ICE intenta vincular a la Universidad de Columbia con “extranjeros indeseables”
Documentos judiciales desclasificados revelan que agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevaron a cabo una operación encubierta para establecer que la Universidad de Columbia estaba protegiendo ilegalmente a estudiantes extranjeros. La investigación incluyó vigilancia de residencias, solicitudes de videos de seguridad, revisión de registros y entrevistas con vecinos, todo para vincular a la prestigiosa institución académica con supuestas violaciones migratorias.
Los agentes realizaron búsquedas físicas e intentaron recopilar evidencia como registros de acceso, correos electrónicos y contratos de vivienda estudiantil. Una declaración jurada presentada para solicitar órdenes de registro indica que los investigadores se enfocaron en dos estudiantes, Ranjani Srinivasan y Yunseo Chung, como piezas clave en su argumento legal contra Columbia.
Declaraciones desde el Departamento de Justicia y la Casa Blanca
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El 14 de marzo, el fiscal general adjunto Todd Blanche habló públicamente sobre la investigación durante un evento del Departamento de Justicia en presencia del expresidente Donald Trump. Blanche aseguró que Columbia estaba siendo investigada por presuntamente “albergar y ocultar a extranjeros indocumentados” y mencionó posibles violaciones a las leyes de derechos civiles y terrorismo. Fue la primera vez que la universidad fue mencionada directamente como objetivo de una operación federal bajo la administración Trump.
Ese mismo mes, ICE detuvo a Mahmoud Khalil, residente legal permanente y graduado de Columbia, frente a su esposa embarazada en una propiedad vinculada a la universidad. El arresto fue presentado como parte de la ofensiva contra presuntos abusos migratorios en entornos académicos.
Quiénes eran las estudiantes vigiladas por ICE
Los documentos apuntan a dos estudiantes específicas. Ranjani Srinivasan, ciudadana india candidata a doctorado en arquitectura, estaba en Estados Unidos con visa de estudiante. Yunseo Chung, por su parte, es residente permanente de origen surcoreano, radicada en EE.UU. desde los siete años.
Srinivasan relató que su visa fue cancelada sin explicación días antes de que agentes tocaran su puerta. Al no presentar orden judicial, su compañera de cuarto —ciudadana estadounidense— se negó a dejarlos entrar. Según la declaración jurada, los agentes notaron un “acento indio” en la voz de quien respondió, algo que usaron como “indicio de causa probable” para solicitar una orden posterior.
En el caso de Chung, el Gobierno actuó días después de que la joven fuera arrestada durante una protesta estudiantil. Aunque los cargos fueron desestimados, el Departamento de Seguridad Nacional la reportó al secretario de Estado, Marco Rubio, quien la designó como amenaza a la seguridad nacional, de acuerdo con un memorando sin fecha.
Allanamientos, presiones y un caso aún abierto
El 13 de marzo, un juez federal autorizó el ingreso de agentes a las residencias estudiantiles. Esa noche, los federales ingresaron al apartamento de Srinivasan y también al de Chung, aunque no se llevaron pertenencias ni presentaron cargos. Un video grabado por la compañera de cuarto de Srinivasan muestra a agentes enmascarados registrando el lugar en busca de electrónicos y documentos vinculados a la estudiante.
Srinivasan había abandonado EE.UU. dos días antes rumbo a Canadá, luego de enterarse de la cancelación de su visa. Pese a su salida voluntaria, las autoridades insistieron en que Columbia “conspiró para ocultarla” de la detención.
Chung, en cambio, permanece en EE.UU. y lucha contra su deportación. Un juez ha bloqueado temporalmente su arresto y su próxima audiencia está programada para el 29 de mayo.
Columbia, bajo presión judicial por presunta colaboración
CNN confirmó que el Gobierno ha emitido múltiples citaciones judiciales a Columbia. La universidad ha pedido a estudiantes y personal conservar documentos como parte de la investigación. Según un funcionario cercano a la institución, “Columbia cumplió cuando la ley lo exigía”.
Nathan Yaffe, abogado vinculado al caso, cuestionó la lógica del Gobierno: “Es incoherente terminar el estatus de estudiante de alguien y, 72 horas después, usar eso para acusar a la universidad de albergarla. Es absurdo”.
El caso continúa abierto, con implicaciones legales no solo para las estudiantes sino también para las políticas universitarias de acogida de estudiantes internacionales en EE.UU.