Nueva Jersey en alerta: ¿Qué sabemos de las protestas por el centro migratorio en Newark?
La apertura de un nuevo centro de detención migratoria en Newark, Nueva Jersey, ha encendido las alarmas entre activistas, funcionarios locales y residentes. La instalación, conocida como Delaney Hall, comenzó a operar el 1 de mayo en medio de protestas, demandas judiciales y un abierto rechazo del alcalde Ras Baraka, quien la califica como una amenaza a los derechos civiles de los inmigrantes.
Ubicado en una zona industrial a orillas de Newark Bay, Delaney Hall tiene capacidad para albergar a mil personas y es operado por la empresa privada GEO Group, bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El centro forma parte de una estrategia migratoria respaldada por la administración del presidente Donald Trump, enfocada en acelerar los procesos de detención y deportación de personas sin estatus legal en el país.
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Alcalde Baraka lidera resistencia local contra centro migratorio
Desde el anuncio de su apertura, el alcalde de Newark, Ras Baraka, ha sido uno de los principales opositores del proyecto. No solo participó en protestas frente a las instalaciones, sino que también encabezó una demanda legal contra GEO Group, argumentando que la compañía operó sin los permisos necesarios de habitabilidad y violó normativas locales de construcción.
Baraka ha insistido en que la ciudad nunca aprobó la reconversión del edificio, anteriormente utilizado como centro de reinserción social, para funciones de detención migratoria. Según el alcalde, la instalación representa un retroceso en materia de derechos humanos y contradice los valores progresistas que Newark ha intentado fortalecer en las últimas décadas.
El conflicto ha escalado a nivel judicial, con un proceso actualmente en curso en un tribunal federal. La administración municipal busca detener las operaciones del centro hasta que se resuelvan las presuntas irregularidades legales.
GEO Group defiende su contrato y asegura beneficios económicos
Por su parte, la empresa GEO Group ha defendido públicamente la legalidad de sus operaciones, argumentando que cuenta con un contrato válido por 15 años con el gobierno federal, valorado en mil millones de dólares. La compañía insiste en que el centro cumplirá con los estándares exigidos por ICE y que generará beneficios económicos para la región.
Según cifras presentadas por GEO, el centro de detención promete la creación de cientos de empleos sindicalizados, así como un impacto económico de al menos 50 millones de dólares anuales en Newark y sus alrededores. Además, la empresa acusa al alcalde Baraka de politizar el tema en el marco de su precandidatura a la gobernación de Nueva Jersey, en las próximas primarias del Partido Demócrata.
Activistas y residentes rechazan la criminalización de migrantes
El anuncio de la reapertura de Delaney Hall como centro migratorio ha sido recibido con preocupación por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Activistas locales han organizado múltiples manifestaciones, denunciando condiciones inhumanas en centros de detención gestionados por empresas privadas y alertando sobre el impacto psicológico en las personas detenidas.
Muchos residentes también expresaron su rechazo al proyecto, temiendo un aumento de la vigilancia policial en comunidades vulnerables y un efecto negativo en la imagen de Newark como ciudad santuario. Líderes comunitarios han exigido mayor transparencia sobre los acuerdos firmados con el gobierno federal y reclamaron la suspensión inmediata del contrato con GEO Group.
Tensión entre políticas migratorias federales y gobiernos locales
El caso de Delaney Hall ha reavivado el debate sobre el papel de los gobiernos locales frente a la política migratoria de Estados Unidos. Mientras la Casa Blanca impulsa medidas más estrictas para contener la inmigración irregular, ciudades como Newark intentan resistirse a colaborar con ICE, priorizando una agenda más inclusiva y centrada en los derechos humanos.
Esta disputa se produce en un contexto nacional donde el control migratorio ha vuelto a ocupar el centro del debate político, especialmente en estados clave como Nueva Jersey, que alberga una importante población inmigrante. El desenlace del conflicto legal entre Newark y GEO Group podría marcar un precedente para otras ciudades que enfrentan presiones similares por parte del gobierno federal.