Ley de Enemigos Extranjeros: Trump pide a la Corte Suprema avalar deportaciones

Ley de Enemigos Extranjeros: Trump pide a la Corte Suprema avalar deportaciones

La administración del presidente Donald Trump ha solicitado al Tribunal Supremo de Estados Unidos reanudar las deportaciones de migrantes utilizando la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de 1798 que otorga al Ejecutivo amplios poderes para expulsar a ciudadanos extranjeros en tiempos de guerra.

Aplicación de una ley de tiempos de guerra

La Ley de Enemigos Extranjeros fue promulgada durante la presidencia de John Adams en el contexto de una posible guerra con Francia. Desde entonces, se ha invocado en contadas ocasiones: durante la Guerra de 1812 y las dos guerras mundiales. La administración Trump busca ahora aplicar esta ley para deportar a aproximadamente 200 migrantes venezolanos detenidos en Texas, acusados de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua.

Incidentes en centros de detención

Las autoridades estadounidenses han reportado que 23 de los migrantes detenidos protagonizaron recientemente actos peligrosos en el centro de detención de Bluebonnet, en Anson, Texas. Según informes, se atrincheraron y amenazaron con tomar rehenes, lo que llevó a su traslado a instalaciones con mayor seguridad. El gobierno argumenta que estos incidentes justifican la aplicación de la ley para proteger la seguridad nacional.

Críticas y preocupaciones legales

Organizaciones de derechos humanos y expertos legales han expresado su preocupación por el uso de esta legislación antigua. Human Rights Watch ha señalado que la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en este contexto es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos y ha instado al Congreso a derogarla. Además, se argumenta que no existe una guerra declarada contra Venezuela, lo que cuestiona la legalidad de su uso en este caso.

Casos de deportaciones erróneas

El caso de Daniel Lozano-Camargo, un migrante venezolano de 20 años, ha generado indignación. Fue deportado por error a El Salvador a pesar de estar protegido legalmente por un acuerdo judicial de 2024 que impedía su expulsión mientras su solicitud de asilo estuviera pendiente. Fue arrestado y trasladado junto con otros migrantes a una megacárcel en El Salvador, acusado sin pruebas sólidas de pertenecer a bandas terroristas. Una jueza federal ordenó su regreso, señalando que se violaron sus derechos al debido proceso, pero la administración se ha negado a facilitar su retorno.

Decisión pendiente del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha emitido una suspensión provisional de las deportaciones basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros, afectando particularmente a los detenidos en el centro de detención de Bluebonnet. La Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU) presentó recursos legales argumentando que el gobierno está actuando sin notificación ni proceso legal adecuado. La decisión final del Tribunal Supremo determinará si la administración Trump puede continuar utilizando esta ley para deportaciones masivas.

Impacto en la política migratoria

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Trump ha adoptado medidas migratorias drásticas con el objetivo de deportar un millón de personas en un año, inspirándose en el enfoque autoritario del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Estas políticas han desencadenado numerosas detenciones arbitrarias que afectan incluso a ciudadanos estadounidenses, menores enfermos o refugiados protegidos. Observadores como Human Rights Watch advierten de los graves riesgos para los derechos humanos.

Reacciones internacionales

La comunidad internacional ha expresado su preocupación por estas medidas. Organizaciones como Amnistía Internacional y Cristosal alertan sobre el avance de prácticas autoritarias y el peligro de erosión institucional si se continúa priorizando cuotas sobre el respeto al debido proceso y los derechos fundamentales.

Conclusión

La solicitud de la administración Trump al Tribunal Supremo para reanudar las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros ha generado un intenso debate sobre la legalidad y moralidad de utilizar una legislación de tiempos de guerra en el contexto actual. La decisión del Tribunal Supremo será crucial para determinar el rumbo de la política migratoria en Estados Unidos.

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