En una sorpresiva y significativa decisión legal, jueces de EE.UU. en los estados de Texas y Nueva York emitieron órdenes para bloquear la deportación inmediata de cinco ciudadanos venezolanos, todos ellos bajo la controvertida aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa del siglo XVIII que no había sido utilizada desde la Segunda Guerra Mundial. Esta ley, activada por la administración del expresidente Donald Trump, fue invocada para justificar la deportación sumaria de personas supuestamente vinculadas al grupo criminal conocido como el Tren de Aragua.
Los casos fueron abordados por el juez federal Fernando Rodríguez Jr., en Texas, y el juez Alvin K. Hellerstein, en Nueva York. Ambos magistrados firmaron o anunciaron su intención de firmar órdenes de restricción temporal que suspenden las expulsiones mientras los procedimientos judiciales siguen su curso. Esta acción se enmarca en una batalla más amplia por el respeto al debido proceso migratorio y los derechos humanos, desafiando una de las medidas más agresivas en la política migratoria reciente de Estados Unidos.
Jueces de EE.UU. actúan ante denuncias de detenciones arbitrarias y perfilamiento
La actuación de los jueces de EE.UU. se produjo luego de una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que denunció graves irregularidades en la manera en que se identificó a los venezolanos como presuntos miembros del Tren de Aragua. Según la organización, las detenciones se basaron en criterios cuestionables como tatuajes, símbolos, grafitis o forma de vestir, contenidos en lo que ICE denominó la “Guía de Validación de Enemigos Extranjeros”.
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Entre los detenidos, se encuentran hombres con historias profundamente distintas a las acusaciones que enfrentan. Uno de ellos, J.A.V., es VIH positivo y teme por su vida si es deportado a Venezuela, país donde ha sido víctima de persecución por su orientación sexual y por ser seropositivo. Otro, W.G.H., había solicitado asilo tras ser amenazado por múltiples grupos criminales, incluido el mismo Tren de Aragua. A J.G.G., por su parte, se le atribuyó una supuesta afiliación delictiva solo por tener tatuajes artísticos, incluyendo un ojo y una calavera que cubren un diseño anterior.
Varias personas llegan deportadas desde Estados Unidos, en una fotografía de archivo. EFE/ Esteban Biba
La ACLU sostiene que los procesos han carecido del debido proceso legal. Muchos de los detenidos ni siquiera han tenido una audiencia completa ante un juez de inmigración y, en algunos casos, fueron trasladados a centros de detención sin previo aviso, violando normativas establecidas. Para la organización, esto representa un uso abusivo y discriminatorio de una ley obsoleta con raíces en conflictos bélicos que nada tienen que ver con la situación migratoria actual.
Jueces de EE.UU. permiten la defensa legal de los venezolanos detenidos
La importancia de la decisión tomada por los jueces de EE.UU. va más allá del caso puntual de los cinco venezolanos: sienta un precedente sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria, y, sobre todo, sobre la vigencia de los derechos fundamentales, incluso para quienes enfrentan acusaciones graves.
La Corte Suprema de EE.UU., en una decisión previa esta misma semana, había permitido el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, pero aclarando que los migrantes afectados debían tener la posibilidad de impugnar sus deportaciones en tribunales. En esa línea, las decisiones de Rodríguez Jr. y Hellerstein representan el primer paso concreto para garantizar ese derecho.
El juez Rodríguez Jr., en su resolución, fue claro: impedir la expulsión inmediata evita “un daño irreparable” y permite a los acusados presentar sus casos ante la justicia, incluyendo solicitudes de asilo o apelaciones basadas en razones humanitarias. La orden, además, prohíbe al gobierno trasladar a los detenidos sin orden judicial previa, lo que evita maniobras de deportación exprés como las que se documentaron en semanas anteriores, cuando más de 200 venezolanos fueron enviados a una prisión en El Salvador, sin acceso a abogados ni notificación previa.
Vista de un avión de Estados Unidos que transportó a personas deportadas, en una fotografía de archivo. EFE/Mariano Macz
En Nueva York, el juez Hellerstein ha fijado una audiencia para el 22 de abril con el fin de evaluar si la orden temporal puede transformarse en una medida judicial preliminar más extensa, que permita a los dos venezolanos detenidos en el estado permanecer en el país hasta que se resuelvan sus demandas.
¿Qué implica la respuesta de los jueces de EE.UU. para otros migrantes?
Aunque los cinco venezolanos involucrados son los rostros visibles del caso, la ACLU y otras organizaciones esperan que la decisión de los jueces de EE.UU. tenga un impacto mucho más amplio. La demanda busca ser certificada como acción colectiva, lo que beneficiaría a otros migrantes detenidos bajo el mismo pretexto legal. De concretarse, esta medida podría limitar drásticamente el alcance del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del gobierno federal.
El activismo legal que ha rodeado este caso también ha generado una ola de presión sobre el Congreso y la administración actual para revisar o derogar la Ley de Enemigos Extranjeros, cuya constitucionalidad aún no ha sido decidida por los tribunales. La norma fue creada en 1798, en un contexto de enfrentamiento entre Estados Unidos y Francia, y utilizada únicamente en tres momentos históricos: la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Su uso ahora, en tiempos de paz y contra ciudadanos de un país con el que no existe conflicto bélico, ha sido ampliamente criticado por juristas y defensores de derechos humanos.
Por otra parte, organizaciones médicas han levantado alertas sobre el estado de salud de los detenidos, especialmente aquellos con condiciones crónicas como VIH, para quienes la deportación a países con sistemas de salud precarios puede equivaler a una sentencia de muerte. Uno de los defensores legales del caso señaló que “la justicia no solo debe respetar el debido proceso, sino también el principio de humanidad en el trato a personas vulnerables”.
