Una jueza federal ha rechazado la solicitud para bloquear las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lugares de culto, una decisión que ha generado controversia en comunidades religiosas y defensores de los derechos civiles. La demanda fue presentada por más de dos docenas de grupos cristianos y judíos que representan a millones de estadounidenses, quienes argumentaban que la nueva política adoptada por el gobierno de Donald Trump violaba la libertad religiosa y la protección de lugares sensibles.
Rechazo judicial a la solicitud de bloquear redadas en lugares de culto
La jueza del Distrito de Columbia, Dabney Friedrich, designada por Trump, dictó que los demandantes no habían demostrado una «amenaza creíble» de aplicación de la ley en lugares de culto. Según Friedrich, las instituciones religiosas no habían demostrado daños suficientes como para justificar una orden cautelar. La nueva política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permite que los agentes de ICE realicen operativos en centros de culto sin la aprobación de un supervisor, lo que ha generado preocupación entre las comunidades religiosas.
Esta decisión se produce después de que el presidente Trump revocara una política que limitaba las detenciones de migrantes en «áreas protegidas», como escuelas, hospitales e iglesias. La medida fue adoptada el 20 de enero de 2025, permitiendo a los agentes de ICE actuar con «sentido común» y «discreción» en estos lugares sin necesidad de autorización previa. Durante su campaña, Trump prometió una operación de deportaciones masivas, comenzando por inmigrantes con antecedentes penales y luego ampliándola gradualmente. Esta política ha sido criticada por organizaciones religiosas y defensores de los derechos civiles, quienes argumentan que socava la libertad religiosa y la protección de lugares sensibles.
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Fotografía cedida por la oficina de Denver del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) donde aparecen dos agentes de ICE arrestado una persona en Denver, Colorado (EE.UU.). EFE/ICE Denver
Reacciones ante la decisión judicial
La decisión de la jueza Friedrich ha sido recibida con preocupación por parte de las comunidades religiosas. Líderes de iglesias y organizaciones judías han expresado su temor de que la nueva política disuada a los feligreses de asistir a los servicios religiosos, especialmente a aquellos miembros de comunidades inmigrantes. Argumentan que la sola amenaza de operativos de ICE en lugares de culto afecta negativamente la libertad religiosa y la seguridad de los individuos.
Por otro lado, el gobierno federal ha defendido la medida, indicando que los agentes de ICE necesitan flexibilidad para cumplir con la ley y proteger la seguridad pública. Un vocero del DHS afirmó que la administración confía en los agentes para que utilicen el sentido común en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, esta postura ha sido rechazada por aquellos que consideran que la política vulnera derechos fundamentales y crea un clima de miedo en las comunidades religiosas.
Fotografía cedida por la oficina de Denver del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) donde aparece un agente durante una redada en Denver, Colorado (EE.UU.). EFE/ICE Denver
Implicaciones para el futuro de las redadas en lugares de culto
Aunque la jueza Friedrich rechazó la solicitud de bloquear las redadas en lugares de culto, la batalla legal no ha terminado. En febrero de 2025, un juez federal en Maryland emitió una orden que prohíbe temporalmente las redadas de ICE en lugares de culto asociados con una coalición de congregaciones cuáqueras, bautistas y sij. Este fallo solo aplica a los sitios de culto de los demandantes, pero establece un precedente legal que podría influir en futuros casos similares.
Además, se están llevando a cabo otras demandas en diferentes estados que buscan bloquear la política del DHS a nivel nacional. Si los tribunales fallan a favor de las comunidades religiosas, podría haber un cambio en la política federal que limite las redadas de ICE en lugares de culto. Por el momento, la situación sigue siendo incierta, y las comunidades religiosas continúan luchando por proteger sus derechos y la seguridad de sus feligreses.
La decisión de la jueza Friedrich subraya la tensión entre la aplicación de la ley y la protección de los derechos civiles en Estados Unidos. Mientras el gobierno federal insiste en la necesidad de reforzar las políticas migratorias, las comunidades religiosas y los defensores de los derechos humanos abogan por un enfoque que respete la libertad religiosa y la dignidad de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.
En conclusión, la negativa de la jueza a bloquear las redadas de ICE en lugares de culto refleja una postura judicial que prioriza la aplicación de la ley sobre las preocupaciones de derechos civiles. Sin embargo, las acciones legales en curso podrían modificar esta situación y establecer nuevos límites a las operaciones de ICE en lugares de culto. La resolución final dependerá de los tribunales y de la capacidad de las comunidades religiosas para presentar pruebas convincentes de los daños causados por la política del DHS.
