En un giro que ha generado controversia, padres y maestros del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) han alzado la voz para rechazar la presencia policial en dos escuelas del distrito, Washington Preparatory High School y Northridge Middle School, donde se reincorporaron oficiales en febrero de 2025. La decisión, impulsada por el superintendente Alberto Carvalho, buscaba abordar un aumento en incidentes violentos tras una serie de peleas y un tiroteo fatal cerca de una escuela en abril de 2024, según la Oficina de Seguridad Escolar del LAUSD. Sin embargo, la medida ha desatado críticas entre quienes consideran que los oficiales armados generan más intimidación que seguridad, especialmente para estudiantes de color.
La presencia policial en escuelas fue eliminada en 2021 tras protestas por la muerte de George Floyd, cuando el LAUSD recortó un tercio de su departamento de policía escolar y reorientó fondos hacia consejeros y programas de justicia restaurativa, según un informe de la Junta de Educación. En su lugar, se implementaron clima coaches y personal de apoyo emocional, una estrategia que, según la United Teachers Los Angeles (UTLA), redujo suspensiones y fomentó un entorno más inclusivo. Pero el repunte de violencia escolar, incluyendo un caso en Glassell Park Elementary donde un estudiante llevó un arma en 2024, llevó a Carvalho a restablecer oficiales en campuses seleccionados, decisión que ahora enfrenta resistencia.
Mario Valenzuela, director de acción comunitaria de UTLA, calificó la reincorporación como un “retroceso” que pone en riesgo a estudiantes afroamericanos y latinos, quienes históricamente han sido desproporcionadamente sancionados por la policía escolar. “No queremos que nuestras escuelas se sientan como prisiones”, afirmó en una asamblea el 9 de abril de 2025. La Oficina de Estadísticas del LAUSD reporta que, entre 2014 y 2017, los estudiantes negros representaron el 25% de arrestos escolares pese a ser solo el **9% de la población estudiantil, un dato que refuerza las preocupaciones de la comunidad.
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Padres rechazan presencia policial: Voces de la comunidad
La oposición no se limita a los docentes. Padres como María Luisa Palma, de la Asociación de Padres del LAUSD, han expresado su temor a que los oficiales exacerben tensiones en lugar de resolverlas. En una reunión el 7 de abril, Palma señaló: “Queremos escuelas seguras, pero no a costa de criminalizar a nuestros hijos”. Su postura refleja un sentir compartido por grupos como Students Deserve, que abogan por alternativas no punitivas como mediación y apoyo psicológico. La Junta de Educación recibió una petición con 2,000 firmas exigiendo la retirada de los oficiales, según su oficina de registros.
No todos están en contra. Algunos padres, especialmente en comunidades afectadas por pandillas, ven la presencia policial como una medida disuasoria. Diana Guillen, del consejo asesor de padres, comentó en un foro que “la violencia no espera, y necesitamos acción inmediata”. Sin embargo, la American Civil Liberties Union (ACLU) de California argumenta que la policía escolar no previene incidentes graves, citando un informe de 2021 que encontró “impactos discriminatorios” en estudiantes de minorías.
¿Qué sigue para el LAUSD?
La Junta de Educación planea una reunión especial el 15 de abril para discutir la seguridad escolar, tras el colapso de un plan previo para desplegar oficiales en 20 escuelas debido a falta de consenso, según la Oficina del Superintendente. Jackie Goldberg, presidenta de la junta, ha prometido un diálogo abierto: “Escucharemos a todos, pero la prioridad es el bienestar estudiantil”. Mientras tanto, el LAUSD ha reforzado programas como el Black Student Achievement Plan, que destina 30 millones de dólares anuales a consejeros y entrenadores climáticos, según el Departamento de Presupuesto Escolar.
El debate está lejos de resolverse. La Comisión Estatal de Educación ha evitado emitir directrices sobre policía escolar, dejando la decisión a los distritos locales. En Los Ángeles, la comunidad escolar sigue dividida entre quienes buscan protección inmediata y quienes temen que la presencia policial perpetúe un ciclo de desconfianza. Por ahora, las voces de padres y maestros resuenan en Mestalla y más allá, exigiendo un equilibrio entre seguridad y justicia.
