NPR enfrenta a Trump en tribunales por recorte de fondos federales
La cadena National Public Radio (NPR) y tres estaciones locales de Colorado interpusieron una demanda federal este martes contra la Administración del presidente Donald Trump por la decisión de eliminar los fondos federales destinados a medios públicos. Según los demandantes, esta medida representa una “clara violación” a la Constitución y amenaza la libertad de prensa en Estados Unidos.
La demanda, presentada en un tribunal del distrito federal, alega que la orden ejecutiva firmada por Trump a principios de mayo es inconstitucional al infringir los derechos garantizados por la Primera Enmienda, como la libertad de expresión, asociación y prensa. Katherine Maher, presidenta y directora ejecutiva de NPR, aseguró que la acción “no solo vulnera principios fundamentales del país, sino que además pone en riesgo el acceso a información confiable para millones de estadounidenses”.
El fin de una era: Trump corta financiamiento a NPR y PBS
Te Recomendamos
El pasado 2 de mayo, Trump firmó una orden ejecutiva que suspende el financiamiento federal a NPR y al Public Broadcasting Service (PBS), acusándolos de tener una línea editorial “sesgada y radical”. Según la Casa Blanca, estas organizaciones han recibido “decenas de millones de dólares de los contribuyentes para difundir propaganda woke bajo la apariencia de noticias”.
Aunque la Casa Blanca no ha emitido comentarios oficiales sobre la demanda, la narrativa del presidente ha sido consistente: considera que los medios públicos no representan los intereses de la mayoría del país. En publicaciones recientes en Truth Social, Trump ha tildado a NPR y PBS de “monstruos radicales de izquierda” y reiteró su intención de cortar cualquier relación institucional con medios que, a su juicio, promueven “causas destructivas”.
Las estaciones demandantes: voces locales en riesgo
Además de NPR, la querella fue presentada por tres estaciones de radio públicas en Colorado: Colorado Public Radio, Aspen Public Radio y KSUT. Estas emisoras argumentan que la orden ejecutiva compromete la existencia del sistema nacional de radiodifusión pública y afecta directamente su operación diaria.
“La radio pública es una fuente esencial de noticias locales, información de emergencia y contenido educativo, especialmente en comunidades rurales o de difícil acceso”, señalan en la demanda. Agregan que el corte de fondos es un castigo político por la línea editorial de los medios públicos, lo que representaría una forma de censura indirecta.
Aunque el aporte federal a NPR representa menos del 1% de su financiamiento total —según cifras de la misma organización—, las estaciones locales dependen mucho más de ese apoyo. El recorte podría obligar a varias de ellas a reducir programación o incluso cerrar operaciones.
Harvard, el nuevo objetivo de la ofensiva presidencial
Paralelamente a su confrontación con los medios públicos, Trump ha intensificado su ofensiva contra la Universidad de Harvard. La Administración busca cortar los vínculos contractuales con la institución académica luego de que esta se negara a entregar información sobre estudiantes solicitada por el gobierno federal en el marco de investigaciones internas.
Según declaraciones de un alto funcionario gubernamental, la Administración General de Servicios (GSA) solicitó este martes a las agencias federales que identifiquen cualquier contrato vigente con Harvard para analizar si pueden cancelarse o reasignarse. “Estamos comprometidos con terminar el financiamiento a instituciones que no cooperan con el gobierno federal y promueven ideologías contrarias al interés nacional”, dijo el funcionario.
Este movimiento se produce después de que una jueza federal bloqueó recientemente una orden ejecutiva que prohibía a Harvard inscribir estudiantes extranjeros, medida que también fue denunciada como inconstitucional.
La batalla por la narrativa pública
Analistas políticos consideran que la serie de acciones contra NPR, PBS y Harvard forman parte de una estrategia electoral de Trump para reforzar su imagen como defensor de los “valores tradicionales” frente a lo que él llama “la élite liberal”. En este contexto, medios públicos y universidades prestigiosas se han convertido en blanco directo de sus políticas.
La demanda presentada por NPR y las estaciones de Colorado busca frenar legalmente la orden ejecutiva y reinstaurar los fondos federales asignados por el Congreso. De ser aceptada, podría abrir un nuevo frente judicial con implicaciones significativas para la libertad de prensa y el papel del gobierno en el financiamiento de medios informativos.
Por ahora, la tensión entre el Ejecutivo y las instituciones públicas sigue en aumento, con posibles consecuencias para el ecosistema mediático del país y para el acceso de millones de ciudadanos a contenido informativo libre y no comercial.