ha defendido estas medidas como necesarias para fortalecer la seguridad nacional y controlar la inmigración ilegal. Sin embargo, críticos argumentan que estas políticas son parte de una agenda ideológica que busca reconfigurar el sistema migratorio de Estados Unidos de manera excluyente y discriminatoria.
Contexto internacional
La estrategia de deportar migrantes a terceros países no es nueva. En 2022, el Reino Unido firmó un acuerdo con Ruanda para deportar solicitantes de asilo, pero el plan fue descontinuado en 2024 por el entonces primer ministro Keir Starmer, quien lo calificó de «truco» costoso e ineficaz. La decisión de Estados Unidos de seguir una política similar ha sido vista por algunos como un intento de emular enfoques restrictivos en materia migratoria adoptados por otros países.
A medida que avanzan las negociaciones con Libia y Ruanda, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos seguirán de cerca los desarrollos y las implicaciones de estas políticas en la vida de los migrantes afectados.
