La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó el 29 de julio de 2025 una moción para prohibir que los agentes de la ley, incluidos los federales, oculten su identidad con máscaras durante operativos, salvo en casos médicos o encubiertos. La medida responde al temor generado por las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde agentes han usado pasamontañas y se han negado a identificarse. La propuesta, que busca restaurar la confianza pública, enfrenta desafíos legales, ya que su aplicación a agencias federales podría requerir una batalla judicial.
Una respuesta a las redadas de ICE
Con una votación de 4-0 y una abstención, la Junta de Supervisores instruyó al abogado del condado a redactar un decreto que exija a todos los agentes, incluidos los de ICE, llevar insignias visibles con su nombre y agencia. La supervisora Janice Hahn, coautora de la moción, denunció que las tácticas de ICE, que han detenido a 1,200 personas en Los Ángeles desde junio de 2025, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), han sembrado miedo. “Hombres con equipo táctico y pasamontañas sacan a personas de sus autos, las golpean y separan familias sin mostrar identificación”, afirmó Hahn. En 2024, ICE deportó a 271,484 personas, un 80% más que en 2023, según el DHS.
Por su parte, las redadas han generado protestas masivas. En julio, 500 personas se manifestaron frente al Centro de Procesamiento de Adelanto, según la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes. La medida local también se alinea con una propuesta estatal pendiente en California, que prohibiría a policías locales, estatales y federales usar máscaras en operativos. Los senadores demócratas Alex Padilla y Cory Booker presentaron una iniciativa similar en el Senado federal, argumentando que la transparencia es esencial para la seguridad pública, según un comunicado del 20 de julio.
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Debate legal y defensas federales
La aplicación del decreto a agentes federales es incierta. Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de UC Berkeley, señaló que un tribunal podría determinar si la medida interfiere con las funciones de ICE. “Debe aplicarse a todas las fuerzas del orden, no solo a las federales, para ser viable”, explicó. En 2024, el 85% de los detenidos por ICE no tenía antecedentes penales, según el Transactional Records Access Clearinghouse, lo que intensifica las críticas a las tácticas agresivas. La supervisora Hilda Solís, coautora de la moción, enfatizó que “el uso de máscaras y la negativa a identificarse socavan la confianza pública y generan preocupaciones de seguridad”.
Sin embargo, funcionarios federales defienden las máscaras. Todd Lyons, director interino de ICE, afirmó el 15 de junio que los agentes enfrentan acoso, amenazas de muerte y doxing, la práctica de exponer datos personales en línea. “No pondré en riesgo a mis agentes por críticas a las leyes migratorias”, dijo. En 2025, ICE reportó 15 incidentes de violencia contra sus agentes en California, según un informe interno. La administración Trump, con un índice de aprobación del 46% según Gallup, ha respaldado estas tácticas, destinando 75,000 millones de dólares para deportaciones en 2025, según el Congreso.
Impacto en la comunidad y próximos pasos
Pese a todo, la propuesta de Los Ángeles busca establecer un precedente. El abogado del condado tiene 60 días para presentar el borrador del decreto, que podría enfrentar oposición legal de agencias federales. En Los Ángeles, hogar de 3.5 millones de inmigrantes, según la Oficina del Censo, las redadas han reducido la asistencia escolar en un 10% y las comparecencias judiciales en un 20%, según la American Immigration Lawyers Association. Los residentes reportan temor constante, con videos virales mostrando arrestos agresivos en vecindarios como Boyle Heights.
La medida también refleja un esfuerzo más amplio por regular las fuerzas del orden. En 2024, California multó a 12 departamentos de policía por falta de transparencia, según la Oficina del Fiscal General. Mientras tanto, la comunidad migrante organiza foros de “conoce tus derechos”, con 1,000 asistentes en un evento el 27 de julio, según la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes. Con la tensión entre autoridades locales y federales en aumento, el decreto podría marcar un punto de inflexión en el debate sobre la transparencia policial en un año políticamente cargado.