La reciente decisión de un tribunal de apelaciones federal ha revivido el debate sobre la ley antiarmas de California, luego de que se dictaminara su inconstitucionalidad pese al respaldo ciudadano obtenido en las urnas. La medida, aprobada por votación popular en 2016, exigía verificación de antecedentes para la compra de municiones, pero ha sido frenada por vulnerar el derecho a portar armas establecido en la Segunda Enmienda.
La ley antiarmas de California, cuestionada por la Corte
El fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ratificó una decisión previa de una corte inferior, concluyendo que la ley antiarmas de California «limita significativamente el derecho a poseer armas operativas». En representación del panel judicial, la jueza Sandra Segal Ikuta argumentó que someter a los ciudadanos a verificaciones de antecedentes cada vez que compran municiones restringe su derecho constitucional.
“El régimen de comprobación de antecedentes de munición de California vulnera el derecho fundamental a poseer y portar armas”, escribió la magistrada en la resolución judicial. Además, la Corte señaló que el estado no logró demostrar que esta normativa fuera coherente con las decisiones más recientes de la Corte Suprema sobre regulación de armas.
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Un tribunal de apelaciones dictaminó: ley de California que exige la verificación de antecedentes para quienes compran municiones es inconstitucional. Foto: X/@sainational
En 2022, la Corte Suprema ya había sentado un precedente al fallar a favor de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) en un caso relacionado con permisos para portar armas en público, lo que ha reforzado la postura de sectores conservadores en defensa de un enfoque menos restrictivo.
Amplio respaldo ciudadano a la ley antiarmas de California
A pesar del fallo judicial, la ley antiarmas de California cuenta con un fuerte respaldo entre la población del estado. En 2016, fue aprobada por un 63 % de los votantes frente a un 36 % que votó en contra, lo que evidencia un apoyo mayoritario a controles más estrictos sobre las municiones. La normativa entró en vigor en 2019, aunque su aplicación se ha visto interrumpida por una serie de demandas legales.
El gobernador Gavin Newsom, una de las voces más firmes en favor del control de armas, calificó la decisión judicial como “un duro golpe al progreso que California ha logrado en la lucha contra la violencia armada”. Para el demócrata, esta medida judicial ignora la voluntad popular y pone en riesgo a comunidades afectadas por la violencia con armas.
Newsom también destacó que la verificación de antecedentes para municiones es una herramienta eficaz para prevenir que personas con antecedentes penales accedan a armamento. A su juicio, medidas como esta deberían reforzarse a nivel federal, no debilitarse a nivel estatal.
Encuestas muestran apoyo bipartidista al control de armas
Más allá de California, diversas encuestas a nivel nacional han revelado un respaldo mayoritario a políticas similares. Incluso en sondeos conducidos por medios conservadores, la verificación universal de antecedentes para la compra de armas y municiones recibe apoyo amplio.
Un tribunal de apelaciones dictaminó: ley de California que exige la verificación de antecedentes para quienes compran municiones es inconstitucional. Foto: EFE/ARCHIVO
Una encuesta de Fox News realizada en 2023 reveló que el 87 % de los votantes estadounidenses apoya controles más estrictos, incluyendo antecedentes penales obligatorios para todos los compradores de armas. Estos resultados reflejan una posición común entre votantes demócratas y republicanos, algo poco frecuente en el clima político polarizado de Estados Unidos.
Además, encuestas del Pew Research Center y Gallup también han registrado tendencias similares en los últimos años, lo que refuerza el argumento de quienes defienden regulaciones más estrictas a nivel estatal y federal.
California y su lucha por mantener la ley antiarmas
California ha sido históricamente uno de los estados con las leyes de control de armas más estrictas del país. La ley antiarmas de California era considerada una pieza clave de este marco legal, diseñado para reducir los niveles de violencia armada, que en estados con regulaciones laxas alcanzan cifras alarmantes.
El Departamento de Justicia de California ha confirmado que está evaluando sus próximos pasos legales y no descarta apelar la decisión ante instancias superiores. Mientras tanto, organizaciones defensoras del control de armas, como Everytown for Gun Safety y Giffords Law Center, han criticado duramente el fallo, señalando que pone en peligro avances logrados tras años de presión política y social.
En contraste, grupos proarmas como la NRA celebraron el fallo como una “victoria histórica” para los derechos de los propietarios de armas. Para estos sectores, las regulaciones estatales como la de California imponen obstáculos innecesarios a ciudadanos respetuosos de la ley.
A pesar del revés judicial, la administración californiana y organizaciones civiles prometen continuar la lucha por implementar y mantener políticas que ayuden a reducir los tiroteos y las muertes relacionadas con armas de fuego.