El presidente Donald Trump firmó el 24 de julio de 2025 una orden ejecutiva que permite a ciudades y estados de EE.UU. trasladar a personas sin hogar a centros de tratamiento, incluso sin su consentimiento, priorizando la “seguridad pública”. Esta medida, que busca abordar la creciente crisis de personas sin techo, ha desatado críticas por su enfoque en el internamiento forzado y la recolección masiva de datos. Con 274,224 personas viviendo en las calles en una sola noche de 2024, según la Casa Blanca, la orden podría transformar la forma en que se gestiona esta problemática, afectando a comunidades vulnerables en todo el país.
Personas sin hogar y la orden de Trump: ¿qué cambia?
La orden instruye a la fiscal general, Pam Bondi, a desafiar precedentes judiciales que limitan la capacidad de los gobiernos locales para remover a personas sin hogar de espacios públicos. También promueve el internamiento civil de quienes padecen enfermedades mentales y viven en la calle, argumentando que esto “restablecerá el orden público”. En 2024, el 30% de las personas sin hogar en EE.UU. tenían trastornos mentales graves, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), y la administración Trump sostiene que los centros de tratamiento son una solución. La medida prioriza fondos federales para estados y ciudades que prohíban el consumo de drogas en público, el acampamiento urbano y el merodeo, alineándose con las políticas de “tolerancia” de Trump.
Por su parte, la orden amplía la recolección de datos sobre personas sin hogar y con discapacidades mentales, lo que ha generado preocupación. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) advirtió que esta vigilancia podría criminalizar aún más a las poblaciones vulnerables. En Los Ángeles, donde 75,518 personas sin hogar fueron registradas en 2024 según HUD, las autoridades locales ya enfrentan críticas por redadas en campamentos, y la nueva orden podría intensificar estas prácticas. La medida también sigue una acción de marzo de 2025, cuando Trump ordenó al Servicio de Parques Nacionales limpiar campamentos en tierras federales.
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Críticas a la orden de Trump sobre personas sin hogar
La ACLU, a través de la abogada Scout Katovich, calificó la orden como un “desprecio” a los derechos de las personas sin hogar, afirmando que el internamiento forzado no resuelve la crisis y que las instituciones pueden ser “peligrosas y mortales”. En 2023, un estudio de la Universidad de California encontró que el 70% de las personas sometidas a tratamiento forzado recaían en adicciones o regresaban a las calles dentro de un año. Katovich también criticó los recortes a Medicaid, que en 2024 financió el 60% de los servicios de salud mental en EE.UU., según el Departamento de Salud, limitando el acceso a tratamientos voluntarios.
Además, defensores de derechos humanos señalan que la falta de vivienda asequible es la raíz del problema. En 2024, el alquiler promedio en EE.UU. aumentó un 6.2%, mientras que los salarios crecieron solo un 3.5%, según el Departamento de Trabajo. En San Francisco, donde el 10% de la población sin hogar del país reside, el costo de una vivienda de una habitación supera los 3,000 dólares mensuales. Organizaciones como la Coalición Nacional para las Personas Sin Hogar exigen más inversión en viviendas sociales, que en 2024 recibieron solo 32,000 millones de dólares, insuficientes para cubrir la demanda.
Personas sin hogar: el impacto de la orden de Trump
La orden podría agravar las tensiones entre gobiernos locales y comunidades sin hogar. En California, el gobernador Gavin Newsom, quien ha destinado 1,000 millones de dólares a programas de vivienda, criticó la medida como “inhumana”. En Nueva York, con 93,000 personas sin hogar en 2024, las políticas santuario podrían chocar con la orden, ya que limitan la cooperación con ICE, que Trump ha intensificado con redadas migratorias. En 2025, ICE reportó 66,463 arrestos de migrantes, muchos de ellos sin hogar, según el Departamento de Seguridad Nacional. Mientras ciudades como Denver y Seattle evalúan implementar la orden, los defensores temen que el enfoque punitivo desplace a las personas sin hogar sin ofrecer soluciones reales, perpetuando un ciclo de marginalización.