¿ICE se convertirá en la policía más poderosa del país?
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está a punto de convertirse en la agencia de seguridad más grande de Estados Unidos tras la aprobación de la “One Big Beautiful Bill” firmada por el presidente Donald Trump el 4 de julio de 2025. Con un presupuesto de $75,000 millones hasta 2029, ICE superará en fondos a todas las demás agencias federales de aplicación de la ley combinadas, incluyendo el FBI y la DEA. Este aumento, que incluye $45,000 millones para centros de detención y $29,850 millones para operativos, permitirá a ICE alcanzar 1 millón de deportaciones anuales, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), generando críticas por posibles violaciones a los derechos humanos.
Un presupuesto sin precedentes
La ley asigna a ICE $75,000 millones, un incremento del 265% respecto a su presupuesto actual de $10,400 millones para 2025, según el American Immigration Council. Esto permitirá expandir la capacidad de detención de 56,000 a 116,000 camas, superando al sistema federal de prisiones. Además, se contratarán 10,000 nuevos agentes de ICE, elevando el total a 30,000, y 3,000 elementos de la Patrulla Fronteriza, según el DHS. El presupuesto de ICE ahora rivaliza con los gastos militares de países como Italia o Israel, según un análisis del Instituto Cato, consolidándola como la mayor fuerza policial doméstica en la historia de EE.UU.
Impacto en las comunidades migrantes
La escalada de fondos ha generado alarma entre organizaciones defensoras de migrantes. En 2025, ICE ha detenido a 59,000 personas, pero solo el 40% tiene condenas penales, y apenas el 8.4% por delitos violentos, según datos de la CBS. Casos como el de Adrian Martínez, ciudadano estadounidense arrestado en Los Ángeles por error, han avivado acusaciones de perfilamiento racial. “Esto no es justicia, es una cacería humana”, afirmó Clarissa Martínez de UnidosUS. Las 11 muertes de migrantes bajo custodia de ICE este año, comparadas con 12 en todo 2024, han intensificado las críticas sobre las condiciones en centros como el de Dilley, Texas, operado por CoreCivic.
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Refuerzo en la frontera
El presupuesto total para inmigración asciende a $170,000 millones, incluyendo $46,600 millones para completar el muro fronterizo con México, tres veces más que lo gastado entre 2017 y 2021. Además, $5,000 millones se destinarán a modernizar instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y $3,200 millones a tecnología de vigilancia, según el DHS. La secretaria Kristi Noem defendió la necesidad de estas inversiones, señalando que la infraestructura tecnológica del muro, como cámaras y sensores, sigue incompleta. Sin embargo, Trump afirmó el 8 de julio que los cruces fronterizos cayeron a “cero” en mayo, sugiriendo que parte del presupuesto podría redirigirse.
Críticas y resistencia
Organizaciones como el Center for American Progress y America’s Voice han calificado el aumento como “indignante” y un “avance del autoritarismo”. Neera Tanden, presidenta del CAP, señaló que las redadas de ICE, que han arrestado a 1,500 personas diariamente en ciudades como Los Ángeles y Nueva York, aterrorizan comunidades. En San Francisco, un enfrentamiento el 8 de julio dejó 10 activistas heridos. La ACLU planea demandas legales, argumentando que las detenciones masivas violan el debido proceso. Mientras, protestas como las del 17 de julio, inspiradas en John Lewis, esperan reunir a 50,000 personas en 20 ciudades para exigir reformas migratorias.
Implicaciones a largo plazo
El presupuesto no solo amplía la capacidad de ICE, sino que también fortalece acuerdos con gobiernos locales y empresas privadas como Geo Group, cuyas acciones subieron 73% desde la elección de Trump. La legislación impone nuevas tarifas, como $1,000 para solicitudes de asilo, afectando a los migrantes más vulnerables. Analistas como Aaron Reichlin-Melnick advierten que este “superpoder” de ICE podría ser difícil de revertir para futuras administraciones, transformando el sistema migratorio en uno más punitivo. Mientras, el DHS insiste en que los fondos priorizan la seguridad pública, pero la falta de supervisión en centros de detención, denunciada por el Brennan Center, plantea serios riesgos humanitarios.