Un tribunal federal en California suspendió este lunes 31 de marzo de 2025 la orden del gobierno de Donald Trump que buscaba eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300,000 venezolanos en Estados Unidos, una medida que los habría expuesto a la deportación a partir del 2 de abril.
La decisión, emitida por el juez Edward Chen del Tribunal de Distrito de California, responde a una demanda presentada por beneficiarios del TPS y organizaciones migratorias que argumentaron que la eliminación del amparo era ilegal. El fallo mantiene vigente la protección temporal mientras el caso avanza, ofreciendo un alivio inmediato a miles de familias.
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La administración Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la secretaria Kristi Noem, había revocado en enero una extensión del TPS otorgada por el gobierno de Biden, que habría permitido a los venezolanos permanecer legalmente hasta octubre de 2026. La orden de Noem, anunciada el 29 de enero, justificaba la decisión alegando que las condiciones en Venezuela habían mejorado, pero el juez Chen encontró que el proceso violaba regulaciones federales. «La secretaria no tenía autoridad para deshacer una extensión legalmente establecida», afirmó un comunicado de la oficina del tribunal, destacando errores en la fundamentación del DHS.
El Tribunal federal ordenó la suspensión tras una audiencia urgente el lunes por la mañana, donde abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) representaron a los demandantes. La medida afecta a venezolanos que han vivido en EE.UU. bajo el TPS desde 2021, muchos de los cuales huyeron de la crisis política y económica en su país. Con el fallo, se evita que 350,000 personas pierdan su estatus migratorio esta semana, aunque la batalla legal está lejos de terminar, ya que el gobierno Trump podría apelar ante un circuito superior o la Corte Suprema.
Detalles del fallo del Tribunal federal
El juez Edward Chen basó su decisión en la falta de evidencia sustancial por parte del DHS para justificar la revocación del TPS. Según documentos judiciales, el tribunal consideró que la acción de Noem fue «arbitraria» y no siguió el debido proceso, incluyendo la ausencia de un período de notificación adecuado para los afectados. El TPS, creado bajo la Ley de Inmigración de 1990, permite a inmigrantes de países en crisis permanecer en EE.UU., y su extensión para venezolanos fue aprobada en 2023 por el entonces secretario Alejandro Mayorkas debido a la inestabilidad persistente en Venezuela.
El fallo también responde a la presión de grupos migratorios que señalaron el impacto humanitario de las deportaciones. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) estima que más de 600,000 venezolanos han recibido TPS o están en proceso, y su expulsión habría generado caos en comunidades desde Florida hasta Nueva York. «Esto es una victoria temporal, pero vital», dijo un portavoz de la ACLU tras la decisión del tribunal federal, enfatizando que el caso aún podría escalar en los próximos meses.
Reacciones y próximos pasos
La noticia fue recibida con alivio por la comunidad venezolana. En Miami, donde reside la mayor concentración de beneficiarios del TPS, líderes comunitarios organizaron vigilias el lunes por la noche para celebrar el fallo. «No podemos regresar a Venezuela, no hay seguridad ni futuro allá», expresó María Rodríguez, una madre de dos hijos que vive en Doral desde 2020. Mientras tanto, el DHS no ha emitido comentarios oficiales, pero fuentes internas sugieren que el gobierno prepara una apelación para revertir la suspensión antes del verano.
El senador Marco Rubio, republicano de Florida, también reaccionó, instando a una solución permanente para los venezolanos en lugar de «parches judiciales». Sin embargo, la administración Trump mantiene su postura dura contra las protecciones migratorias, alineada con promesas de campaña de reducir la inmigración ilegal y revisar programas como el TPS. El tribunal federal ahora será el campo de batalla donde se decidirá el futuro inmediato de estos inmigrantes, con una audiencia programada para mayo que podría aclarar el rumbo del caso.
Por ahora, los venezolanos bajo TPS pueden continuar trabajando y viviendo legalmente en EE.UU. mientras el litigio sigue su curso. El próximo movimiento del gobierno Trump será clave para determinar si esta suspensión se convierte en un precedente o en una victoria efímera.
