La deportación errónea de Kilmar García, un salvadoreño que vivía legalmente en Maryland y estaba protegido por una orden judicial, ha provocado una tormenta política en Washington y una tensa relación con el gobierno de Nayib Bukele. Abrego García, padre de tres hijos y esposo de una ciudadana estadounidense, fue deportado en marzo de 2025 por orden de la administración Trump, a pesar de que la ley impedía su expulsión.
Durante su visita a la Casa Blanca, Bukele fue consultado por periodistas sobre la posibilidad de permitir el regreso de Kilmar García a Estados Unidos. Su respuesta fue tajante: “Por supuesto que no voy a hacerlo”. Con ello, cerró toda posibilidad diplomática inmediata para corregir lo que activistas, abogados y legisladores han calificado como una violación de derechos humanos y un abuso de poder.
Congresistas exigen revertir la deportación errónea de Kilmar Abrego García
En respuesta, el senador demócrata Chris Van Hollen, representante del estado de Maryland, envió una carta al embajador de El Salvador en Washington pidiendo una reunión urgente con Bukele. Van Hollen ha liderado los reclamos en el Congreso, recordando que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó a la administración Trump facilitar el retorno del salvadoreño, algo que hasta ahora ha sido ignorado.
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“Kilmar Abrego García nunca debió haber sido deportado. Los tribunales han sido claros: el gobierno debe traerlo de vuelta”, expresó el senador en un comunicado. También anunció que, de no lograrse avances, viajará esta misma semana a El Salvador para verificar el estado de Kilmar García y exigir su liberación.
El caso ha movilizado a otros legisladores demócratas como Maxwell Frost y Yassamin Ansari, quienes ofrecieron sumarse a la delegación que viajará a El Salvador. “Debemos actuar ante el secuestro y detención ilegal de Kilmar García. No podemos quedarnos de brazos cruzados”, señaló Frost en la red social X.
Jennifer Vásquez, la esposa de Kilmer Ábrego García, el migrante salvadoreño enviado por error a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador. EFE/ Lenin Nolly
Abrego García permanece detenido en el Cecot, la cárcel más polémica de El Salvador
La deportación errónea de Kilmar García culminó con su reclusión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel con capacidad para 40.000 presos, construida por el gobierno de Bukele y duramente criticada por organizaciones de derechos humanos. Junto a él fueron enviados otros 23 salvadoreños y 238 venezolanos, bajo la sospecha de estar vinculados a bandas criminales.
La administración Trump justificó estas deportaciones amparándose en la Ley de enemigos extranjeros de 1798, una norma que solo ha sido utilizada tres veces en la historia y siempre en contextos de guerra. Según argumentaron, los deportados tenían conexiones con el Tren de Aragua y la pandilla MS-13. Sin embargo, investigaciones periodísticas y judiciales han desmentido esos vínculos en muchos casos, incluido el de Abrego García.
Sus abogados han señalado que este nunca tuvo antecedentes penales ni relación alguna con pandillas. De hecho, desde 2019 estaba protegido por una orden judicial que impedía su deportación, por el riesgo de ser perseguido si regresaba a El Salvador.
El congresista por California, el demócrata Juan Vargas (d), y una simpatizante (i), sostienen carteles junto a Jennifer Vásquez (c), la esposa de Kilmer Ábrego García. EFE/ Lenin Nolly
Estados Unidos no actúa pese a orden judicial que revierte la deportación errónea de Kilmar García
A pesar del fallo del Tribunal Supremo, la Casa Blanca ha optado por ignorar la orden. El argumento de la administración Trump es que el error ya está consumado y que, al encontrarse bajo la jurisdicción salvadoreña, Estados Unidos no tiene cómo forzar su retorno.
El juez federal de Maryland que lleva el caso, Paula Xinis, ha sido especialmente crítica con el gobierno. Durante una audiencia, advirtió que podrían aplicarse sanciones si no se cumplía el mandato judicial. “No puede haber excusas. No se trata de una cuestión diplomática, sino de una obligación legal”, afirmó.
Mientras tanto, la familia de Abrego García en Estados Unidos vive una angustia permanente. Su esposa, Jennifer Vásquez, ha pedido públicamente al presidente Biden y al Congreso que actúen. “Nos lo arrebataron sin razón. Es un padre, un esposo, un trabajador. No es ningún criminal”, declaró en medios nacionales.
