La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE, por sus siglas en inglés), que requiere que los ciudadanos presenten prueba de su ciudadanía al registrarse para votar en las elecciones federales. Esta iniciativa, respaldada por el presidente Donald Trump, busca reforzar la integridad electoral, aunque expertos señalan que el voto de personas no ciudadanas es extremadamente raro.
La Ley SAVE: Un paso hacia la verificación de ciudadanía
La Ley SAVE fue aprobada por la Cámara Baja con una votación de 216 a 214, con el apoyo de la mayoría republicana y la oposición de dos de sus miembros, Thomas Massie y Victoria Spartz, además de los demócratas. Esta legislación exige que todos los nuevos registros de votantes presenten documentos que certifiquen la ciudadanía estadounidense, como pasaportes, identificaciones oficiales o certificados de nacimiento. Aunque la medida avanza al Senado, su futuro es incierto debido a la necesidad de una mayoría de 60 votos para superar un posible bloqueo por parte de los demócratas.
Fotografía de archivo del interior del Congreso de Estados Unidos, en Washington (EE.UU.). EFE/EPA/Jim Lo Scalzo
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El debate sobre la necesidad de la ley
La implementación de la Ley SAVE ha generado un intenso debate. Los republicanos argumentan que esta medida es esencial para prevenir el voto ilegal de personas no ciudadanas y para reforzar la confianza en el sistema electoral. Por otro lado, los demócratas y defensores de los derechos civiles advierten que la ley podría excluir a millones de ciudadanos estadounidenses que carecen de los documentos requeridos, afectando especialmente a comunidades de bajos ingresos, personas mayores y minorías. Un estudio del Brennan Center for Justice estima que el 9% de los ciudadanos en edad de votar, es decir, 21.3 millones de personas, no tienen acceso inmediato a pruebas de ciudadanía.
La realidad del voto no ciudadano en EE.UU.
Diversas investigaciones han demostrado que el voto de personas no ciudadanas es extremadamente infrecuente. Por ejemplo, una auditoría en Georgia reveló que en 25 años no se emitió ni un solo voto por parte de personas no ciudadanas. Asimismo, un análisis de 23.5 millones de votos en las elecciones de 2016 identificó solo 30 casos sospechosos de personas no ciudadanas votando, lo que representa el 0.0001% de los votos emitidos.
Fotografía de archivo del presidente de EE.UU., Donald Trump. EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo
Impacto potencial de la Ley SAVE en la participación electoral
La exigencia de presentar prueba de ciudadanía podría tener efectos adversos en la participación electoral. Se teme que ciudadanos legítimos, especialmente aquellos que han cambiado de nombre debido a matrimonio o divorcio, o que han perdido documentos en desastres naturales, no puedan cumplir con los nuevos requisitos y, por ende, se vean privados de su derecho al voto. Además, algunos estados han implementado auditorías de registros de votantes que han generado confusión y preocupación entre los nuevos ciudadanos naturalizados, afectando su confianza en el sistema electoral.
La respuesta del Senado y el futuro de la ley
Aunque la Ley SAVE ha sido aprobada en la Cámara de Representantes, su futuro en el Senado es incierto. Los republicanos, que tienen una mayoría de 53 escaños frente a 47 demócratas, necesitarían obtener al menos 60 votos para superar un posible filibusterismo y aprobar la ley. Dada la división política y las diferencias de opinión sobre la necesidad y el impacto de la ley, es posible que no se logre alcanzar el umbral necesario para su aprobación.
