Una declaración de la jueza Patricia Millett, del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito de Washington D.C., ha sacudido el debate migratorio en Estados Unidos. Durante una audiencia el lunes, Millett afirmó que los venezolanos deportados a El Salvador este mes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 recibieron un trato peor que el otorgado a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
La magistrada cuestionó el uso de esta legislación por parte de la administración Trump para expulsar a 238 presuntos pandilleros venezolanos sin darles oportunidad de defenderse, un proceso que ha generado controversia desde su ejecución el 15 de marzo. El caso, que involucra el traslado de estos migrantes a una megaprisión salvadoreña, sigue bajo escrutinio judicial mientras el gobierno busca revertir un bloqueo temporal a las deportaciones.
El incidente comenzó cuando el presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de finales del siglo XVIII, para justificar la expulsión acelerada de los venezolanos deportados, acusándolos de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. Según un comunicado de la Casa Blanca del 14 de marzo, esta medida responde a una supuesta “guerra irregular” liderada por la organización contra EE.UU.
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Sin embargo, la jueza Millett señaló que incluso los ciudadanos alemanes deportados como nazis en la década de 1940 tuvieron acceso a audiencias judiciales, un derecho negado a los migrantes enviados a El Salvador. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ejecutó la operación en dos vuelos que partieron el sábado 15, horas después de que el juez federal James Boasberg ordenara suspender las deportaciones por 14 días.
Venezolanos deportados: sin proceso ni notificación
La audiencia del lunes en el Tribunal de Apelaciones marcó un enfrentamiento entre el gobierno y el sistema judicial. Millett expresó que los venezolanos deportados fueron subidos a aviones “sin saber a dónde iban” y sin posibilidad de presentar recursos legales como el hábeas corpus. “No se les notificó qué habían hecho mal”, afirmó la jueza, nombrada por el expresidente Barack Obama, durante el intercambio con el abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign.
Este defendió la acción, argumentando que la orden de Boasberg representa una “intrusión sin precedentes” en los poderes presidenciales sobre política exterior y seguridad nacional. Ensign también rechazó la comparación con los nazis, insistiendo en que algunos deportados sí tuvieron acceso a audiencias limitadas, aunque no especificó cuántos ni en qué condiciones.
El juez Boasberg, por su parte, mantiene su postura. En un fallo de 37 páginas emitido el 15 de marzo, destacó que los venezolanos deportados debían tener la oportunidad de impugnar individualmente su supuesta afiliación al Tren de Aragua antes de ser expulsados.
El Departamento de Justicia, bajo presión del juez, enfrenta un plazo hasta el 26 de marzo para revelar la hora exacta del despegue de los vuelos, un dato clave para determinar si la administración violó la orden judicial. La Casa Blanca sostiene que los aviones ya estaban en espacio aéreo internacional cuando se emitió el mandato, una afirmación que aún no ha sido verificada por el tribunal.
Venezolanos deportados: opiniones y reacciones
El destino de los venezolanos deportados ha puesto los reflectores sobre el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, donde fueron trasladados el 16 de marzo. La prisión, conocida por su capacidad para albergar a 40,000 reclusos, ha sido promocionada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele como un modelo de seguridad. Sin embargo, la falta de transparencia en el proceso ha generado críticas.
El gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, emitió un comunicado el 17 de marzo rechazando las deportaciones y calificando la Ley de 1798 como “anacrónica” y violatoria de los derechos humanos. Maduro exigió que se investiguen los casos individualmente, negando vínculos masivos con el Tren de Aragua.
Mientras tanto, en EE.UU., el enfrentamiento entre poderes continúa. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, reprendió públicamente a Trump el 22 de marzo tras sus ataques al juez Boasberg, a quien llamó un “desastre constitucional”.
La fiscal general Pam Bondi, en una declaración el domingo, defendió las deportaciones como parte de una “guerra moderna” contra el crimen transnacional, prometiendo proteger a los ciudadanos estadounidenses. Con el fallo del Tribunal de Apelaciones pendiente, el caso de los venezolanos deportados sigue siendo un punto de inflexión en la política migratoria de Trump, mientras familias de los afectados en EE.UU. buscan respuestas sobre su paradero y condiciones en El Salvador.
