Una investigación federal ha sacado a la luz un esquema de sobornos a agentes fronterizos que permitió la entrada ilegal de personas a través de la frontera entre Estados Unidos y México.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, dos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puerto de entrada de San Ysidro, California, enfrentan cargos por aceptar miles de dólares a cambio de facilitar el paso de individuos sin documentos. Los hechos, dados a conocer este 5 de abril de 2025, han generado una ola de preocupación en el gobierno federal, que ahora busca reforzar la vigilancia sobre sus propios agentes para combatir la corrupción en uno de los puntos más transitados de la frontera sur.
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Los agentes implicados, identificados como Farlis Almonte y Ricardo Rodríguez, habrían recibido pagos que oscilaban entre $17,000 y $65,000 por vehículo, dependiendo de la cantidad de cruces coordinados con traficantes humanos en México. La operación, liderada por el FBI y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), recopiló pruebas como mensajes encriptados y transferencias bancarias sospechosas. El fiscal interino del Distrito Sur de California, Andrew Haden, afirmó en un comunicado: «Estos agentes traicionaron su deber y comprometieron la seguridad de nuestras fronteras». La investigación comenzó tras un reporte interno que alertó sobre irregularidades en los carriles de inspección de San Ysidro.
Sobornos a agentes fronterizos: un sistema organizado
El caso no se trata de incidentes aislados, sino de una red bien estructurada. Los sobornos a agentes fronterizos habrían facilitado al menos 19 cruces ilegales entre finales de 2024 y principios de 2025, según el DHS. Los oficiales coordinaban con traficantes para garantizar que los vehículos pasaran sin ser inspeccionados, utilizando códigos y horarios específicos. En algunos casos, manipulaban los registros digitales para borrar cualquier rastro de las personas que ingresaban. Durante una redada reciente, las autoridades confiscaron $70,000 en efectivo que Almonte intentaba mover a Tijuana a través de un contacto, lo que sugiere que el dinero circulaba en ambos lados de la frontera.
El puerto de San Ysidro, que procesa más de 50,000 vehículos diarios, se ha convertido en un punto crítico para este tipo de actividades ilícitas. La investigación también explora si otros agentes podrían estar involucrados, ya que el esquema requería una logística precisa que difícilmente dos personas podrían manejar solas. El CBP ha intensificado las revisiones internas y planea implementar tecnología de monitoreo avanzada en los carriles de entrada para prevenir futuros casos de corrupción.
Repercusiones en la seguridad
La revelación de los sobornos a agentes fronterizos ha puesto en tela de juicio la efectividad de las medidas de seguridad en la frontera sur. El CBP, con más de 60,000 empleados, es una pieza clave en la lucha contra el tráfico de drogas y personas, pero incidentes como este exponen vulnerabilidades que los grupos criminales aprovechan. En lo que va del año fiscal 2025, iniciado el 1 de octubre de 2024, el CBP ha registrado más de 300,000 encuentros con migrantes en la frontera suroeste, un aumento del 10% respecto al año anterior, según datos oficiales.
El DHS ha respondido con una serie de medidas inmediatas. Además de los arrestos de Almonte y Rodríguez, se han abierto investigaciones paralelas en otros puertos de entrada, como El Paso y Nogales, donde se sospecha de actividades similares. Un portavoz del DHS declaró: «Estamos comprometidos a erradicar la corrupción y a garantizar que cada agente cumpla con su deber». Mientras tanto, las autoridades han incautado vehículos y documentos que podrían llevar a más detenciones en las próximas semanas.
El caso sigue en desarrollo, con audiencias pendientes para los agentes acusados. La frontera sur, ya bajo presión por el flujo migratorio y el tráfico de narcóticos, enfrenta ahora el desafío adicional de restaurar la confianza en quienes la protegen. El gobierno federal ha prometido mano dura contra cualquier forma de corrupción que ponga en riesgo la seguridad nacional.
