El senador Chuck Grassley exigió este martes a la administración de Donald Trump que resuelva de inmediato los persistentes retrasos y fallas en el programa federal de compensación para policías y bomberos caídos o discapacitados en cumplimiento del deber. La denuncia se produce tras revelarse que cientos de familias de primeros en responder continúan esperando, en algunos casos durante años, los beneficios prometidos por ley.
Grassley, republicano de Iowa y presidente del Comité Judicial del Senado, envió una carta formal a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, en la que calificó la situación como “absolutamente inaceptable”. El senador pidió que se evalúe la continuidad de la actual directora del programa, Hope Janke, y se implementen cambios urgentes para garantizar el apoyo a las familias afectadas.
Retrasos en beneficios para policías y bomberos preocupan al Senado
El programa de Beneficios para Oficiales de Seguridad Pública ofrece un pago único de aproximadamente 450.000 dólares a las familias de policías y bomberos que fallecen o sufren discapacidades graves mientras desempeñan sus funciones. Sin embargo, una reciente investigación de Associated Press reveló que el sistema está colapsado por la acumulación de casos sin resolver.
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Senador Chuck Grassley. Foto: X/@ChuckGrassley
Según ese reporte, al 30 de abril de este año, casi 900 reclamos llevaban más de un año sin resolverse, cifra que triplica la de hace cinco años. Además, varios expedientes han quedado estancados por más de una década, lo que genera frustración y desesperación entre las familias de los afectados.
Grassley afirmó que estos retrasos, junto a una gestión deficiente, han provocado un sufrimiento adicional a cónyuges e hijos en duelo. “Han esperado en silencio durante demasiado tiempo”, señaló el senador.
Beneficios para policías y bomberos han estado mal gestionados desde 2009
La situación no es nueva. En 2023, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) publicó un informe detallando problemas de larga data en la administración del programa, que datan desde 2009. Según Grassley, el Departamento de Justicia no ha cumplido con las recomendaciones planteadas por la GAO, incluyendo la modernización del sistema electrónico de gestión de reclamos y la mejora en la transparencia de los procesos.
En su carta, el senador criticó directamente a los funcionarios que han encabezado el programa en los últimos años. “Burócratas como Hope Janke han fallado en su tarea y no han sido responsabilizados por ello”, subrayó.
Aunque Janke no respondió a las solicitudes de comentarios de la prensa, un portavoz del Departamento de Justicia confirmó haber recibido la carta de Grassley. No obstante, la institución evitó hacer declaraciones sobre posibles medidas administrativas.
Familiares de policías y bomberos afectados exigen cambios urgentes
Entre las personas directamente afectadas por estos retrasos se encuentra Lisa Afolayan, viuda de un oficial de Texas que falleció hace 16 años mientras entrenaba para ingresar a la Patrulla Fronteriza. Afolayan aún no ha recibido los beneficios correspondientes.
“Necesitamos agilizar esto. Necesitamos un cambio real, no solo para mi familia, sino para todas las que han quedado desamparadas”, manifestó en una entrevista con AP.
El Departamento de Justicia aseguró que está implementando algunas reformas recomendadas por la GAO, incluyendo herramientas para simplificar el sistema de gestión de reclamos y ampliar el personal destinado a evaluar solicitudes. Sin embargo, no hay una fecha clara sobre cuándo se resolverán los casos pendientes.
Desde el Congreso, Grassley ha solicitado que el Departamento entregue en un plazo de dos semanas todos los documentos y avances relacionados con la mejora del programa. Para el senador, la situación representa una falta grave de compromiso con quienes arriesgan su vida diariamente para proteger a la población.
Las críticas del legislador surgen también en un contexto donde el número de reclamos ha aumentado, en parte, porque el Congreso amplió las categorías de muertes e incapacidades que califican para recibir compensaciones.
El caso pone de relieve las deficiencias estructurales que aún persisten en los programas destinados a reconocer el sacrificio de policías y bomberos, especialmente en un momento donde los primeros en responder han sido esenciales durante crisis como la pandemia, los desastres naturales y los recientes episodios de violencia armada.