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La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos intensificó el 29 de julio de 2025 su campaña contra el Cártel de los Soles, designado como organización terrorista, al ratificar una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena del presidente venezolano Nicolás Maduro, junto con otros altos funcionarios como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Esta medida, respaldada por sanciones del Departamento del Tesoro, acusa a Maduro de liderar una red de narcoterrorismo que amenaza la seguridad de EE.UU. a través de vínculos con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
Una recompensa millonaria contra el Cártel de los Soles
La DEA anunció la recompensa de 25 millones de dólares por Maduro, 25 millones por Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y 15 millones por Padrino, ministro de Defensa, en el marco de cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas presentados en 2020 en Nueva York. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Cártel de los Soles, operativo desde 1999, corrompió instituciones venezolanas, incluyendo el ejército y el poder judicial, para facilitar el envío de toneladas de cocaína a EE.UU. El nombre del cartel alude a las insignias solares en los uniformes de militares venezolanos de alto rango.
Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó la acción como un paso para “exponer el narcoterrorismo del régimen ilegítimo de Maduro”. La OFAC sancionó al cartel el 25 de julio de 2025 por brindar apoyo material a organizaciones como el Tren de Aragua, una banda venezolana señalada por tráfico humano y extorsión, y el Cártel de Sinaloa, responsable del 40% del fentanilo en EE.UU., según la DEA. Las sanciones congelan los activos del cartel en territorio estadounidense y prohíben transacciones con ciudadanos de EE.UU.
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Acusaciones de narcoterrorismo y fraude electoral
Maduro, quien asumió la presidencia en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, enfrenta acusaciones de liderar el Cártel de los Soles desde al menos 1999. Según una acusación de 2020 del Departamento de Justicia, negoció envíos de cocaína con las FARC, proporcionó armas militares al grupo y coordinó rutas de tráfico con Honduras. EE.UU. no reconoce a Maduro como presidente desde 2019, tras elecciones consideradas fraudulentas, y rechazó su victoria en los comicios del 28 de julio de 2024, donde el opositor Edmundo González presentó pruebas de un triunfo contundente, según el Centro Carter.
Además, la recompensa se incrementó de 15 millones a 25 millones en enero de 2025, bajo la administración Biden, tras la controvertida reelección de Maduro. El presidente Donald Trump, en su segundo mandato, ha priorizado la lucha contra el narcotráfico, prometiendo en campaña desmantelar redes como el Cártel de los Soles. “Utilizaremos todos los recursos para impedir que Maduro siga destruyendo vidas estadounidenses”, afirmó Bessent, alineándose con la política de Trump de reforzar la seguridad hemisférica.
Impacto regional y desafíos diplomáticos
Pese a todo, la presión sobre Maduro ha generado tensiones regionales. Venezuela, que exportó 1.7 millones de barriles de petróleo diarios en 2024 pese a sanciones, según la OPEP, mantiene aliados como China y Rusia, quienes rechazan las medidas de EE.UU. como “injerencia”. La Unión Europea y Canadá también sancionaron a 15 funcionarios venezolanos en enero de 2025 por represión postelectoral, donde se reportaron 2,000 detenciones, según Amnistía Internacional. Maduro, en su discurso de investidura, calificó las sanciones como una “guerra económica” y prometió “paz y prosperidad” en su tercer mandato.
Sin embargo, la recompensa plantea dilemas. Expertos como David Smilde, de la Universidad de Tulane, advierten que los 25 millones podrían dificultar una transición democrática al hacer que Maduro se aferre al poder para evitar la extradición. En 2024, Venezuela registró una inflación del 50% y un éxodo de 7.7 millones de migrantes, según ACNUR, lo que agrava la crisis humanitaria. Mientras la DEA urge a contactar embajadas o sus oficinas locales para proporcionar información, con garantía de confidencialidad, el caso de Maduro sigue siendo un punto de fricción en las relaciones entre Washington y Caracas.