La Administración de Donald Trump se vio envuelta en una inesperada reversión de su postura en el caso de Henrry Josué Villatoro Santos, un presunto líder de la pandilla MS-13, cuya detención en marzo fue ampliamente celebrada como una victoria en la lucha contra las organizaciones criminales extranjeras. Sin embargo, tan solo dos semanas después de su arresto, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha decidido archivar la causa en su contra, lo que ha desatado un intenso debate sobre la legalidad y los procedimientos que rodean tanto su detención como su posible deportación.
La detención que sacudió a la administración Trump
A finales de marzo, la noticia de la detención de Villatoro Santos, un hombre que supuestamente formaba parte de la cúpula de la violenta MS-13 en la costa Este de Estados Unidos, fue anunciada con gran bombo y platillo por el Gobierno. En una rueda de prensa, participaron figuras de alto perfil como la fiscal general de Florida, Pam Bondi, el director del FBI, Kash Patel, y el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin. Todos ellos aplaudieron lo que se presentó como una gran victoria en la batalla contra las pandillas. Villatoro, según las autoridades, había estado viviendo ilegalmente en el país y fue arrestado bajo la acusación de posesión ilegal de armas.
Sin embargo, los fiscales nunca ofrecieron pruebas claras que vincularan a Villatoro con actividades criminales más allá de las armas encontradas en su domicilio y algunos «indicios» de asociación con la MS-13, lo que ha generado dudas sobre la solidez de la acusación. A pesar de estas interrogantes, el Gobierno de Trump no dudó en calificarlo como un «terrorista» y anunciar su deportación inmediata, una medida que parecía ser parte de su estrategia de endurecimiento contra los inmigrantes y las pandillas.
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Foto: EFE
El giro inesperado: archivo de la causa y controversia sobre el proceso
El giro más sorprendente llegó esta semana, cuando el Departamento de Justicia solicitó el archivo de la causa. En un comunicado oficial, los fiscales señalaron que ya no deseaban continuar con la acusación contra Villatoro, aunque no detallaron los motivos detrás de esta decisión. Este cambio de rumbo ha sido particularmente polémico, ya que la detención de Villatoro había sido utilizada para reforzar la narrativa del Gobierno de que las pandillas como la MS-13 son una amenaza existencial para la seguridad nacional de EE. UU.
El abogado de Villatoro, por su parte, ha argumentado que el archivo del caso no debe proceder de inmediato, ya que existe un alto riesgo de que su cliente sea deportado sin las debidas garantías procesales. Según el defensor, las declaraciones públicas de altos funcionarios, que lo han señalado como uno de los líderes más importantes de la MS-13, han generado un clima de presión que podría resultar en una expulsión ilegal a El Salvador. En este país, sostiene el abogado, Villatoro sería enviado a una prisión de alta seguridad sin poder impugnar su deportación o las condiciones de su encarcelamiento.
Vista exterior del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en una fotografía de archivo. EFE/Jim Lo Scalzo
La controversia sobre la deportación y las garantías procesales
El principal argumento del abogado defensor se centra en la posibilidad de que Villatoro sea deportado de manera rápida y sin que se le otorguen los derechos procesales adecuados. De ser deportado a El Salvador, su destino podría ser una de las prisiones más violentas y peligrosas del mundo, lo que ha generado preocupaciones entre grupos de derechos humanos que siguen de cerca el caso. En El Salvador, el sistema penitenciario es conocido por estar plagado de violaciones de derechos humanos y condiciones inhumanas de detención.
Este es un punto crucial, ya que el Gobierno de Trump ha recurrido a la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de guerra del siglo XVIII, para justificar la deportación de miembros de pandillas como la MS-13. A través de esta ley, la Administración ha logrado enviar a varios presuntos pandilleros a El Salvador, donde se enfrentan a condiciones extremadamente duras de encarcelamiento. Sin embargo, algunos de estos deportados han apelado, argumentando que fueron enviados sin un debido proceso, y en algunos casos, se ha reconocido que la deportación fue realizada «por error».
