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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lanzó una campaña sin precedentes para reclutar agentes jubilados, utilizando la icónica imagen del Tío Sam con el lema “Regresa a la Misión”. La iniciativa, respaldada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca reforzar la fuerza laboral para cumplir con la ambiciosa meta del presidente Donald Trump de deportar a un millón de inmigrantes indocumentados en 2025. Con una inyección de 75,000 millones de dólares aprobada por el Congreso, la campaña ha generado críticas por desviar fondos de servicios esenciales y avivar el miedo en comunidades migrantes.
Una campaña inspirada en el Tío Sam
El DHS adaptó el célebre póster del Tío Sam, creado en 1917 por James Montgomery Flagg, para convocar a exagentes de ICE y otras fuerzas del orden que se retiraron en los últimos cinco años. “Usted sirvió con honor. Su país le convoca nuevamente”, reza el sitio web del DHS, destacando la necesidad de experiencia ante los “desafíos sin precedentes” derivados de las políticas migratorias previas. La campaña ofrece salarios de entre 88,621 y 144,031 dólares anuales, más bonificaciones de hasta 50,000 dólares para quienes soliciten antes del 1 de agosto, según Robert J. Hammer, funcionario del DHS. En 2024, ICE deportó a 271,484 personas, un aumento del 80% respecto a 2023, según el DHS, pero la agencia necesita 10,000 agentes adicionales para alcanzar los objetivos de Trump.
Por su parte, el zar de la frontera, Tom Homan, anunció planes para intensificar redadas en ciudades santuario como Nueva York y Chicago, que protegen a inmigrantes indocumentados. En una rueda de prensa el 28 de julio, Homan afirmó: “Inundaremos estas ciudades con agentes”. La campaña se dirige también a investigadores y fiscales, con salarios de hasta 171,268 dólares, para agilizar procedimientos de deportación y defender a ICE en juicios. Las solicitudes, abiertas hasta el 18 de agosto, priorizan a exfuncionarios federales despedidos de agencias clausuradas por recortes presupuestarios.
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Críticas por el impacto social y económico
La inyección de 45,000 millones para centros de detención y 30,000 millones para personal de ICE, aprobada en la ley fiscal de julio de 2025, desató la indignación de organizaciones civiles. Azadeh Erfani, del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, denunció que los fondos, recortados de partidas como salud y educación, “criminalizarán a familias negras, latinas e indígenas”. En 2024, el 85% de los detenidos por ICE no tenía antecedentes penales, según el Transactional Records Access Clearinghouse, lo que intensifica las críticas por el enfoque masivo de las deportaciones. Las redadas han generado absentismo escolar y abandono laboral, con un aumento del 20% en inasistencias a citas judiciales migratorias, según la American Immigration Lawyers Association.
Además, la campaña enfrenta desafíos internos. Los horarios extenuantes y la presión por cumplir cuotas de deportación han reducido la moral de los agentes, con un 15% de renuncias en ICE en 2024, según un informe interno del DHS. Mario G. Taffo, consultor del Institute For Financial Awareness, defendió la iniciativa, argumentando que “es solo otro empleo” y que las críticas lo politizan injustamente. Sin embargo, encuestas recientes muestran rechazo público: un sondeo de NPR-PBS News-Marist de junio reveló que el 54% de los estadounidenses considera que ICE “ha ido demasiado lejos”, mientras que una encuesta de CNN indicó que el 53% se opone a la ampliación del financiamiento.
Reacciones y tensiones comunitarias
Pese a todo, el DHS apela al patriotismo para atraer candidatos. “América te necesita”, concluye el anuncio, promovido en LinkedIn y correos a exagentes. Sin embargo, las operaciones de ICE han generado rechazo. Videos de redadas en fábricas y campos, donde agentes encapuchados separan a padres de sus hijos, han avivado protestas en ciudades como Los Ángeles, donde 300 personas se manifestaron el 27 de julio. La administración Trump, con un índice de aprobación del 46% según Gallup, defiende la seguridad de los agentes, justificando el uso de capuchas para evitar represalias. Mientras tanto, las comunidades migrantes enfrentan un clima de miedo, con reportes de 1,200 detenciones semanales en 2025, según ICE, y el debate sobre la política migratoria se intensifica en un año políticamente cargado.